En el marco de uno de los conflictos educativos más intensos de los últimos tiempos en el cono sur, algunas claves para entender (y apoyar) la lucha de los estudiantes chilenos.

¿La educación superior es gratuita en todo el mundo?

No, de hecho son minoría los países que cuentan con esta condición: Alemania, Austria, Dinamarca, Grecia, Holanda y Suecia en Europa, y Argentina y Uruguay en América.

Ahora bien, la masificación de la educación secundaria y los nuevos requerimientos del mundo productivo, en el marco de las transformaciones científico tecnológicas de las últimas décadas parecen favorecer la posición de quienes entendemos a la educación superior como un derecho social y no sólo como una forma de mejorar la futura renta individual del profesional universitario.

De hecho el Banco Mundial, que hasta el año 2000 consideraba que la educación superior debía ser arancelada, ha revisado su posición y hoy acepta, para los países en desarrollo latinoamericanos, la gratuidad de los estudios de grado.

¿Qué pasa en los países donde la educación superior es arancelada y qué está pasando en Chile?

En la mayoría de los países donde la educación superior es arancelada los aranceles guardan una proporción razonable con los ingresos de un estudiante o su familia.

En la Universidad de Barcelona, por ejemplo, todo el primer año para estudiar Medicina cuesta 1300 euros, 1100 para estudiar Química y 1000 para estudiar Derecho, Economía o Psicología.

En las Universidades de Andalucía las mismas carreras cuestan 700 euros al año.

Un repositor de productos en un supermercado gana al mes en España 800 euros, por lo que con un sueldo mensual puede cubrir un año de estudios.

En Chile, en cambio, un hijo universitario implica un gasto superior al 40% del ingreso familiar de los 3 menores quintiles de ingresos (Meller 2011). Es decir, el estudiante promedio debe dejar todos sus ingresos para cubrir la cuota cada mes, que es de 280.000 pesos chilenos (2.800 pesos argentinos).

Por eso, las familias eligen de entre sus hijos a quien pueden costear sus estudios universitarios.

¿Qué pasa con los que no pueden pagar?

Los números oficiales de 2009 indican que de 562.000 estudiantes 187.000 están becados. Pero sucede que de los 375.000 no becados la mayoría no puede pagar las cuotas. ¿Por qué? Porque el costo de las universidades chilenas es el más alto del planeta: 41% de su PBI per cápita, porque el aumento de los aranceles es muy elevado (60% en los últimos 12 años) y porque el gasto público chileno en educación superior es 0.5% del PBI, el menor del mundo.

El aumento de los aranceles por encima de la inflación se explica por la competencia por atraer estudiantes sobre la base del marketing de presentar cada año nuevas “ventajas” (profesores de exterior, instalaciones, etc.) las que, dado que ninguna universidad baja sus precios, caen sobre las espaldas de los estudiantes y sus familias.

Como consecuencia de la combinación de altos aranceles, crecimiento por encima de la inflación y bajo gasto público, quienes no pueden pagar se endeudan: los universitarios chilenos tienen una deuda total respecto del ingreso anual (como profesional) del 174%.

La mayoría de los estudiantes, y miles de graduados, están endeudados a través del sistema bancario, que se ve doblemente beneficiado, por una parte por una gran cartera de clientes forzosos (los estudiantes y graduados), por la otra por el respaldo del Estado: de los 375.000 no becados 210.000 (el 56%) están endeudados a través de los  Créditos con aval del Estado (CAE) y el Fondo Solidario de Crédito Universitario (FSCU).

Un conflicto y cuatro actores

El conflicto parece protagonizado por 4 actores.

El primero de ellos es el movimiento estudiantil, con el apoyo del colegio de profesores, pugna por la educación pública y gratuita incluso en el nivel superior y el fin del lucro.

Este reclamo, que en nuestro país parece sencillo, no lo es en Chile dado que la educación primaria y secundaria fue municipalizada en 1980 durante la dictadura de Pinochet y se estableció la unidad de subvención educacional (USE), una cuota fija de presupuesto que el Estado reparte indistintamente a escuelas estatales o privadas subsidiadas que compiten año tras año por atraer la matrícula (a más alumnos matriculados más USEs).

En la educación superior, en 2008, 177.000 alumnos iban a universidades estatales (32%) y los otros 370.000 iban a universidades privadas (68%).

La provisión, por parte del Estado, de educación superior gratuita tendría como primer adversario a las universidades privadas, que a diferencia de nuestro país, pueden tener fines de lucro.

El segundo actor es el Poder Ejecutivo, encarnado por el conservador presidente Piñera, que sostiene que la educación superior gratuita sería muy cara (unos 4.500 millones de dólares al año) y que los estudiantes quieren “estatizar” la educación, lo que es falso (nadie plantea nacionalizar las universidades o escuelas privadas sino simplemente que el Estado asegure el derecho a la educación).

El gobierno de Piñera sostiene la inviabilidad de la gratuidad, chicanea con la estatización y reprime las movilizaciones y tomas, apoyado por medios de comunicación que contabilizan los daños materiales.

El gobierno además tiene un as en la manga para acallar las protestas: decretar el año académico perdido, y quitar a los becados su beca, y aumentar la deuda de los endeudados.

La opinión pública, sin embargo, apoya en un 80% el reclamo estudiantil.

Los partidos de la Concertación, no habiendo avanzado en reformas sustantivas a lo largo de sus 20 años de gobierno, enarbolan la educación pública y laica, aunque la gratuidad les resulta intolerable (por aquel remanido argumento de que beneficia por default a los ricos).

El tercer actor son las universidades, las que son gobernadas en el caso del Estado por el claustro de profesores y en el caso de las privadas por empresarios. Es entendible que estos últimos resistan la gratuidad y el fin del lucro.

El cuarto actor es el sistema bancario, que como señalamos tiene una inagotable cartera de estudiantes y graduados con créditos respaldados por el Estado, por lo que la gratuidad le representaría la pérdida de una permanente inyección de recursos.

Límites y posibilidades de la política

La dictadura de Pinochet impuso 3 corsés al sistema educativo: primero estableció en la Constitución política de Chile (aprobada por plebiscito popular en 1980) la subsidariedad del Estado en educación (es decir que el Estado sólo complemente aquello que no pueden hacer las unidades menores: municipios, familias), segundo dictó en 1990 la Ley Constitucional Educativa que reafirma esa política y tercero estableció un sistema de representación política que dificulta el llamado a una reforma constitucional, que es la verdadera llave para asegurar la educación pública y gratuita.

Desde la Cátedra Artigas, procuramos que se conozca en nuestro país el conflicto que viven nuestros hermanos chilenos y la más amplia solidaridad con ellos, sabiendo que sólo sumando la opinión pública chilena, la opinión pública internacional y el respaldo de los organismos internacionales a la libre manifestación y expresión será posible crear las condiciones para un cambio que deberá ser no sólo educativo sino también político■


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