Por No conocer cuáles son las ganancias reales de nuestras empresas nos hace pensar que hay una notable evasión fiscal. Se ha convertido a la Argentina en un paraíso fiscal para que los inversores coloquen sus capitales sin mayores costos fiscales, pudiéndolos sacar a piacere, en la cuantía que resulte conveniente.
Cuando tomamos conocimiento de que el Diputado Héctor Recalde presentó un proyecto de ley que regula la participación de los trabajadores en las ganancias de las empresas, una ráfaga de aire puro y fresco nos llenó de alegría. Tuvo que pasar medio siglo para que se instalara en el Congreso de la Nación una propuesta del constituyente argentino, que aunque naciera de facto en el art. 14 bis de 1957 luego logró legitimación democrática con la reforma constitucional de 1994.
¿Cuáles fueron las razones de tanta dilación en el tiempo? Acaso el falaz argumento de que la justicia social no podía lograr encarnadura en una norma nacida a un costado de la voluntad de un constituyente auténtico. No es otra cosa que un puro sofisma argumental. Porque si esa norma de facto fue aprobada al margen de la voluntad de un Congreso inexistente para declarar la necesidad de la reforma, no menos cierto fue que luego hubo un constituyente que sancionó democráticamente el 14bis, y si ese argumento no alcanza, tampoco es menos cierto que de iure o de facto la Constitución, ese texto constitucional, era claramente programático: es decir, que era necesario que luego una ley del Congreso estableciera las condiciones y alcance de la participación laboral en las ganancias del empresariado.
Otro argumento que escuchamos en los corridos de la actividad política fue que los trabajadores, organizados gremialmente, por supuesto, no querían correr el riesgo de que si las empresas los hacían participes de sus ganancias, luego pretendieran hacerlos participes de sus perdidas. Doble falacia en esta argumentación, que la convertía en hipócrita, porque en primer lugar, la Constitución habla de participación en las ganancias, y las pérdidas nunca son ganancias; en segundo lugar, porque quienes no son los titulares del capital de riesgo, es decir los trabajadores, nunca pueden tener pérdidas: ellos son acreedores a percibir sus salarios, fruto de su trabajo no especulativo, y a una indemnización por despido, nunca a contribuir en paliar el riesgo empresario.
Hay asimismo un tercer argumento, que puede ser el más importante en este criterio restrictivo que se ha tenido para hacer operativo el art. 14 bis constitucional. Ese argumento es el temor de los empresarios -y con ellos de la dirigencia política que viven de sus aportes en tiempos de campaña- de que los trabajadores, al ser llamados a participar en las ganancias empresarias, tengan, como consecuencia obvia, el derecho a tener información sobre el manejo económico de sus respectivas empresas. Esa información es peligrosísima para la conducción empresaria. Lo más grave es que no solamente los trabajadores se ven afectados por el referido incumplimiento, sino también el Fisco Nacional. No conocer cuáles son las ganancias reales de nuestras empresas debe conducir a una notable evasión fiscal. Es por eso que el principal argumento esgrimido por los objetores de la iniciativa, es que, de aplicarse esa norma, se afectará el ingreso de capitales de inversión extranjeros. Se trata de más de lo mismo en toda nuestra historia en materia fiscal: haber convertido a nuestro país en un paraíso fiscal para que los inversores coloquen sus capitales sin mayores costos fiscales, pudiéndolos sacar a piacere, en la cuantía que resulte conveniente.
En realidad el argumento de fondo, para no leer ni aplicar la referida norma constitucional en juego, ha sido producto de la ignorancia de la dirigencia argentina: tanto de los políticos, de sus asesores especializados en materia productiva, que con frecuencia lucen por su ausencia, y, desde ya, de la ignorancia de la dirigencia empresaria argentina. Se ignora que la participación en una cuantía del lucro empresario es un factor de motivación activo que opera como correa de transmisión para producir más y mejor, y por supuesto, para producir en términos de mayor calidad en los productos. Esta mejora en la producción es clave para las exportaciones como fuente de la riqueza nacional, como también para la mejora en la calidad del consumo interno de nuestro pueblo.
El proyecto de ley que se encuentra en discusión en el Congreso habla de una participación del 10% en las ganancias de las empresas por parte de los trabajadores. No nos parece apropiado sostener que esa cuantía es pequeña, grande ni módica. Lo decimos porque realmente no podemos saberlo. Lo que si nos resulta claro es que hablar simplemente de un 10%, sin definir con precisión como se computa dicho monto, puede generar un venero de disputas entre los trabajadores, agremiados o no. Tendrá su importancia saber si ese porcentaje es sobre las ganancias que ya han pagado todos los impuestos que gravan las respectivas actividades. Saber si el porcentaje lo es del capital, a partir de qué tasación, la fiscal o la del mercado. Saber si ese porcentaje se añade al sueldo. Saber si la norma se aplica al personal con estabilidad o también al contratado. No hagamos de una regla llena de potenciales virtudes, una fuente de litigios que no beneficie a nadie, y que termine perjudicando a todos.
De lo que no tenemos la menor duda es que nuestro sistema de producción capitalista tiene que tener un alcance social abarcativo de toda la sociedad. La “riqueza de las naciones”, que predicara Adam Smith, implica un capitalismo sin pobres. Es decir, una “nación” donde todos tengan trabajo. Los desocupados es obvio que no solo no tienen trabajo, sino que tampoco pueden tener ganancias. Si se crea un fondo, obtenido de ese aporte del 10%, se va a achicar la torta participativa real. Se advierte que el tema de atender a la desocupación y a la creación de empleo es una cuestión de vasta complejidad, que merece un tratamiento por separado. No se trata de “tapar el cielo con un arenero”.
Bienvenida la iniciativa del Diputado Recalde. Se hace camino al andar. También se hace historia. La historia grande del estado social y democrático de los argentinos■
Por 
