Hay lugares donde la contaminación no es un artículo en el diario del domingo. Territorios extensos cuyos habitantes campean las consecuencias de vivir donde otros abandonan su basura, donde las empresas hacen sus negocios sin que les importe las consecuencias. González Catán –una de las barriadas más pobres del conurbano bonaerense– es uno de ellos. Hartos, enfermos, en duelo por las ausencias que la desidia del Estado generó, sus Vecinos Autoconvocados narran sus padecimientos, sus luchas, pero también sus esperanzas.

 

Se reconocen a sí mismos como un colectivo surgido de la necesidad y de la angustia. Hombres y mujeres de todas las edades, de múltiples oficios y profesiones que desde hace quince años desconfían –con razón– del agua que toman y del aire que respiran. Viven junto a uno de los focos contaminantes más abrasivos de la provincia de Buenos Aires, el Coordinación Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado,[1] un híbrido privado estatal donde se deposita la basura de gran parte de la Capital Federal y sus alrededores. Como si no fuera suficiente, tanto ellos como los vecinos de ciudades y municipios aledaños, padecen la existencia de tosqueras a cielo abierto, grandes excavaciones abandonadas de tierra que se asemejan a espejos de agua. Literalmente, trampas mortales donde se ahogan decenas de jóvenes y adultos pobres que nadan en ellas.

El Ceamse, ese viejo enemigo

Los Autoconvocados son taxativos en su análisis: hay un hilo conductor entre el decreto-ley 9111 que impuso el Proceso de Reorganización Nacional en 1978 y las enfermedades mortales que padecen cientos de vecinos de la zona. Como en los años de plomo, el aire de Catán es irrespirable, pero por otros motivos. El diseño jurídico-administrativo efectuado por la dictadura permitió a la empresa montar y sostener durante más de treinta años un sistema obsoleto de disposición final de residuos que dejó de ser utilizado en otros lugares del mundo desde hace décadas. En enormes cavas de diez metros de profundidad, se arrojan residuos sin ningún tipo de tratamiento, ya sean hogareños, industriales o patogénicos. Las paredes y el piso de esos piletones están cubiertos por una membrana que, ante el peso de las montañas de basura de más de cuarenta metros de altura, se rajan y permiten que se filtre el líquido lixiviado hacia las napas. Este jugo no solo entra en contacto con el cauce del arroyo Morales que atraviesa la zona, sino también con el agua que beben los vecinos en sus casas y escuelas.

Ante la poca rentabilidad que tenía la empresa a mediados de los noventa, el gobierno de Carlos Menem les agregó cincuenta hectáreas a las veinticinco que les habían sido concedidas originalmente; setenta y cinco hectáreas de montañas constituidas por lo peor del consumo.

En el 2003, por iniciativa de un docente y de un enfermero que vivían frente al CEAMSE, los vecinos comenzaron a vincular lo que la gente percibía cotidianamente con las actividades de la empresa. Por ejemplo, que en verano era imposible tener las ventanas abiertas por el olor nauseabundo que ingresaba debido al desborde de los líquidos putrefactos; o que había una inusual cantidad de enfermedades y muertes en la zona. Con esas sospechas, comenzaron a reunirse y a través de relevamientos cara a cara entre vecinos empezaron a tener certezas. Fueron estas certezas las que motorizaron la presentación que en el 2004 realizaron ante el gobierno de la Provincia de Buenos Aires, a partir de la cual la Secretaria de Política Ambiental realizó una serie de análisis en domicilios y escuelas[2]. Los resultados fueron concluyentes: el agua de Gonzalez Catán no era –ni es– química ni bacteriológicamente apta para el consumo humano. El Estado no hizo nada.

En el 2005 hicieron una presentación ante el Juzgado N°5 a cargo del Dr. Juan Pablo Sala –el mismo que intervino en la desaparición de Luciano Arruga–. Sala le ordenó a Gendarmería Nacional que tomara muestras del arroyo Morales y sus afluentes; así se determinó que hay cromo, mercurio y metales pesados cancerígenos. Por lo que ordenó que se proveyera de agua potable a los barrios linderos al CEAMSE. El Estado no hizo nada.

Debido a las manifestaciones constantes y bloqueos a la planta, que incluyeron una brutal represión y decenas de detenciones en el 2007, la empresa decidió tratar los gases que se venteaban sin procesar y que generaban un olor insoportable. Utilizaron un sistema de quema de gases, también caduco, porque no tienen la temperatura adecuada. Ya no hay olor, pero como consecuencia se generan dioxinas y furano, dos componentes también considerados contaminantes.

Un grupo de médicos comprometidos con el caso llevó adelante un relevamiento en el 2014 junto con los vecinos autoconvocados. Se relevaron cincuenta familias, en las que se comprobaron más de doscientas enfermedades en un solo barrio: cáncer, leucemia, enfermedades gástricas y renales sin distinción de edad ni sexo.

La belleza que mata

Además de la contaminación, los vecinos de Catán y otras agrupaciones enfrentan otros peligros vinculados a la ausencia del control del Estado sobre empresas privadas. Los espejos de agua formados sobre tosqueras abandonadas se cobran decenas de vidas al año, aunque el único registro sea la crónica policial. La Dirección de Minería de la provincia de Buenos Aires registra ochenta y tres en funcionamiento. Aunque existe una blanda legislación al respecto, no se cumple en absoluto. La ordenanza 10424 obliga a las empresas extractoras a rodear el predio con alambre perimetral, iluminarlo y vigilarlo las 24 h. Ninguna cumple con estas exigencias.

Ubicadas en lugares de difícil acceso, las tosqueras se transformaron en el parque de recreo de las barriadas más pobres. A simple vista parecen lagos de aguas calmas, reservas naturales. Su estructura en forma de pozo, con cambios abruptos en el declive, sobrepasa los diez metros de profundidad que marca la norma. El abandono empresarial permitió que el agua que proviene de la lluvia, de las napas freáticas y del caudal de arroyos cercanos las volvieran grandes piscinas a cielo abierto. Las muertes no son provocadas por la inexperiencia de los nadadores. El cruce de corrientes que se da en el interior de esas excavaciones produce remolinos y efectos de succión que arrastran hacia el fondo al más experimentado. Incluso las divisiones de buzos de bomberos y policía temen rastrillar en ellas.[3]

Estas tosqueras no solo provocan muertes instantáneas, también, al carecer de vigilancia, son depósitos de basura libres de control, que acaban filtrando hacia las napas de agua de las que los habitantes beben. Aproximadamente mil hectáreas de La Matanza son ocupadas por estos emprendimientos abandonados. Los organismos del Estado intervinientes utilizan un eufemismo para referirse a ellas: pasivos ambientales. Eso es lo que se tiene en mente cuando se piensa en las consecuencias que genera, por ejemplo, la construcción de la Autopista Presidente Perón que unirá la localidad de la Plata con la zona norte de la provincia.

En Gonzalez Catán se encuentra la mayor de todas ellas: la tosquera Larre, padecida por los vecinos de los barrios Las Casitas, La Salle y Las Torres (Pdo. De Merlo).

Lucha y esperanza

No solo es el dolor de las muertes lo que les pesa vecinos. También es el destrato de los distintos estamentos del Estado Municipal, del Provincial y del Nacional que los ignora y, cuando se vuelven insistentes, los reprime. En los últimos diez años de gobiernos progresistas, los vecinos no tuvieron ninguna respuesta concreta sobre las distintas formas de contaminación que padecen. Las empresas acusadas se escudan en el silencio y en el Estado, que los avala y hace negocios con ellos.

Sin embargo no están solos. Junto con agrupaciones de distintos municipios reclaman, militan la causa de una vida digna y libre de contaminación convocando a encuentros de concientización. Han logrado que muchas escuelas de zonas afectadas incluyeran en sus contenidos la reflexión sobre el mal que padecen. Financian sus actividades con festivales, con movidas culturales destinadas a la juventud a la que consideran el grupo más receptivo porque son ellos los que enferman. Participan en todos los foros, hablan con cualquiera que pregunte, buscan soluciones, las proponen sin dejarse captar, horizontales, democráticos. Necesitan cloacas, agua potable, políticas sanitarias focalizadas. Saben que el problema requiere soluciones urgentes. Saben que la enfermedad y la muerte les pisan los talones. Pero sospechan que hay un cambio en movimiento que no vendrá ni de las empresas ni del Estado; que solo la voluntad y la fortaleza de los propios vecinos puede generar el sustrato necesario para que el agua no sea un mal, sino lo que nunca debería tendría que haber dejado de ser: vida■

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[1] CEAMSE.

[2] Escuelas N.° 195, N.° 127, N.° 128.

[3] http://libresdelsur.org.ar/noticia/no-hay-control-sobre-las-tosqueras

https://fororiodelaplata.wordpress.com/2009/04/25/tosqueras-que-se-llevan-vidas-y-contaminan-el-medio-ambiente/


Puede descargar El agua que mata. Vecinos autoconvocados de Catán y la lucha ambiental cotidiana - Andén 81 en formato .pdf