Por ¿Por qué una fecha es pertinente? ¿Se debería rememorar el comienzo o el fin? Las razones por las cuales se debería replantear (o poner en discusión) la elección. El fantasma del disciplinamiento social como método de conservación de privilegios y el riesgo de postular una visión impoluta de la democracia. La necesidad de una mirada crítica.
¿Cuál debería ser el día adecuado para celebrar el Día de la Memoria (con las mayúsculas correspondientes)? ¿El 24 de marzo o el 10 de diciembre? ¿El día que los militares decidieron tomar las riendas para continuar el genocidio mediante la sistematización del terrorismo de Estado o el día que entregaron el poder a un gobierno elegido democráticamente (una fecha, digamos, que tiene su peso simbólico)?
Se puede sostener que el 24 de marzo es una fecha inoportuna: Martín Caparrós objeta la elección del día señalando que “significa, antes que nada, insistir en el recuerdo de que los ricos argentinos estuvieron –y están, seguramente– dispuestos a hacer de todo para seguir siéndolo: si lo hicieron entonces, por qué no en cualquier otro momento, si ven necesidad. Una forma de agitar el fantasma para producir disciplina social: muchachos, acuérdense de aquello, no se olviden de que si quieren cambios importantes no les va a salir gratis”. Por fuera de que Caparrós es intencionalmente esquemático –hablando de los ricos, sin hacer mención que el golpe contó con un consenso inicial de sectores sociales que luego fueron víctimas de la represión–, el derrocamiento del gobierno de Isabel Perón constituyó el establecimiento de un gobierno dictatorial que tuvo como objetivo principal el disciplinamiento social de los sectores subalternos –definiendo a todo aquello que planteara objeciones como “subversivo”– y el cambio de la estructura productiva del país. La dictadura estableció un patrón de acumulación basado en la concentración económica –en beneficio de los grupos económicos locales y empresas extranjeras con filiales en nuestro país– y la super-explotación laboral: en el período aumentó el desempleo y aumentó la productividad de los trabajadores (al generarse ese doble proceso, se consolidó la transferencia de recursos del sector asalariado al empresario). Este plan se implementó con la disolución de la actividad sindical, el control interno de las fábricas y el terror. Para acabar con el Estado interventor, se produjo la –hasta ese momento– insólita alianza entre el sector más ultramontano de las fuerzas armadas y los sectores empresarios más ortodoxos (hubo momentos de acercamiento, pero siempre con reticencias: Krieger Vasena, ministro de economía de Onganía, ultraliberal, pudo hacer poco si se lo compara con el poder de destrucción que tuvo Martínez de Hoz). La apertura económica fue realizada bajo el fuego de la represión. Optaron por profundizar la salida más drástica.
El año pasado –en esta columna– se señaló que existía un punto ciego en el proceso de transición entre ambos procesos. Que hubo un quiebre, pero que también había una continuidad con el modelo en ciernes: la actividad para-estatal de la Triple A, las operaciones militares previas al golpe y las medidas económicas de Celestino Rodrigo allanaron el camino de los militares que después habrían de tomar el poder. La Triple A permite explicar por qué fue un genocidio –pese a la tipificación de Naciones Unidas, que excluye a los grupos políticos por las presiones que ejercieron los soviéticos, que no querían revisar las purgas estalinistas–: si el objetivo hubiese sido el combate del terrorismo, habrían tenido como objetivo el terrorismo de derecha; pero, como dijo el canciller vicealmirante Guzzeti, “‘el terrorismo de derecha no es tal’ sino ‘un anticuerpo’” (extraigo la cita de una nota al pie de la Carta abierta de Rodolfo Walsh). Por otra parte, las operaciones militares –contra Montoneros en Formosa y contra el ERP en Monte Chingolo– fueron muestras palmarias de la desactivación de la guerrilla antes del 24 de marzo de 1976; allí fue explícita la asimetría de los contrincantes, de los “dos demonios”. Con respecto a este punto, Caparrós señala –para objetar la fecha elegida– que “postular que todo empezó el 24 de marzo es una forma de exculpar al gobierno democrático de Perón, Perón y compañía: un modo de pretender que todo el mal empezó con el golpe, que la democracia no torturó, secuestró y mató, democráticamente, a cientos de personas. No; hay que presentar una ruptura brutal donde no la hubo y seguir vendiendo que la democracia es impoluta inmaculada, el mejor de los mundos, que los malos fueron esos militares sanguinolentos feos y que todo aquello fue un paréntesis que ya se cerró, que quedó en el pasado”. La idea es perturbadora, porque expresa que la democracia formal, en sí misma, no implica la cesación de la represión, de la desactivación del terrorismo estatal, de la actividad paramilitar planificada y sustentada en la oscura oficina de un ministerio –volvemos a la Triple A–. Que en la democracia pueden ocurrir crímenes aberrantes, delitos de lesa humanidad. Que en la democracia puede surgir un Rasputín, un brujo maldito, que tuvo un sustento que le permitió hacer y deshacer a gusto (no se puede desvincular los individuos de los procesos sociales, no se puede extrapolar la historia. Que el país haya quedado en manos de gente que intentó revivir a Perón con brujería –tal como dijo alguna vez José Gelbard, Ministro de Economía del tercer período justicialista– responde a una construcción política reaccionaria, a un régimen de alianzas que decidió sostener el viejo líder).
Caparrós señala que deberíamos celebrar, rememorar, el día en que se acabó, el día en el que el poder fue entregado a un gobierno elegido en elecciones libres. Y que, al recordarlo, expliquemos (o, mejor dicho, intentemos explicar) qué implicó ese golpe, qué consecuencias sociales tuvo: cómo se modificó la sociedad, qué sistema de valores se intentó imponer, mediante qué mecanismos. Qué alianzas se produjeron para que sea posible, cómo confluyeron los mandos de las Fuerzas Armadas y los sectores antiperonistas. Cómo se constituyó el consenso inicial. Qué imaginario de orden elaboraron los militares en el momento anterior al golpe, en qué contexto social y político; qué continuidades persisten entre ese viejo imaginario y el actual. Cómo lo recibieron el Estado y cómo lo dejaron. Quiénes fueron los triunfadores y quiénes los derrotados (no sólo los trabajadores fueron los perdedores: también quebraron, producto de la apertura económica asimétrica, sectores empresarios medianos y pequeños).
Es un imperativo moral reconstruir críticamente el período. La fecha señalada por Caparrós no es fortuita: el 10 de diciembre es el día de los Derechos Humanos. Habría una continuidad lógica entre esta fecha y el Día de la Memoria. (Ah, y también es el día en que falleció Augusto Pinochet, el sanguinario dictador chileno. Las coincidencias a veces son macabras. O, si se prefiere, paradójicas)■
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