A menudo identificamos el neoliberalismo con un repliegue del Estado que da lugar al libre juego (y abuso) del Mercado. Sin embargo, cuando se estatizan deudas privadas, es el Estado el que ofrece los marcos legales para ello. ¿Y entonces? ¿No era que el Estado estaba ausente?, ¿o eso era para la gilada? En esta oportunidad, dialogamos con Mauro Benente, abogado y doctorando en Derecho (UBA), Becario del CONICET, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas y Sociales “A. L. Gioia”, Profesor de Derecho en la UBA, la Universidad de Palermo y la Universidad Nacional de José C. Paz.

Mauro es miembro del grupo de trabajo “Crítica Jurídica Latinoamericana. Movimientos Sociales y Procesos Emancipatorios” del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, y del proyecto UBACyT “¿Qué memoria y justicia puede hallarse si la crítica de musealiza? Conflicto y negatividad en la teorización crítica y las intervenciones reparadoras”. Nosotros teníamos algunas preguntas y él, muchas respuestas posibles que abren nuevos interrogantes. Conocelos.

ANDÉN: Queríamos hacer un número sobre el Estado, centrado en la idea de su presencia o ausencia. A priori, uno diría que el Estado debe estar presente para garantizar la igualdad de derechos y oportunidades. Es algo que repetimos aun cuando no sabemos muy bien cómo construir esa realidad. Desde tu línea de investigación, ¿qué significa que el Estado esté ausente o presente?

MAURO BENENTE: En la línea teórica que me interesa ahora, pierde sentido la idea de ausencia, o presencia, del Estado y cobra más sentido la idea de estrategias o prácticas de gobierno, que pueden estar operadas por Estados o no estarlo. Por otro lado, otra línea que tiene actualidad en Argentina (pero que también la tuvo en Bolivia y Ecuador) plantea que el neoliberalismo no implicó un retiro del Estado, sino una mutación de prácticas desarrolladas, o no, por el Estado. No se trata de un capitalismo desorganizado, sino de prácticas concretas. Además, a nivel global hay conflictos que no pueden reducirse a problemáticas interestatales. El de la deuda externa es un ejemplo paradigmático: hay algunos privados que modulan las acciones que el Estado argentino puede o no puede tomar, y esta situación no se explica por presión de un Estado a otro, sino por particulares que tienen capacidad de modular decisiones nacionales. Estas líneas que yo trabajo relativizan un poco si el Estado es centro o foco del poder o si las decisiones son estatales o no lo son. Hay otros poderes.

El tema nos surge como pregunta, como ciudadanos más que como intelectuales o periodistas. Buscamos plantearlo como problema y la idea de presencia o ausencia, está muy presente en la doxa.

Justamente, lo que hay que preguntarse no es si el Estado está presente o no, sino dentro de qué lógicas gubernamentales de prácticas de gobierno se inscribe el Estado. Una idea frecuente es presentar los noventa en América Latina como ausencia y pliegue del Estado y un avance del mercado sobre algunas esferas que antes estaban organizadas y pensadas desde el Estado. Pero en Argentina, Bolivia y Ecuador, el Estado se inscribe dentro de políticas más amplias de gobierno dictadas por otras instituciones que tampoco son estrictamente estatales: el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Fondo Monetario Internacional. Ya no es el viejo imperialismo en el que un Estado con una soberanía dicta las pautas de lo que otro debe hacer o no. Gran parte de los mecanismos de implementación de tecnologías neoliberales en Argentina y América Latina vino de la mano de una política de financiamiento y desfinanciamiento por órganos multilaterales de crédito como los ya mencionados.

¿Cuál sería un ejemplo que ilustre este panorama?

Si uno toma el período boliviano un poco anterior a la asunción de Evo Morales, y el período de la Constituyente en Bolivia, que duró dos años y fue un trabajo difícil de articular, observa que hay una memoria muy cara para el pueblo boliviano, que fue la Guerra del Agua[1]. En los documentos de los propios sectores sociales, sean indígenas o cercanos a los movimientos obreros u otras organizaciones, la memoria de la Guerra del Agua aparece muy marcada, y ésta puede ser utilizada como un laboratorio conceptual para pensar cómo prácticas de gobiernos desarrolladas por el Estado estaban pensadas para llevar adelante prácticas neoliberales que excedían al propio Estado. ¿Qué pasó en ese entonces? En Cochabamba, tercera ciudad más importante de Bolivia después de La Paz y Sucre, se produjo este intento de privatización del servicio de prestación de agua en los domicilios, que era muy precario. Uno podría decir que como el servicio era estatal, lo que hay es un retiro del Estado para que avance el mercado. Sin embargo, si uno analiza algunos documentos del Banco Mundial, gran parte de los préstamos que se le daban a Bolivia tenían que ver con modernizar al Estado, reorganizarlo para que las inversiones pudieran desarrollarse como tales, hacer más eficiente la prestación del servicio de justicia, crear marcos regulatorios apropiados para preservar los intereses de las multinacionales, etc. No hay algo así como una exigencia de que el Estado se retire, sino que se reordene para garantizar determinadas prácticas. En Argentina, esto sucedió durante el período de privatización de los servicios públicos. Después, el Estado está ahí para mantener esa tecnología, por ejemplo, sancionando leyes que permitan que las divisas puedan ir al exterior. Por eso, las dos primeras leyes que hizo Menem fueron la Ley de Reforma del Estado y la Ley de Emergencia Económica.

¿Qué panorama internacional permitió estos mecanismos de privatización en América Latina?

En general, estos mecanismos de privatización fueron acompañados por los Tratados Bilaterales de Inversión (TBI), que suponían que los Estados en los que se desarrollaban las inversiones no pudieran juzgar esos procesos. Lo que hay ahí es una prórroga de la jurisdicción. Argentina lidera a nivel mundial la cantidad de tratados bilaterales de inversión firmados. El Estado no juzga ni ha juzgado las cuestiones relativas a la privatización del agua, de la energía eléctrica, del gas, sino que eso se sustancia en el tribunal del CIADI (Centro Mundial de Arreglo de Diferencias) del Banco Mundial. Volviendo al ejemplo de la Guerra del Agua, en Bolivia, se instala una empresa que tiene capitales mayoritariamente norteamericanos, que en principio sería la prestataria del servicio del agua. Esto nunca se termina de consolidar. Lo curioso es que esta empresa termina fijando domicilio en el Estado holandés, porque Bolivia tenía un tratado bilateral con prórroga de jurisdicción en los Países Bajos. Las inversiones que tuvieran domicilio en Holanda, no iban a ser juzgadas en el Estado boliviano. Los tratados son una pista que muestra que la lógica de la presencia del Estado, o su ausencia, está relativizada, porque acá no es que hay un Estado presente que obliga a otro a firmar un tratado: no son los capitales norteamericanos los que fuerzan a ello (el tratado estaba ya firmado) y no va a ser el Estado norteamericano el que termine juzgando los eventuales problemas de privatización que existan alrededor de este contrato. Estamos frente a mecanismos gubernamentales que pueden estar gestionados por el Estado o no estarlo y que no necesitan indefectiblemente la presión de un Estado extranjero para desarrollar esas prácticas, sino que quienes las desarrollan pueden ser privados.

¿Podrías explicar la idea de tecnología gubernamental?

Es una idea que es desarrollada por Michel Foucault en Nacimiento de la biopolítica (1979). Es un Foucault interesado en pensar el presente. En general, sus trabajos genealógicos sobre el origen de algunas prácticas se circunscriben a la época clásica. En este caso, analiza lo que estaba comenzando a desplegarse: el neoliberalismo. Eran los recientes gobiernos de Margaret Thatcher y de Ronald Reagan. En este libro y en Seguridad, territorio y población (Curso en el Collège de France, 1977-1978), su propósito es ahorrarse una teoría del Estado e inscribirlo en tecnologías gubernamentales más amplias. Allí acuña el concepto de gubernamentalidad. No podemos negar la existencia del Estado, dice, pero éste no puede ser un universal que explique cómo funcionan las estrategias de gobierno. Hay que pasar al Estado por la grilla de inteligibilidad de estas prácticas. Estas tecnologías más amplias tienen una racionalidad: algo que las inspira, una lógica de funcionamiento, de programas y de técnicas para ponerla en juego. En América Latina hubo una tecnología neoliberal de gobierno que supuso un tipo particular de funcionamiento del mercado, basado en la idea según la cual la competencia no era natural, sino que había que lograrla artificialmente. El Estado tiene que crear las reglas del juego en el mercado. Para el neoliberalismo, a diferencia del liberalismo, el mercado no es una entidad natural que funciona sola, sino que hay que crear esas condiciones de competencia. Se crea un marco de juego. Algunos juristas hablan de la seguridad jurídica, es decir, que las reglas sean claras. Que todos los individuos logren ingresar al juego del mercado. Por eso, algunas líneas del neoliberalismo se interesan por la pobreza no en términos relativos, sino en términos absolutos: que no haya individuos por debajo de determinado umbral que no puedan consumir. Eso se logra con planes sociales focalizados. Si bien algunos planes son interesantes, si no van acompañados de una mejora del lugar en donde se vive, de los suministros, las escuelas, el barrio, el hospital, etc, solo permiten que ese sujeto ingrese al mercado. Por otro lado, el neoliberalismo intenta lograr que los individuos se vean como empresarios de sí mismos que deben invertir constantemente a través de la capacitación, el aprendizaje de idiomas, ir a tal escuela, etc. ¿Cómo funciona bien esta tecnología del empresariado de sí mismo? A partir de una situación de inestabilidad y riesgo creada por tecnologías de gobierno. Por ejemplo, la flexibilización laboral. Entonces, dos patas: competencia de mercado y empresariado de sí.

¿Cómo se puede pensar, a la luz de estos postulados, el caso de la deuda?

La deuda es una tecnología de poder. Sobre el endeudado pesa una imposibilidad de tomar cualquier decisión a futuro. A nivel microfísico, no es el Estado el que modula estas decisiones. Estas situaciones, que son tecnologías de gobierno, se pueden trasladar a las situaciones en las que el Estado está endeudado. El problema de la deuda no acosa solo a los países latinoamericanos. Todos los países europeos se encuentran también endeudados y no solamente con Estados, sino con particulares o clubes de particulares, como el Club de París. Esos acreedores tienen la capacidad de modular decisiones de los países a futuro. En algunos casos, ni siquiera son grandes multinacionales, sino pequeños privados.

 ¿Qué alternativas hay para pensarnos por fuera de esta lógica o para evitar subyugarnos a estas tecnologías de poder?

Cuesta pensar todavía cómo hacemos para tener prácticas de resistencia que no sean relativas al Estado. Si estuviéramos en el siglo XIX, en la medida en que el poder funciona concentrado en el Estado, desarticularlo sería el camino para tener prácticas emancipatorias. Ahora, si las tecnologías de gobierno no transitan exclusiva y excluyentemente por el Estado, sino que están dispersas en distintas instituciones y prácticas, no alcanza con tomar el Palacio de Invierno para modificar esas prácticas. ¿Cómo lograr articulaciones emancipatorias quitándole la cabeza al rey y dejando de pensar que es el Estado el que concentra todas las actividades gubernamentales?

Quitarle la cabeza al rey es algo que puede leerse en dos sentidos posibles. Hablás de quitarle centralidad. Bien podríamos entender “decapitación” en sentido metafórico.

Si pensamos en la “decapitación” (en sentido metafórico), se está perdiendo una parte del problema: quizás haya otros tantos por “decapitar”. Esta es una discusión que se ha desarrollado en Bolivia: para decapitar otros focos de poder quizás sea necesario reactivar ciertas prácticas estatales. Seguimos pensando en la centralidad del Estado y tenemos dificultades para desarrollar otro tipo de prácticas que no sean respecto del Estado. En algunas campañas relativas al cuerpo de la mujer o en algunas líneas del feminismo, como en el caso del aborto, se advierte una demanda de distribución de mecanismos anticonceptivos o del aborto legal, seguro y gratuito. La lógica sigue siendo respecto del Estado, pero éste no produce medicamentos. La gran industria de los laboratorios ─cuyas ganancias solo son superadas por el tráfico de armas y drogas ilegales─ es la que produce medicamentos y aún no tenemos un modo conceptual de exigirles a ellos que presten este tipo de anticonceptivos. Es un ejemplo pequeño de que en algunas luchas que son microfísicas, como la anticoncepción, todavía tenemos dificultades para pensar prácticas emancipatorias que no sean en torno al Estado.

 En el caso de Bolivia, ¿tampoco hubo innovaciones en cuanto al modo de pensar las prácticas emancipatorias?

Veamos el caso. La demanda por una nueva Asamblea Constituyente, en Bolivia, no se plantea verticalmente; son los propios movimientos sociales los que la piden. Esto se puede ver en los títulos de las marchas. A inicios de los años noventa, varias organizaciones indígenas marchan por la tierra y algunas cuestiones de jurisdicción.[2] En los primeros años de este siglo, aparece la Asamblea Constituyente[3]: el reclamo de la sociedad civil se construye por fuera de los movimientos clásicos como la Unión Obrera Boliviana, a través de nuevos movimientos u otros históricamente postergados. Bolivia tuvo muchas Constituciones y estos sectores nunca formaron parte de ellas. Estas organizaciones, nucleadas en el Pacto por la Unidad, armaron dos borradores de proyectos constitucionales, en los cuales se animaron a pensar en la propiedad comunal de la tierra para los indígenas ─cuestión que no entró en la Constitución─, en instituciones políticas indígenas ─que entraron parcialmente─ y en la administración de la justicia ─que entró bastante bien─, pero siguen pensando en el Estado como único foco de poder. Casi no hay huellas sobre el camino por seguir, si deseamos pensar prácticas emancipatorias sin referencia al Estado. En el texto constitucional boliviano, ¿cuáles fueron las discusiones? La Asamblea Constituyente planteó cuestiones (algunas más radicales que otras) que provinieron del Pacto de la Unidad, que incluía a gran parte de los movimientos sociales e indígenas, que solo estuvieron muy parcialmente representados por el MAS. La lógica es más o menos la misma: había una consagración de derechos y un reclamo hacia el Estado, que debía garantizarlos. ¿Cómo ponemos límites a prácticas gubernamentales que no transitan por el Estado? ¿Cómo hacemos para exigirles otro tipo de funcionamiento? Lo cierto es que no ha habido mayores límites a poderes no estatales, salvo en el caso de la limitación del latifundio o la explotación de los recursos naturales. Nuestra concepción de los derechos está articulada en relación al Estado. Pero saliendo de esta lógica de la presencia-ausencia del Estado, todavía no sabemos cómo articular los derechos. En el caso de Venezuela, Ecuador y Bolivia se dio algo interesante y fue la desestructuración de algo que es caro al Estado moderno: la idea de que solo el Estado puede administrar violencia. Eso fue así en el proyecto. Ahora eso está desdibujado en la práctica. Pero tanto en Bolivia como en Ecuador, ya no es el Estado el que puede hacerlo, sino que las comunidades (en Ecuador, se llama Justicia Indígena; en Bolivia, Justicia Indígena Originaria Campesina) pueden tener su propio derecho penal. Entonces vemos que es posible que proyectos políticos institucionales permitan y legitimen la administración no estatal de la justicia o la violencia. Esas lógicas de desgajar el Estado moderno y señalar dónde no estaría el Estado, no se advierte en otras partes del texto constitucional. No se han pensado los derechos sin el Estado■

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[1] Se denomina Guerra del Agua a una serie de protestas que tuvieron lugar en la ciudad de Cochabamba, Bolivia, entre diciembre de 1999 y abril del 2000. Su causa fue la privatización del suministro de agua.

[2] En 1990, se desarrolla la “Marcha por el Territorio y la Dignidad” protagonizada por Organizaciones de los Pueblos Indígenas de Tierras Bajas.

[3] En 1999, se desarrolla la “Marcha por la Asamblea Constituyente, por la Soberanía Popular, el Territorio y los Recursos Naturales”.


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