El conflicto ambiental siempre es generador de reflexiones. El modo en que nos vinculamos con la naturaleza y las consecuencias de ese vínculo repercuten en la distribución de bienes y servicios abrevando así en otro conflicto urgente: el social. La reseña de un libro sobre el tema es la excusa de los autores para historizar la lucha de distintas comunidades y colectivos sociales que buscan el reconocimiento de una necesidad y la aplicación de un derecho.

 

En nuestro planeta, el acceso al agua, recurso básico e imprescindible para la reproducción de la vida, no es un derecho garantizado para el conjunto de la población. Incluso en los centros urbanos, íconos del desarrollo industrial y de los avances tecnológicos y científicos, millones de personas carecen actualmente de agua segura y de saneamiento.

Esto ha llevado a la emergencia en diversas partes del mundo, de conflictos de diferente calibre por el acceso y consumo a dicho bien. En esta nota, basada en una investigación presentada en el libro de Cartografías del Conflicto Ambiental en Argentina publicado en el 2013 por la editorial CICCUS-CLACSO[1], nos interesa mostrar la realidad hídrica de la zona más poblada y rica de nuestro país: el Área Metropolitana de Buenos Aires, y analizar el modo en que la elaboración e implementación de la política del agua supone tensiones por la definición del problema y la forma en que este debe ser resuelto.

A pesar de estar situados en pleno siglo XXI –la era de los clones, los drones y de la tecnología de avanzada–, actualmente existen millones de personas en todo el mundo que aún carecen de servicios básicos y esenciales como el agua potable y las cloacas. En América Latina cerca de 40 millones de personas (lo que representa al 7% de la población) carecen de agua segura para consumo humano, mientras que más de 117 millones de personas (el equivalente al 20%) no poseen instalaciones sanitarias que cumplan con las condiciones mínimas requeridas (OPAS, 2011).

En Buenos Aires, a pesar de estar situada próxima al Río de la Plata –principal fuente de agua dulce de la región–, el acceso al recurso no se encuentra garantizado para el conjunto de la población. En lo que refiere al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) región en donde se produce más del 50% del PBI del país y donde habitan más de 12 millones de personas, el 72% de la población cuenta con el servicio de agua potable y tan solo el 51% tiene acceso a desagües cloacales. Esta situación paradojal, en realidad, no hace más que advertirnos que las principales causas de la falta de acceso al agua no son técnicas, sino sociales y políticas.

Durante la década de los noventa, las políticas neoliberales que rigieron en el país alentaron la privatización de los servicios públicos. En Buenos Aires, la gestión privada del agua se tradujo en reiterados aumentos de la tarifa y en incumplimientos en relación a las metas de expansión que terminaron afectando principalmente a los sectores más vulnerables. Estos hechos, acompañados de la desfavorable situación financiera que atravesaba la empresa a partir de la crisis económica del 2001, derivaron en la rescisión del contrato de concesión a la empresa en el 2006 y en la creación de la empresa estatal Agua y Saneamientos Argentinos S.A. (AySA)[2]. De ese modo, la gestión del agua retornó a manos del Estado, que se propuso como objetivo virar la lógica mercantil del servicio e incorporar la noción del Derecho Humano al Agua (DHA) dentro de la prestación.[3]

Para ello, AySA ha diseñado un Plan Director de Obras[4] destinado a alcanzar en el largo plazo (2007-2020) la universalización del servicio al conjunto de la población que habita en el área de concesión[5], con la pretensión de revertir la situación de más de 1,5 millones de personas que, al momento de haber asumido la gestión, no poseían agua potable y más de 3 millones que carecían del servicio de cloacas (AySA, 2006). El plan es financiado principalmente a través de transferencias del Tesoro Nacional y en menor medida por préstamos del Banco Mundial, lo que permite entrever que en los últimos años, la apuesta por invertir en la expansión del servicio se ha vuelto una política de Estado. Sin embargo, a ocho años de gestión estatizada del servicio, cabe preguntarse, ¿qué ha pasado en este tiempo con la implementación del Plan? y ¿En qué medida este ha logrado revertir la desigualdad en el acceso al servicio?

Los datos censales y aquellos provistos por la empresa muestran un evidente aumento de la cobertura del servicio en el área de concesión desde la implementación del Plan. Siguiendo los informes anuales de AySA, en el 2006 los valores de cobertura eran próximos al 77% de agua y 58% de cloacas, mientras que en el año 2012 las cifras ascienden al 83% y 63% respectivamente[6]. No obstante, al analizar detenidamente la puesta en marcha de las obras, es posible advertir que en algunas zonas los problemas hídricos están lejos de haber sido resueltos por completo. Se trata en general de áreas urbanas ubicadas en terrenos bajos y contaminados, carentes de todo tipo de ordenamiento estatal en su traza y ocupadas por población de bajos recursos que no ha podido acceder a una vivienda digna. Zonas que presentan elevados índices de vulnerabilidad social, que carecen de cobertura de salud integral y de servicios sanitarios (agua, cloacas y recolección de residuos). Situación que las convierte en áreas de mayor riesgo que otras que están dotadas de infraestructura y de servicios públicos básicos. En estas condiciones, los plazos que presupone el Plan Director no siempre se adecúan a la gravedad y urgencia que la problemática del agua reviste en áreas tan vulnerables. Más aún, incluso con el agua potable en sus redes, la población que allí reside continúa viviendo expuesta a altos niveles de riesgo sanitario producto de la contaminación de la napa freática y las aguas superficiales, así como de las crecidas de los cursos de agua cercanos o que los atraviesan.

Este escenario permite entrever la complejidad que supone la política del agua urbana en Buenos Aires, puesto que no se reduce únicamente a la expansión de la red de agua y cloacas, sino que también exige la articulación de diversas políticas (de planificación urbana, de empleo, de salud, etc.) que se anclan en un mismo territorio. Articulación que muchas veces es difícil de alcanzar debido a la primacía de una lógica sectorial y a la yuxtaposición de competencias entre los distintos organismos encargados de actuar en un mismo territorio. Asimismo, el desafío pasa por acercar los métodos y plazos de las “grandes obras” a problemas locales que requieren de una solución directa.

Ante esta situación, en los últimos años han emergido diferentes organizaciones sociales locales que se movilizan por el acceso a los servicios de agua y de cloacas. Lo interesante y novedoso de estas experiencias es la forma en que estos colectivos territoriales logran construir el reclamo, y con él, una perspectiva distinta sobre el uso y el manejo del agua. Analizando el caso del Foro Hídrico de Lomas de Zamora –organización conformada en el 2000 a partir de una gran inundación que afectó el municipio–, los vecinos que lo integran comenzaron su lucha[7] demandando a las autoridades la construcción de cloacas y de obras hídricas para evitar las inundaciones, aunque con el tiempo el reclamo trascendió la inversión en obras para adoptar una visión más amplia sobre el manejo del agua en la región, que les ha permitido integrar las diversas problemáticas del municipio, y relacionarlas, –como el suministro de agua potable, la falta de cloacas y las inundaciones– dentro de un misma problemática hídrica que atraviesa al área metropolitana en su conjunto. Ello permite extraer un aprendizaje importante y es que los ciudadanos no deben ser concebidos como meros sujetos portadores del derecho a los servicios de agua y de cloacas, antes bien como productores de conocimiento y movilizadores sociales, capaces de intervenir en la elaboración de la política pública. En efecto, nuestro artículo muestra cómo fue construida socialmente mediante un trabajo tenaz en conjunto con otros actores (universidades, centros de investigación y otras organizaciones como Médicos del Mundo).

La experiencia del Foro es un aporte de gran importancia a la hora de pensar cómo adoptar un abordaje integral de la gestión pública del agua urbana. Y esto significa un manejo del recurso que comprenda, por un lado, la complejidad del territorio y la estructura social de la población a la que se dirige, con demandas que reclaman atención inmediata; y por otro, a las voces, visiones y propuestas de la misma población en todas sus expresiones, habilitando el diálogo entre saberes de vecinos, la comunidad académica, las organizaciones sociales, las empresas y las autoridades gubernamentales■


AGUA Y SANEAMIENTOS S.A. (2006) Folleto puntual: Plan de Saneamiento 2007-2020. http://www.aysa.com.ar/index.php?id_seccion=244. (Última consulta: Diciembre 2014).

PAS (2011) Agua y saneamiento: Evidencias para políticas públicas con enfoque en derechos humanos y resultados en salud pública. Washington DC, Organización Panamericana de la Salud (OPAS).

ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS (2011) El derecho Humano al Agua. Hitos. (Programa de ONU- Agua para la Promoción y la Comunicación en el marco del Decenio). Recuperado de: http://www.un.org/spanish/waterforlifedecade/pdf/human_right_to_water_and_sanitation_milestones_spa.pdf


Puede descargar La lucha en Buenos Aires por el derecho humano al agua - Andén 81 en formato .pdf



 [1]El libro fue coordinado por la Dra. Gabriela Merlinsky y realizado por el Grupo de Estudios Ambientales, del Área de Estudios Urbanos del Instituto de Investigaciones Gino Germani (UBA). Se puede acceder a su versión completa en formato digital a través del siguiente link: http://www.clacso.org.ar/libreria-latinoamericana/libro_detalle.php?id_libro=863&pageNum_rs_libros=1&totalRows_rs_libros=845

[2] El capital accionario de AySA se encuentra conformado en un 90% por acciones del Estado y el restante 10% en manos de los trabajadores a partir del Programa de Propiedad Participada.

[3] AySA ha incorporado la noción del DHA dentro de su reglamentación, esto se observa tanto en el Decreto N.° 303/2006 que da lugar a la creación de la empresa, como así también en su marco regulatorio. Supone, según el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Organización de las Naciones Unidas, “garantizar a toda persona el derecho a disponer de agua suficiente, salubre, aceptable, accesible y asequible para el uso personal y doméstico” (Observación N.° 15, DESC)

[4] El Plan Director consiste principalmente en desarrollar infraestructura básica (plantas potabilizadoras y depuradoras de efluentes, y nuevos colectores), ampliar las instalaciones existentes y renovar o rehabilitar las redes.

[5] El área de concesión de AySA comprende la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y diecisiete partidos del conurbano bonaerense, territorio que comprende cerca del 80% del AMBA.

[6] Optamos por tomar los datos de la empresa porque, al ser anuales, permiten hacer un recorte temporal que diferencie los años de ejecución del Plan. Al contrastar estos valores con los datos de cobertura provistos por el Censo Nacional de Población y Vivienda (INDEC), es posible advertir que ambas fuentes dan cuenta de un incremento en la cobertura de ambos servicios.

[7] Mediante protestas con cortes de calle, reuniones asamblearias, capacitaciones barriales hasta negociaciones en mesas de diálogo con funcionarios locales y miembros de AySA, ejerciendo así una fuerte presión social sobre las políticas de agua y saneamiento en el territorio.


Puede descargar La lucha en Buenos Aires por el derecho humano al agua - Andén 81 en formato .pdf