Las relaciones bilaterales entre Colombia y Venezuela cuentan con  una historia de desencuentros desde el año 2004 hasta la actualidad. Las presuntas conexiones del presidente Hugo Chávez con las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) en territorio venezolano, y los estrechos lazos del mandatario colombiano, Álvaro Uribe, con la casa blanca, han sido las principales razones que desembocaron en este conflicto.

 

Fue en el año 2004, luego de que  el gobierno colombiano logre capturar a Rodrigo Granda, canciller de las FARC, cuando Hugo Chávez decidió romper los lazos comerciales sosteniendo que Granda había sido secuestrado en la capital de la capital de Venezuela, Caracas, lo que significaba una violación a la soberanía de su país. El gobierno de Brasil intentó mediar la situación; sin embargo, nunca se comprobó dónde se habían cometido los hechos, y Granda terminó siendo liberado por petición del presidente francés, Nicolás Sarkozy, como parte de la estrategia que buscaba dar con la liberación de Ingrid Betancourt.

En el 2007, las asperezas aumentaron luego de que Uribe suspenda la mediación que realizaba Chávez para la liberación de los secuestrados por las FARC. La respuesta de Chávez fue simple y concisa: mientras Uribe sea presidente no tendría ninguna relación ni con él, ni con su gobierno. Al año siguiente, el ejército colombiano realiza una incursión en territorio ecuatoriano y mata a Raúl Reyes, uno de los máximos jefes de las FARC; acto seguido, Venezuela ordena el retiro de su personal diplomático en Colombia en protesta por la incursión militar en territorio ecuatoriano y ordena una serie de movilizaciones de batallones hacia la frontera de 2.900 km que comparten Venezuela y Colombia. Poco tiempo después, a raíz de una serie de acuerdos, es que Colombia negocia con Washington permitirle usar bases militares localizadas en su territorio. Como respuesta Chávez ordena el retiro de su embajador en Bogotá y congela las relaciones diplomáticas y comerciales. Entre tanto, Uribe decide recurrir a la OEA (Organización de Estados Americanos) ante la escalada de amenazas bélicas por parte de Venezuela. En este marco es que el secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, pide a ambos países mantener la máxima prudencia.

El último 22 de julio, luego de sistemáticos encontronazos, y en vísperas de la asunción de Juan Manuel Santos es que una nueva denuncia presentada por el gobierno Colombiano en una sesión extraordinaria de la OEA aparece para deteriorar aún más las relaciones entre los países vecinos. Las pruebas fueron imágenes satelitales que precisaban las coordinadas de 1500 guerrilleros de las FARC en territorio venezolano. Básicamente, el pedido del gobierno colombiano exigía la creación de una comisión internacional que verifique la acusación en un plazo de 30 días. La respuesta de la máxima figura del Poder Ejecutivo de Venezuela fue inmediata: rechazó las pruebas que presentó el presidente Uribe y, nuevamente, decidió romper relaciones diplomáticas, a la vez que ordenó el alerta máxima en la frontera común para enfrentar una eventual agresión que intente violar la soberanía nacional, tal como sucedió en el 2007 en territorio ecuatoriano. Los días posteriores a la denuncia estuvieron colmados  de declaraciones por parte del presidente Hugo Chávez, que insistía en la alta probabilidad de un ataque colombiano, impulsado por los Estados Unidos.

El Secretario General de la OEA, José Miguel Insulza,  declaró que no iba a intervenir en el conflicto a menos que ambos países lo soliciten, ya que al ser una cuestión bilateral, son ellos los que deben resolver la controversia. Teniendo en cuenta el rol que ha tenido la OEA históricamente en torno a la resolución de conflictos, son más que previsibles las declaraciones del Secretario de esta Organización Internacional que se encuentra desgastada en sus funciones, e ineficiente en sus actos; quizás el ejemplo más claro y cercano sea el caso Honduras.

Mientras tanto, el último jueves 29, en el marco de una sesión extraordinaria de la UNASUR, los cancilleres de los países miembros (Bolivia, Colombia, Perú y Ecuador) y asociados (Chile, Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay) se reunieron con el fin de llegar a un documento de consenso; si bien esto no fue posible, la intención es realizar una cumbre para avanzar en la solución de esta problemática. Simultáneamente, el presidente Lula da Silva, y la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, han estado mediando en el conflicto con el fin de calmar los ánimos.

Los últimos hechos ocurren a sólo 2 semanas de la asunción de Juan Manuel Santos como presidente de Colombia. Recordemos que Santos fue Ministro de Defensa durante el gobierno de Uribe desde julio de 2006 hasta mayo de 2009, y el candidato oficialista en las últimas elecciones. Para sorpresa de muchos, en sus declaraciones sostuvo que uno de los principales desafíos de su gobierno sería el de normalizar la áspera relación con el gobierno venezolano. El dato curioso parte del hecho de que Uribe decide presentar estas pruebas de gran exactitud (precisión jamás lograda en territorio propio) pocas semanas antes de finalizar su mandato, sabiendo que el presidente entrante ha demostrado intenciones de diálogo. Por otra parte,  algunos han interpretado la denuncia contra Venezuela como una cortina de humo para ocultar las últimas acusaciones sobre la presunta responsabilidad de Álvaro Uribe en el espionaje por parte del Servicio Secreto Colombiano a magistrados, políticos y periodistas.

La política exterior entre Colombia y Venezuela debe ser interpretada desde el punto de vista de que cada una de las partes pretende que la otra cambie su postura. El gobierno de Colombia es concebido como un gobierno plegado a los intereses imperialistas de los Estados Unidos; mientras que el gobierno Venezolano, es percibido como autoritario, populista y expansionista. Teniendo en cuenta esto, pretender que los problemas entre ambos países se resuelvan por intervención de organismos internacionales o la mediación de otros países de la región, no alcanza al fondo del asunto. Claro está, que en este caso puntual de las acusaciones realizadas por el gobierno de Uribe sobre la existencia de células de la FARC operando en territorio venezolano, debe existir un organismo especializado competente para comprobar la veracidad de las pruebas. Sin embargo, tampoco ha sido posible encontrar una vía de solución a las diferencias existentes producto de las dos posiciones contrapuestas de cada uno de los gobiernos; nunca se han creado instituciones binacionales que permitan la creación de acuerdos. El desafío estará en la capacidad del futuro gobierno de Colombia, junto con el de Venezuela,  en saber encontrar aquellos puntos en común  que comparte los dos países más allá de la existencia de dos proyectos políticos contrapuestos■


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