Buenos Aires, digno ejemplo de gran ciudad atravesada por transformaciones económicas y desigualdades geográficas cada vez más profundas, hoy nos interpela desde la regulación del suelo por parte del sector privado especulativo: su precio, su planeamiento, su rentabilidad, su sentido.

No es que Buenos Aires tenga dos modelos de planificación, no. Buenos Aires hoy es una gran ciudad hostil a los sectores más humildes, a ese 30% que pagan su renta mensual para poder vivir “dentro” de la ciudad; y esa masa de trabajadores, desocupados, documentados a medias, consumidores de servicios públicos deteriorados, que se apiñan en terrenos libres, laterales o linderos a las villas preexistentes.

El resto de Buenos Aires es la gran especulación inmobiliaria, que piensa el suelo y su uso de acuerdo a la inversión millonaria que están realizando, más allá del hombre que habita la ciudad. Actualmente, la ciudad tiene la marca del empresariado argentino: gran rentabilidad, poco mantenimiento, gastos suntuosos para acentuar su condición de clase, estigmatización de la pobreza, avance “civilizador” sobre barrios integrados y tradicionales, polos económicos al servicio de grandes empresas (tecnológico, audiovisual) con exenciones impositivas, transferencia millonaria a servicios tercerizados (recolección de basura, mantenimiento de espacios verdes, alumbrado, etc.), y una aplanadora de obras en construcción que no renuncia -a pesar de las quejas de los viejos propietarios de clase media que ven afectada su calidad de vida-, porque al fin y al cabo el deterioro de servicios públicos por exceso de construcción no afecta a los que planifican la ciudad ni a sus constructores. Ellos están muy lejos de vivir mezclados en los barrios donde habita la clase media.

Asimismo, y en concordancia con la planificación urbana, la ciudad es, por lejos, el distrito más rico y a la vez el más desigual de la Argentina. Y hablamos de una magnitud tal que el producto bruto de la ciudad, producto bruto geográfico (o PBI), está cerca de los 300.000 millones de pesos, una cifra majestuosa para un Estado que representa una ínfima porción de esa masa de recursos. En consecuencia, por ser el más rico y el más desigual, es el que contiene al Estado con menor incidencia económica. Claro que el presupuesto porteño es millonario y con un margen suficiente para reducir desigualdades y cambiar parámetros estructurales de injusticia; pero es magro en relación a la ganancia de los sectores económicos que -a través de los servicios profesionales, el turismo, las comunicaciones, los bancos y seguros, y el comercio- son los verdaderos actores y beneficiarios del planeamiento urbano.

Decimos entonces, mercado inmobiliario vs. sectores medios propietarios defendiendo su calidad de vida. Especulación financiera, inversión y rentabilidad millonaria contra la vieja ciudad de barrios bajos, el río, los clubes sociales, el transporte público, el pleno empleo.

Sin dudas, la agenda económica de la ciudad, la agenda real, está transcurriendo por lugares que prescinden de los sectores populares, los desplaza y excluye de la planificación urbana. Es una ciudad que no disputa la tierra, sino por el contrario, la deja librada exclusivamente al mercado, liquidando, incluso, su único patrimonio, a través de leyes que autorizan la venta de terrenos públicos.

Buenos Aires tiene la misma población que en los años 50. Solo se verifica crecimiento demográfico, por la incorporación de inmigrantes internos y extranjeros, que en general encuentra en las villas y en menor medida en viviendas precarias, hacinadas y ocupadas el lugar de residencia para poder emplearse en la ciudad. La estadística confirma el carácter especulativo de la construcción de viviendas, y la perversión hecha política de Estado.

Nuestra experiencia en el barrio de Almagro, nos habla de una evolución extraña, compleja y siempre en disputa, de la geografía porteña. Un proyecto que recorrió todas las épocas y todas las cartografías imaginables –soterramiento del ferrocarril, la autovía, una ordenanza de 1970, expropiaciones, Corredor Verde- impide la construcción de viviendas sociales en la calle Gascón 123. Una resolución de la dictadura de Onganía, jamás ejecutada, es utilizada, entonces, para justificar la negativa a un derecho constitucional para 50 familias que habitan uno de los predios expropiado por el Estado para realizar esa obra irrealizable. El derecho básico al acceso a la vivienda digna, reemplazado por una obra pública que no es y nunca será, porque el ferrocarril Sarmiento ya circula en Almagro atrincherado, debajo de nivel.

Barrio de clases medias y populares, Almagro fue la cuna de la primera Universidad Obrera, la Tecnológica Nacional; recorrió la crisis del 2001 con una larga lista de asambleas barriales luego de haberse asentado en el barrio la experiencia más acabada del sistema de trueque como forma de subsistencia; las fábricas recuperadas por sus trabajadores comenzaron en la legendaria IMPA –que hoy contiene un bachillerato popular y está a punto de comenzar una universidad de los trabajadores-; el primer centro de salud barrial estatizado luego de haber sido una clínica recuperada por sus trabajadores tiene una íntima relación entre sus profesionales y las organizaciones barriales; la red de comunicación Mate Amargo funciona legalmente en una propiedad pública cedida por ley, y una ordenanza dictatorial del onganiato proyectó una obra infinita e interminable que generó expropiaciones por cantidad y la consecuente ocupación de algunas propiedades para vivienda. Con esa red de participación popular, experiencias autogestionadas, propiedades sociales y cooperativas, venimos sosteniendo una resistencia de integración barrial, a pesar de la clara intención del gobierno de aislarlas, condenarlas al agotamiento o resignarlas a la derrota.

Sin embargo, sin una oposición política clara y conducente, pero apelando a la solidaridad y también a las estrategias judiciales, legislativas, organizativas y combativas, nos sostiene una práctica de comunidad más integrada e igualitaria. Así, la Cooperativa Nuevo Horizonte, de Gascón 123, logró una ley que la “separe” de la ordenanza de la faraónica utopía de varios gobiernos, y haga responsable al Estado de sus deberes constitucionales. No obstante, para la administración política del Estado porteño, esa tierra pública tiene valor cuando los vecinos de Gascón 123 sean desalojados. Vetada por el macrismo, pero reconocida por la Justicia, para el gobierno ni siquiera existe esa ley.

Mientras la lucha reivindicativa sigue, el tiempo juega a favor de los poderosos, porque solo un Estado que revierta la pirámide de recursos, que realice una auténtica reforma impositiva, que intervenga en la regulación de la tierra, que compre tierra y construya a medida de la realidad social de la ciudad, que inyecte recursos millonarios en escuela y salud públicas para competir con el sector privado, que retome las riendas de la planificación, que intervenga el espacio público con grandes y determinantes obras, que complemente calidad ambiental con desarrollo de subterráneos, transporte público y ordenamiento del tránsito, solo ese modelo estatal puede hacer coexistir producción de materias primas con servicios y viviendas, puede intervenir seriamente en la contaminación ambiental, puede diseñar un agresivo plan de viviendas sociales: garantizar un planeamiento equilibrado y justo.

Es un desafío histórico. Todavía estamos a tiempo


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