Por La expulsión de los pueblos originarios de su tierra no es una anécdota de los libros de historia. Miles de comunidades en todo el continente padecen en la actualidad la ampliación de frontera agrícola a manos de empresarios y de municipios mafiosos que, con discursos, dan derechos, pero con las manos, niegan. El caso de las comunidades wichi en Salta.
Rivadavia Banda Sur está ubicado en Salta, en el departamento Rivadavia (el segundo más pobre del país)[1], al sur del Río Bermejo, al norte del Departamento Anta, limita al oeste con el departamento Orán y al este con Chaco, posee diez mil habitantes, mitad “criollos” y mitad Wichi. La población se ubicaba en parajes, puestos y comunidades donde se dedicaban a la cría de ganado, a la siembra en “cercos”, a la caza, la pesca y a la recolección de frutos y de miel silvestre. Ahora se localiza entre los pueblos de La Unión, Santa Rosa y Rivadavia, a causa de la migración interna generada por planes sociales, empleo público y algunos servicios. La poca oferta laboral, la discriminación, el racismo y el manejo político, paternalista y punteril de los fondos públicos, condenaron a la mayor parte de la población a sobrevivir con la asistencia del Estado, vendiendo su fuerza de trabajo en fincas, migrando en temporadas de cosecha, como trabajadores “golondrinas” o realizando changas en el pueblo, además de utilizarlos recursos del monte y los ríos degradados hace tiempo.
En julio de 2015 murieron cuatro niños wichis por desnutrición. El Estado lejos de garantizar los derechos básicos de estas comunidades responsabilizó a las propias víctimas[2]. Pero, lo cierto es que ninguna comunidad tiene sala de salud, el hospital de la zona tiene solo dos médicos y pocos recursos materiales (la falta de oxígeno causó la muerte de una niña que se dirigía al Hospital de Oran a 250 km).
El contexto comunitario es tal que, solo gracias al esfuerzo de militantes sociales, comenzó a funcionar en 2016 el colegio de nivel medio 5235 en La Misión de Rivadavia, sin presupuesto ni decreto de creación, con el objetivo de garantizar el acceso a la educación a cientos de niños que nunca antes habían tenido esa oportunidad.
En ese mismo territorio hemos denunciado la acción de un grupo armado, que opera bajo las órdenes del abogado jujeño Omar Quintar[3], que amenazó de muerte a criollos e indígenas, mientras intentaba alambrar el madrejón de Finca “Las Llaves” (2.500 hectáreas, pertenecientes a una familia criolla que desde 1947 paga los impuestos), y que ahora figura en Inmuebles de Salta a nombre de Quintar[4].
Un señor muy amable
Quintar llegó a la zona hace más de una década como “pescador”. Se presentó en “Las Llaves”, pidió permiso para acceder al río, pero luego comenzó un “campamento” sin permiso de la familia. Lo que menos esperaban era que, más de diez años después, ese mismo “pescador” terminara apropiándose de sus tierras. La primera finca que “compró” fue “El Breal”, habitada por una comunidad que, con promesas incumplidas de mejores condiciones de vida, fue desplazada voluntariamente. En esas tierras, están las mejores especies de árboles y plantas que, llegado el verano, ofrecen los frutos más preciados, pero un alambrado impide el acceso a tierras de “uso comunitario” por miembros de El Chañaral (“finca” que también “compró” Quintar, con sus más de treinta familias dentro). No solo eso, sobre el Cañadón “Palo Pique” que atraviesa esas fincas, ahora propiedad de Quintar, él construyó terraplenes para desviar el cauce, construir represas y tener criaderos de animales. Esto es de suma gravedad ya que la función del Cañadón es abastecer de agua el viejo cauce del río y los pozos situados a los márgenes del Teuquito: cuando crece el Bermejo (pasa a 25 km del pueblo), si el Cañadón no estuviese bloqueado, todos los pozos que existen desde el pueblo hacia el este estarían con agua por lo menos hasta el invierno, esto afecta a cientos de familias que perdieron ganado por la falta de agua. En Inmuebles de Salta figuran quince fincas a su nombre: Las Llaves, La Negra, La Soledad, El Totoral Lote 24 y 25, Miraflores Lote 47, Mora Sola Lote 45, San Juan, Chañaral, Reducción Lote 51, entre otras.
Quintar es parte de la burguesía más poderosa de Jujuy y es reconocido por el “fraude procesal” cometido en reiteradas oportunidades. En 2003 la comunidad aborigen La Banda, en Volcán (Jujuy), lo denunció por “turbaciones y violencia” por parte de sus “peones”, quienes se introdujeron en el predio que ocupan para despojarlos de la posesión y destruyeron todo el alambrado llevándose sus pertenencias. “Han desarmado y roto corrales, habiéndose dispersado todos los animales” y sufrieron “la privación del suministro de agua para consumo”, dice la sentencia de 2008. Idéntico es su accionar delictivo y patotero, tanto el de quienes iban en la camioneta Toyota patente AKG-469, en la cual cargaba postes y alambres robados en 2003 a la comunidad jujeña de Volcán, como el de su patota armada en Rivadavia Banda Sur[5].
Gracias al accionar conjunto de comunidades wichi y familias criollas, los “gendarmes” de Quintar fueron detenidos (lúmpenes jujeños, prófugos de la justicia) y él no pudo avanzar con el alambrado, pero sigue intentando quebrar ese accionar comprando favores de autoridades. Su vínculo con la justicia y con la política es indiscutible, por eso el Municipio no avanza sobre los terraplenes y se sigue moviendo con absoluta impunidad. Muchos lo vinculan con negocios ilegales, que se suman a los grandes negociados con las tierras de la zona y que dan muestra del avance en la concentración de estas de la mano de la expansión de la frontera agrícola: 30 km al sur de Rivadavia está “Salta Forestal” sobre RN 16 (Dpto. Anta), trescientas mil hectáreas que el gobierno de Romero entregó al actual diputado nacional Alfredo Olmedo y en el cual desalojan, desmontan bosque nativo y plantan soja, sin pagar ningún canon[6]. También al sur, sobre RP 5, se encuentra “La Moraleja SA” (con un patrimonio de más de cincuenta millones de euros), comprada en plena dictadura y financiada con “dinero negro” de españoles vinculados al PP de Rajoy, principales acusados en los casos de corrupción que estallaron en España en 2013. Más de treinta mil hectáreas donde “golondrinas” cobran salarios miserables por cosecha. El 80% de la producción se exporta al hemisferio norte (incluido un supercontrato con Coca Cola)[7]. Esta finca también fue denunciada en reiteradas oportunidades (la última en 2014 por mil trescientas hectáreas desmontadas ilegalmente)[8]. Recientemente se dio a conocer la intención del “Tata” Martino de desmontar dos mil cuatrocientas hectáreas en finca Totoral, perteneciente al municipio de Rivadavia BS, con el apoyo del propio gobierno provincial; como dijo el Ministro de Ambiente y Producción Sustentable contador Javier Montero: “Queremos incorporar más hectáreas a las que las leyes lo permiten para que se produzca más, entendemos que la provincia debe crecer y generar desarrollo, mano de obra. Eso no se logra si no se pone a las tierras a disposición de los productores”[9]. Cabe preguntarse, ¿cuánta “mano de obra” demandan estos cultivos? ¿En qué condiciones trabajan y cuánto cobran los trabajadores rurales? ¿Cuánta riqueza de estas exportaciones queda en Salta? ¿Qué “desarrollo” se genera para las familias criollas e indígenas desalojadas de estas tierras? ¿Qué vinculación tienen las “catástrofes naturales” con el avance del agronegocio sobre bosques nativos? ¿Cuál es la vinculación entre narcotráfico y trata de personas con la apropiación de tierras a través de grupos armados?
La RP 13 que atraviesa Rivadavia Banda Sur se está asfaltando, y el “desarrollo” trae estos conflictos como sucede en RN 81, RN 34[10] y la recientemente asfaltada RP 54[11]. Los límites a estos atropellos dependen mucho de la organización y de la lucha de todos nosotros, para defender lo que queda del bosque chaqueño, con su riqueza y diversidad social y natural, y para lograr mejores condiciones de vida para las familias y comunidades que lo habitan.
[1] http://www.eltribuno.info/corrupcion-e-impunidad-asi-vive-leopoldo-cuenca-el-senor-rivadavia-n430967
[2] http://www.saltaentrelineas.com/villa-nougues-abeleira-y-cansino-intentaron-explicar-en-diputados-la-muerte-de-ninos-wichis/
[3] http://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-299424-2016-05-16.html
[4] http://www.nortesocial.com.ar/noticia-norte-social.php?IdNoticia=840
[5] http://ar.vlex.com/vid/-353633310?_ga=1.119318350.616938913.1472699385
[6] http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-162319-2011-02-14.html
[7] http://www.elmundo.es/elmundo/2013/01/20/espana/1358718581.html
[8] http://www.greenpeace.org/argentina/es/noticias/Greenpeace-denuncia-deforestacion-ilegal-en-zonas-de-alto-valor-ambiental/
[9] http://www.cuartopodersalta.com.ar/las-topadoras-se-preparan/
[10] http://farn.org.ar/archives/16534
[11] http://www.eltribuno.info/el-corte-la-ruta-54-hace-peligrar-la-paz-social-la-region-n730757
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