El 24 de Marzo de 1976, se produce el sexto y último Golpe de Estado militar o cívico-militar del siglo XX en la República Argentina. El primer Golpe de Estado fue realizado por el corporativista general José Félix Uriburu en septiembre de 1930, quién interrumpió el gobierno constitucional del Presidente Hipólito Yrigoyen. El segundo fue el golpe pro-nazi del G.O.U. en junio de 1943. El tercero, en el año 1955, fue el que puso fin al gobierno constitucional de Juan Domingo Perón. El siguiente, tendrá lugar en el año 1962, con la consecuente caída del Gobierno constitucional del Dr. Arturo Frondizi.

En el año 1966, se produce un nuevo Golpe de Estado, impulsado por los representantes de los intereses petroleros y los laboratorios medicinales extranjeros, en complicidad con el sector nacional-católico del ejército, liderado por el general Juan Carlos Onganía, quien pone fin al gobierno constitucional del Dr. Arturo Illía. Finalmente, el Golpe de Estado ocurrido el 24 de Marzo de 1976 pone fin al gobierno constitucional de la señora María Estela Martínez de Perón.

Este rol de tutela de las fuerzas armadas ha sido avalado por diversos sectores de la sociedad civil, fundamentalmente aquellos ligados al privilegio, a los que se han sumado las corporaciones (Iglesia, Empresarios y Sindicatos, etc.), dándole a las Fuerzas Armadas el consentimiento necesario. También es justo aclarar que hubo voces de alerta y oposición, como la del Dr. Ricardo Balbín (Presidente de la UCR) y otros políticos de la época, que procuraban salvar la institucionalidad buscando salidas a la crisis, previstas en la propia Constitución, como sería llegar a las elecciones previstas para el año 1977.

Un ingrediente distintivo en esta oportunidad fue el enfrentamiento entre sectores de la derecha y la izquierda peronista, a lo cual se sumaban otras organizaciones que apelaban a la violencia, para llevar adelante sus objetivos, poniendo en jaque al Estado de Derecho. En tal sentido, desde el propio Estado y coordinado por el Ministro de Bienestar Social del Gobierno de Perón e Isabel Perón, José López Rega, entra en escena la Triple A, como fuerza paramilitar, amenazando, secuestrando y atentando contra la vida y la integridad de los ciudadanos que se opusieran a sus propósitos políticos-ideológicos, y generando como consecuencia un penoso camino hacia el exilio y de persecución sistemática. Resulta importante destacar también, el Decreto que firmó el Presidente Provisional del Senado a cargo del Ejecutivo Nacional Dr. Ítalo Luder, (por licencia de la Sra. de Perón), en el cual se dispone que las fuerzas armadas están autorizadas a “aniquilar la subversión”. Entre los hechos de represión llevados adelante amparándose en el Decreto firmado por Ítalo Luder, podemos destacar el Operativo Independencia en la provincia de Tucumán y la desaparición de más de 2.000 personas antes del Golpe de Estado del 24 de marzo de 1976.

Ante cada Golpe de Estado en la Argentina, inmediatamente se desconoce el valor de la Constitución y de la soberanía popular, dado que los gobernantes en adelante no serán elegidos por el Pueblo sino que, por el contrario, son impuestos por aquellos que poseen la fuerza de las armas, con el aval de quienes ostentan el poder corporativo y contando además, con el reconocimiento internacional.

A 35 años de la última dictadura, los ciudadanos padecemos las secuelas de esta continuidad de Golpes de Estado y gobiernos autoritarios que se han desarrollado durante todo el siglo XX, y han dejado en nuestra sociedad una pesada herencia, impidiendo muchas veces el ejercicio pleno de nuestros derechos y libertades como ciudadanos, desalentando el compromiso y la participación en los asuntos públicos, y limitando, de la mano de las corporaciones, las reformas democráticas necesarias, sobre todo en lo referente a la formación y educación.

En tal sentido, han sido las Universidades Públicas uno de los objetivos de los gobiernos autoritarios para eliminar todos los avances que garantizó la Reforma Universitaria de 1918, procurando reducir a la mínima expresión el debate, el intercambio de opiniones, el espíritu crítico, la reflexión y la participación política. Por el contrario, se ha procurado establecer un régimen de control ideológico, de la mano de la idea de la existencia de un pensamiento único.

Para finalizar, entiendo que la dictadura que tuvo lugar en Argentina entre los años 1976 al 1983, le ha dejado como lamentable legado a la incipiente Democracia: miles de desaparecidos y la violación de los Derechos Humanos; la multiplicación alarmante de la deuda externa; la destrucción de la Industria Nacional; un alto índice de desocupación; un gran índice de analfabetismo e igualmente de desnutrición infantil; pero, sobre todo, ha dejado estructuras fascistas, que nos han condicionado y nos condicionan en el desarrollo de un estilo de vida democrático, que hoy en día no hemos superado, y esta acción antidemocrática se ejerce a través de la influencia de las corporaciones que dominan la vida pública y de prácticas autoritarias en nuestra cultura política, que nos impiden desarrollar plenamente nuestros derechos y compromisos como ciudadanos libres.

En tal sentido, al conmemorar este 35 aniversario del último Golpe de Estado en Argentina, hagamos los esfuerzos militantes necesarios para llevar adelante una profunda tarea de concientización sobre la importancia de cimentar y otorgar valor a las instituciones democráticas, garantizar la formación de ciudadanos con espíritu crítico y la participación de estos en las instituciones políticas partidarias, para que, de cara al futuro, este compendio de Golpes de Estado que la Argentina soportó durante todo el siglo XX se convierta solamente en un mal recuerdo y comencemos a construir un país donde el respeto a los derechos y deberes de todos y todas, la tolerancia hacia quienes poseen ideas distintas, y la transparencias en los asuntos públicos se conviertan en una realidad tangible de la Argentina del siglo XXI■