Un periodista australiano desde su página web,  WikiLeaks, ha conmocionado al mundo difundiendo más de doscientos mil documentos reservados del Departamento de Estado de los Estados Unidos de Norte América, donde se dan instrucciones a sus embajadores para averiguar información sobre el estado de salud mental de algunos Presidentes Latinoamericanos, sobre actividades vinculadas a la corrupción de ciertos funcionarios en esos países, como cuestiones principales.

La pregunta fundamental es si el Estado goza de intimidad, protegida frente al derecho a la información de los medios de prensa, como se la reconociera la Corte Suprema argentina al dirigente radical Ricardo Balbín. Los “hombres públicos” también tienen vida privada.  ¿Y el Estado es una persona pública o privada? nos preguntamos. El secreto de Estado no es un derecho público subjetivo no enumerado que nace de la “soberanía del pueblo” y de la forma republicana de gobierno, como reza el art. 33 de la Constitución Nacional.

Ahora bien, el Gobierno de los Estados Unidos está buscando por todo el mundo a Julian Assange, para capturarlo como un infractor de su sistema de seguridad. Invocará razones de orden público basadas en el derecho de gentes para hacerlo. Pero, simultáneamente, los pueblos de Latinoamérica también quieren saber de qué se trata, precisamente en defensa de su sistema republicano de gobierno, lo cual le concede un derecho público subjetivo inequívoco.  Puja de derechos, no cabe duda, que también debe ser mirado desde la óptica del respectivo derecho penal, en especial del derecho penal internacional.

De todos modos nuestro consejo va por el campo de la investigación científica. Que los Estados profundicen su técnica de encriptamiento de la información sensible que les concierne.  El derecho no es la única clave para el progreso humano. En este  caso es una apelación a la defensiva frente a la insuficiencia del accionar científico y tecnológico■