Por Andén estuvo dialogando con el Lic. Echenique sobre los desafíos que tenemos por delante los argentinos en materia de política educativa. El cumplimiento de los objetivos de la Ley Nacional de Educación, la reforma pendiente a la Ley de Educación Superior, la renovación de las autoridades en la UBA, la política educativa de Macri en la ciudad de Buenos Aires y la creación de un ámbito de características similares al Congreso Pedagógico Nacional, impulsado por Alfonsín en los años ’80, son algunos de los temas sobre los que reflexiona el maestro de la educación popular Mariano Echenique.
ANDÉN: ¿Cuales son los temas centrales que deben guiar el debate público y el accionar del Estado en el ámbito educativo durante el año 2010?
MARIANO ECHENIQUE: Un primer tema es logar el cumplimiento de los objetivos de la Ley de Educación Nacional 26.206 que se sancionó hace tres años, en diciembre de 2006. Sobre todo en cuanto a la obligatoriedad de la educación secundaria que, junto con la universalización del nivel inicial, son los dos desafíos más importantes en cuanto a la cobertura educativa de la población.
Un paso muy importante que se dio este año para lograr la universalidad y obligatoriedad de la secundaria es la asignación universal por hijo de ocupados en negro y desocupados, porque para recibir esa asignación es obligatorio que manden a los hijos a la escuela y les hagan los controles sanitarios.
A.: Además de la asignación universal ¿qué otras acciones se deberían poner en marcha para erradicar definitivamente la deserción escolar?
M.E.: La escuela primaria está universalizada, con lo cual el problema grave es la cobertura en el nivel secundario. Es necesario, por una parte, que la infraestructura, el equipamiento y la creación de los cargos docentes y los edificios, necesarios para incorporar a los cientos de miles de chicos adolescentes, sobre todo de 16 y 17 años que no asisten a la escuela secundaria y van a asistir en función de la obligatoriedad que impone la asignación por hijo. Y junto con eso está la cuestión pedagógica, o sea, de qué manera la escuela se prepara para recibir, contener y dar cabida a estos adolescentes que vienen de los sectores más excluidos de la sociedad. Es un desafío pedagógico y a la imaginación de los políticos, de los pedagogos y de los maestros y profesores para poder hacer que esa presencia de adolescentes, que estaban excluidos de la escuela pública, sea una presencia que realmente los potencie y los ayude a tener una escolaridad exitosa.
A.: La Municipalidad de Chascomús junto con la Universidad de Buenos Aires puso en marcha el programa de voluntariado de apoyo escolar y alfabetización TODOS TENEMOS DERECHOS y usted fue uno de los capacitadores de los voluntarios. ¿Qué reflexión le merece la puesta en marcha de este programa?
M.E.: Creo que el programa ha sido un gran éxito por varias razones. En primer lugar porque, sobre una población de 40 mil habitantes, 150 manifestaron su voluntad de participar y cerca de 100 terminaron el curso. Si uno lo compara porcentualmente en términos de la población es un porcentaje muy significativo y que sería imposible de lograr en la gran mayoría de las ciudades del país.
Además, en la composición del alumnado prevaleció mucho la porción de los menores de 25 años, y esto es muy difícil de lograr y creo habla muy bien del interés en participar de toda la comunidad de Chascomús, y especialmente de los jóvenes que son una parte muy significativa.
Por otra parte, inmediatamente después de que terminó la capacitación empezaron a funcionar dos sedes para brindar apoyo escolar en el Barrio Iporá y la Orquesta Escuela. Visitando estas dos sedes y observando el compromiso de los voluntarios y de los directivos de las instituciones, podemos reafirmar que ha sido una experiencia muy importante para todos. Para los voluntarios, para nosotros como docentes y para toda la comunidad.
A.: La discusión acerca de una nueva Ley de Educación Superior es uno de los temas pendientes de la agenda legislativa y usted estuvo trabajando en un proyecto de ley que se presentó en el Senado de la Nación. ¿Cuál es el panorama que se presenta para el 2010 respecto de este tema?
M.E.: En estos momentos hay más de una docena de proyectos legislativos con estado parlamentario que proponen cambios en la educación superior. Se ha llegado a ciertos consensos en las comisiones de senadores y de diputados, como por ejemplo en la gratuidad de la educación de grado, el cogobierno, la autonomía, en forma responsable, el compromiso social de la universidad y excluir a la educación superior de los acuerdos internacionales de comercio. Es decir, que se la considere un derecho humano y un bien público y no una mercancía que pueda ser intercambiada libremente.
Está en discusión los alcances del cogobierno y la proporción de los docentes, graduados, profesores y no docentes. Otro tema son los alcances del claustro de profesores porque algunos proponen seguir con el régimen actual, en el cual solamente los profesores titulares y adjuntos puedan votar, y otros proponen la ampliación del claustro a los jefes de trabajos prácticos y a los docentes auxiliares y en ese caso qué requisitos deberían cumplir.
Volviendo al compromiso universitario que desarrollamos en Chascomús, también se está hablando actualmente de incorporar una suerte de posgrado social en el cual todos los graduados hagan un servicio de extensión universitaria, durante un lapso de tiempo, en los sectores que más necesitan de esa tarea.
A.: Esta semana se eligió el rector de la UBA en una situación no muy tranquila ¿Qué reflexión le merecen los acontecimientos producidos?
M.E.: Hubo clara mayoría de 144 asambleístas que reeligieron al Rector Hallu. Los sectores de la llamada “FUBA piquetera” quisieron impedir la votación como en el 2006 a través del ejercicio de la violencia.
Para sortear la violencia hubo que hacer la asamblea en el Congreso, al igual que en el 2006, y los asambleístas debieron llegar en un subte especialmente destinado y en combis a contramano.
A.: A raíz de las escuchas telefónicas que involucraban a funcionarios del ministerio de Educación en la ciudad de Buenos Aires, Macri designó a un nuevo ministro que fue cuestionado por docentes y el arco opositor…
M.E.: La designación de Abel Posse tiene dos grandes problemas. En primer lugar, refleja que al Jefe de Gobierno no le interesa la política educativa en la Ciudad. Ha nombrado a una persona que ha dedicado su vida a la diplomacia y la literatura pero que es completamente ajeno al conocimiento de los problemas del sistema educativo y no tiene capacidad para ser ministro de la Ciudad.
En segundo lugar, es una persona que ha manifestado públicamente su visión retrograda de la historia, su compromiso con las visiones de la dictadura militar, su desprecio por los Organismos de Derechos Humanos y los trabajadores de la educación organizados, los derechos de los estudiantes.
Una persona que piensa de esa manera tiene derecho a escribir su opinión en los diarios que le parezca, pero no puede estar en el centro de la escena de la política educativa de un distrito tan importante como lo es la ciudad de Buenos Aires.
A.: En los años 80, durante el Gobierno de Alfonsín, se impulsó la creación del Congreso Pedagógico Nacional, que tenía como objetivo generar un ámbito de participación de los distintos sectores de la educación (docentes, alumnos, padres) en la definición de las reformas educativas. ¿Cree necesario convocar a una instancia de participación de estas características?
M.E.: Creo que a 21 años del Congreso Pedagógico es necesario volver a renovar el compromiso de crear ámbitos que le permitan a la gente acercarse a las decisiones de política educativa. A diferencia de los años ’80, tenemos la ventaja de los medios virtuales, como internet. Creo que, sin dejar de lado el carácter presencial que pueden tener las asambleas o reuniones para discutir temas educativos (como los que tuvieron lugar antes de la sanción de la ley de educación en el 2006) o en función de la discusión de la Ley de Educación Superior, es necesario incorporar las nuevas tecnologías para lograr un mayor debate y compromiso de toda la sociedad en la definición de los objetivos que deberían llevar adelante tanto el Gobiernos Nacional como los Gobiernos provinciales y las universidades autónomas en función de una política educativa que garantice el alcance, la gratuidad y un mejor nivel educativo y académico para todos■
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