En América Latina, Argentina es uno de los países que más tardíamente reconoció constitucionalmente la preexistencia de los treinta y nueve pueblos indígenas que la habitan. Lo hizo en 1994, con su última reforma constitucional, pero se efectivizó recién en el 2001, oportunidad en que el Estado ratificó el Convenio Nº 169 ante la Organización Internacional del Trabajo). En consecuencia el estado argentino, a diferencia de otros países de la región como Bolivia, Ecuador y México, desarrolló una escasa, o casi nula, política de reconocimiento y reparación para los pueblos indígenas, al mismo tiempo que niega sus derechos, su autonomía y la necesidad de consultarlos en los asuntos que los atañen, aun después del mandato constitucional.