Han pasado ya muchos años desde la recuperación de la democracia en la Argentina y el fin de la violencia institucional por fuera del Estado de Derecho quedó en el pasado aunque aún en nuestros días podemos mencionar numerosos casos de violencia institucional que a diario se suceden en todo el territorio nacional. Porque a pesar de algunos avances que en materia de DDHH se han realizado, quedan muchos temas aún pendientes y que afectan la vida concreta y cotidiana de millones de personas.

Ya han pasado 28 años desde aquella primavera democrática y podemos decir que ello no ha sido en vano, entre otras cosas, porque si algo se hizo en nuestro país fue reconstruir la verdad sobre los horrores del pasado a través de la creación durante el gobierno de Alfonsín de la CONADEP, que estuvo presidida por el ya fallecido Ernesto Sábato e integrada por personalidades del quehacer nacional con la autoexclusión del justicialismo.

Y que tuvo entre sus misiones fundamentales redactar y elaborar un informe sobre los actos de terrorismo, la violencia, la tortura, la desaparición y la muerte de miles de argentinos, titulado finalmente bajo el nombre nunca más.

Pero además porque esa reconstrucción de los sucesos del pasado sirvió para sentar en el banquillo de los acusados y encarcelar a los responsables de la masacre vivida en la Argentina a través del ejercicio ilegítimo de la fuerza y la violencia estatal ejercida y comandada por las Juntas Militares que gobernaron al margen de la Ley durante los años 1976 a 1983.

Esos hitos, sin duda, sirvieron para profundizar 25 años más tarde –luego de los indultos durante el primer gobierno de Carlos Menem- ese proceso de reconstrucción de la verdad a través del avance de las causas en materia de DDHH cuando las aguas estaban –hay que reconocerlo- más calmas que en aquellos años turbulentos de la transición democrática.

Hechas estas breves reflexiones y con el ánimo de profundizar el debate en torno a los desafíos que en el Siglo XXI tenemos los argentinos en materia de DDHH creo que debemos dar un salto cualitativo y poner las energías en reconceptualizar las prioridades que hoy tenemos en materia de resolución de la problemática actual de la violación de los Derechos Humanos.

Solo para enumerar algunos ejemplos, creo que hoy los argentinos necesitamos elaborar un conjunto de planes y ejecutarlos de manera eficiente para la obtención de los resultados que nos proponemos, y que entre otras cosas, permitan terminar con la pobreza estructural que impide el acceso a millones de compatriotas a la alimentación, a la educación, a la vivienda, la cultura, a la recreación y al deporte.

Así como también discutir, a la luz de los nuevos paradigmas que nos plantea las sociedad del siglo XXI, como logramos impulsar el desarrollo sustentable de nuestro país para mejorar la calidad de vida de la gente, generar empleos estables y de calidad, aumentar la riqueza y distribuirla equitativamente, resolver eficientemente las necesidades de la vida en sociedad y reducir los impactos ambientales negativos de las actividades humanas para garantizar a las actuales y futuras generaciones el derecho a gozar de un ambiente sano.

En fin, podemos seguir enumerando cantidad de temas y cuestiones que deben estar en la agenda de los Derechos Humanos de toda la militancia política y social de nuestro país -no solo en el más alto nivel sino en cada lugar de la vida cotidiana – trabajando cada uno, desde luego, desde el lugar en el cual nos sentimos contenidos: los partidos políticos, los sindicatos, las cooperadoras, los centros culturales, los clubes deportivos, las sociedades de fomento o vecinales, las organizaciones ambientales y de consumidores, las organizaciones empresariales y comerciales, las asociaciones profesionales, científicas, académicas, periodísticas y de las comunidades originarias y de residentes extranjeros.

Por último, quisiera hacer una llamado a toda la militancia de nuestro país para que el 10 de diciembre no solo se conmemore en todo el país esa fecha como el momento en el que quedó atrás la época del horror en la Argentina sino además que ese sea un día que nos permita encontrarnos a los argentinos para dialogar y arribar a consensos en torno a la resolución de los derechos humanos inconclusos o que aún no han sido efectivamente garantizados.

Y sugerir que así como Raúl Alfonsín siendo presidente electo decidió asumir un 10 de diciembre en 1983 –para que coincida el inicio de un nuevo gobierno democrático con la conmemoración de la aprobación de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre – esta vez todos los militantes del país estemos dispuestos a hacer coincidir el inicio de un nuevo gobierno en el país y en muchas provincias y municipios para que en esas vísperas los militantes de todo el país nos juntemos a reflexionar y a trabajar sin más demora en la resolución de los nuevos desafíos que nos plantean la cuestión de los Derechos Humanos en los inicios del siglo XXI■   

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