Los griegos tienen una frase para todo. Uno de ellos dijo hace 2500 años: “Hay que defender la ley como se defienden los muros de la ciudad”. En una edad donde las leyes eran una novedad y aún había quienes recordaban un mundo de despotismo sin crítica, el llamamiento se volvía vital. La ley debe ser defendida como se defiende el lugar donde se vive, porque la ley es el fruto de un acuerdo que uno ha prestado por el simple hecho de estar viviendo en comunidad con otros. No era, ni es, ni será tan sencillo como esto. El pensador omitía el carácter clasista de las leyes, sus devenires históricos, el uso discrecional que muchas de ellas adquieren con el tiempo. Pero su inocencia puede ser disculpada por su momento histórico. Lo que no podemos es disculparnos a nosotros mismos cuando contemplamos la vulneración cotidiana de la ley, como si esta no nos incumbiera en absoluto, como si fuera un problema de otros, en otro lugar o en otra sintonía política. Porque no sólo está quien vulnera la ley desde el crimen liso y llano, sino también ciudadanos no criminales que llaman a desoírla, o custodios de las instituciones que imprudentemente siembran vientos olvidando lo tormentosa que puede volverse la cosecha.


En las últimas dos semanas se han dado 3 casos ejemplificadores, por diversos motivos, de la necesidad de defender la ley como se defiende lo propio. El caso más urgente es el de Ecuador. Un presidente democráticamente elegido, con altos índices de aceptación, con una política pro activa contra la concentración económica, fue víctima de un intento desestabilizador que derivó en un intento de golpe de Estado y posible magnicidio. Ningún descontento sectorial puede arrogarse, bajo ningún punto de vista, el derecho de levantarse en armas contra un gobierno constitucionalmente establecido. Ninguno. Seguramente, el presidente Correa es un personaje a cuestionar, como lo es cualquier mandatario de cualquier país del mundo y de cualquier tendencia ideológica, pero no se lo  puede obligar a cambiar el rumbo de sus políticas sin la generación previa de consensos, y mucho menos por la vía de las armas. La sociedad ecuatoriana y los países de la región lo entendieron dando muestras de una clara voluntad democrática, demostrando una conciencia histórica, lúcida, pronta a la respuesta y no revanchista. Habrá que ver cómo campean los ecuatorianos y los sudamericanos, todos, esa espada de Damocles -siempre sobre sus cabezas- de la violencia como herramienta de queja y disgusto. Vaya pues la ley y sólo la ley como castigo para los golpistas, como demostración y ejemplo de lo que ellos mismos no están dispuestos a concederle a las sociedades que los cobijan.

Luego están los ejemplos foráneos. Hebe de Bonafini, presidenta de Madres de Plaza de Mayo e innegable defensora de los derechos humanos, hizo un efusivo llamamiento a tomar el palacio de la Corte Suprema de Justicia en consonancia con el disgusto del Gobierno nacional por las trabas a la Ley de Medios y la orden de reponer a un funcionario de la provincia de Santa Cruz. No  hubo una sola voz oficial que la desautorizara. Puesta otra vez en el ojo de los medios, Bonafini se paseó jactanciosa de su prédica y su estilo como si la Corte a la que atacó fuera una cueva de ladrones y no una institución constituida, por primera vez en la historia, por medio de mecanismos trasparentes en la que participaron decenas de agrupaciones dando sus pros y  sus contras sobre algunos de los miembros elegidos y avalados por el congreso nacional y el actual gobierno. Que una de las referentes más importantes de nuestra historia en la lucha por los derechos de miles de compatriotas desaparecidos y de sus familiares no mida su disgusto ni sus dichos es un llamado de atención  sobre las formas autoritarias y violentas que habitan aún en las fuerzas más progresistas, algunas de las cuales no han conseguido aprender la cruenta lección de los años 70.

Y el último ejemplo es el caso del ciudadano chileno Sergio Apablaza, acusado en su país por el asesinato de un senador pinochetista en los años 90, ya constituida la democracia en ese país. El gobierno nacional ha denegado su extradición alegando que en su país de origen no están dadas las condiciones jurídicas para ello, ignorando otras extradiciones ya realizadas de criminales menos notorios. En el mundillo político se sugiere que ha sido por considerar al implicado más un luchador social que un terrorista. Si este es realmente el motivo, craso error. Un asesinato tanto en democracia como en una dictadura es una flagrante violación a la ley y a los derechos humanos. Sean cuales fueran los motivos que llevaron a ese acto. Y todos deben responder por la violación a la ley. Un solo caso de permisividad los habilita todos. Quien asesina, coloca bombas y busca con la intimidación social  fines políticos debe rendir cuentas a la ley. Esto no abre en modo alguno la puerta a la teoría de los dos demonios, cuya función siempre fue difuminar las responsabilidades estatales. Si Apablaza mató o no es la justicia de Chile quien debe decirlo. Darle un asilo que no merece enturbia las relaciones con el país vecino, vulnera conductas internacionales de buena voluntad y reduce la ley a péndulo que va de la oportunidad al oportunismo■


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