En la política argentina, Perón es como Nietzsche: dependiendo de la cita, se puede definir a qué línea pertenece el autor. Con el General hay para todos los gustos. En estos tiempos agitados, podemos recuperar al Perón más ecologista. En 1972, dijo: “ha llegado la hora en que todos los pueblos y gobiernos del mundo cobren conciencia de la marcha suicida que la humanidad ha emprendido a través de la contaminación del medio ambiente y la biosfera, la dilapidación de los recursos naturales, el crecimiento sin freno de la población y la sobre-estimación de la tecnología y la necesidad de invertir de inmediato la dirección de esta marcha”. Haciendo abuso de la ironía, podemos decir que –en la actualidad– los gobernadores han resuelto omitir esa parte de la historia peronista, o mejor: se han vuelto decididamente gorilas. Suponer que la extracción compulsiva es la solución, sin tener en cuenta el impacto ambiental, es confundir crecimiento con desarrollo y, además, deja en claro el rol subalterno que nos proponen en el sistema-mundo (proveedor de materias primas a las potencias hegemónicas). El modelo extractivo tiene tres patas: la minería a cielo abierto, el petróleo y la sojización. Aportemos algunas cosas a la discusión.

 

Con el petróleo se están pagando los costos de la enajenación menemista. Al no contar con una empresa estatal (Enarsa, hasta ahora, es una cáscara vacía) se padecen problemas de planificación, de inversión y de precios. Los oligopolios hacen abuso de posición dominante y cobran tarifas 

predatorias. Pero el problema no sólo se remite al consumo; la matriz energética es dependiente de los hidrocarburos: según los datos del 2009, se utilizó un 90,9% de energía no renovable (un 51,62% de gas natural, 35,05 de petróleo y 2,76 de nuclear). No existe una diversificación en la producción y para lograrla es necesario hacer grandes inversiones que tardan en dar sus frutos: la energía eólica, la solar. La política energética produce un problema de soberanía porque para extraer se tiene que forzar a empresas de otros países a invertir. Pero el negocio está en otro lado: en 2001, el barril estaba a 25,95 dólares y no se cobraban retenciones; en 2008, con retenciones móviles, el barril estaba a 99,56. En estos años, cayó la producción. ¿Resultado? El actual enojo presidencial con las petroleras y el amague de estatización. Éste sería el primer paso, pero insuficiente.

 

Ante esta dependencia estructural de los hidrocarburos, ¿qué alternativa ofrecen? El kirchnerismo, aquí, le hace el juego a la derecha: promueve la producción de biocombustibles, que es la utilización de especies agrícolas, oleaginosas o especies forestales para generar energía renovable que se recorta (un 5%, pero se quiere llegar al 10%) con nafta y gasoil. Como dijo Fidel Castro, es “la idea siniestra de convertir los alimentos en combustible”. El oficialismo lo fomenta, haciendo uso de exenciones impositivas: la agencia Télam publicó que “los productores agropecuarios y las empresas procesadoras de biodiesel y bioetanol se beneficiarán así, de forma directa o indirecta, con los 1.923 millones de pesos que estima el proyecto en concepto de exención de distintos gravámenes”. Esta medida beneficia a los productores de maíz y soja en un país donde la extensión de la frontera agrícola está generando tensiones (que incluyen asesinatos de miembros de pueblos originarios) por la posesión de la tierra. El modelo es reaccionario: además del reforzamiento de la (re)primarización de la economía, pone en riesgo a las poblaciones que se defienden de la depredación de los productores y los empresarios.

Con la minería sucede lo mismo. Las resistencias a la economía de enclave, esto es: la que se localiza en una región determinada y explota intensamente un producto mientras el mercado lo requiere, superan la cuestión de la contaminación. No se ven beneficios. Se piensa más allá del cortoplacismo. Se buscan alternativas: si en Famatina y Esquel no quieren minería porque quieren implementar otro modelo, ¿cuál es el problema? Si quieren mantener el estilo de vida actual y prefieren el turismo, ¿cuál es el problema? ¿El turismo no es uno de los pilares del modelo? ¿Para qué se creó un Ministerio? Si no es así, ¿por qué no se sacan la máscara y crean el Ministerio de Minería y se baja el rango de Turismo? Si la minería es beneficiosa, ¿por qué no se crea una empresa estatal que administre y estudie los impactos para no perjudicar a las poblaciones?, ¿por qué lo tienen que llevar adelante empresas multinacionales?

La mega-minería, que es la impugnada por las poblaciones, tampoco genera beneficios porque la arquitectura legal menemista sigue incólume: las provincias reciben el 3% de las regalías (el Estado Nacional no recibe nada), de ese 3% se pueden deducir los gastos de transportes y fletes (entre otros) y las empresas tienen garantizadas la estabilidad fiscal y cambiaria durante 30 años (lo que supone que las cargas no aumentarán). La minería a cielo abierto, que está prohibida en Europa desde 2010, es para extraer oro (ya que el valor de la onza se disparó en los últimos dos años). Para hacerlo, se utilizan grandes cantidades de electricidad (el emprendimiento minero Bajo La Alumbrera representa el 86% del consumo de los grandes usuarios mayoristas de energía de Catamarca, según los datos de 2007 del Mercado Eléctrico Mayorista) y de agua (100 millones de litros por día). El agua no es un derecho al que todos acceden; y a la falta de inversiones para acceder a cloacas y agua potable, se le suma la sequía. Como dice Leda Giannuzzi, “la destrucción de los bosques nativos y la extensión de las barreras agropecuarias modificaron las superficies de los terrenos facilitando el escurrimiento de las aguas, disminuyendo la absorción y conservación del recurso”.

 

¿Cómo se explica esto? Por el corrimiento de la frontera agrícola (en perjuicio de la ganadería), por el aumento indiscriminado de la producción sojera –que ya ronda por las 20 millones de hectáreas cultivadas– y por el uso intensivo del agua. Para cultivar soja en gran escala se requiere de grandes inversiones y escasa mano de obra. La soja no es para consumo interno, se exporta; es para forraje y para biocombustibles. Y al no haber Junta de Granos, los acopiadores (Cargill, Dreyfus, Nidera) presentan declaraciones juradas y dependemos de su “buena voluntad” para recaudar (las sub-declaraciones y las ventas en negro están a la orden del día: tanto en las oleaginosas como en la minería). El camino ya está trazado porque según las estimaciones del Plan Estratégico Alimentario 2020, de las 42 millones de hectáreas agrícolas, 22 millones serán para el cultivo de soja. La profundización del modelo implica más agriculturización.

El consenso de los commodities parece sólido en los sectores patronales (oficialismo y oposición, salvo algunas excepciones). Pensar el desarrollo económico con conciencia de los costos ambientales es uno de los desafíos actuales. La puja del gobierno con los medios conservadores lleva a que, en ambos bandos, se escondan los puntos ciegos. Esto es: los escasos controles estatales, los nulos estudios de impacto ambiental, el perfil exportador, la baja captura de la renta generada por los empresarios. 

El panorama no es alentador, pero hay inequívocos signos de resistencia. Las poblaciones tienen el legítimo derecho de no querer este modelo. Porque no ven trabajo y desarrollo, sino que ven contaminación y dependencia. Porque ven depredación y cortoplacismo. Porque no se derrama la riqueza, sino gases, cianuro y glifosato. Porque prefieren el cuidado del agua y el desarrollo de las economías regionales. Pero discutir el fondo de la cuestión puede transformarse en un diálogo de sordos: se tiene que superar la antinomia entre el kirchnerismo más menemista y el ecologismo que se limita al cuidado de los recursos naturales. Porque, como dijo Chico Mendes, la militancia ecológica desligada de las luchas sociales es jardinería. Y porque se necesita una revolución mental para “comprender que el hombre no puede reemplazar a la naturaleza en el mantenimiento de un adecuado ciclo biológico general; que la tecnología es un arma de doble filo (…); que la naturaleza debe ser restaurada en todo lo posible, que los recursos naturales resultan aceptables y por lo tanto deben ser cuidados y racionalmente utilizados por el hombre”. Esto último lo dijo Perón en 1972. Que tomen nota en la unidad básica: Perón le hace el juego a la derecha. Además del derecho a huelga, acá tienen otro motivo para impugnarlo


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