Quedaron atrás los tiempos en que las instituciones estatales operaban como los principales reguladores de la vida social. Pero sería apresurado concluir que nos hemos liberado de cualquier tipo de regulación. Por el contrario, cabe sostener que actualmente hay múltiples y complejas regulaciones operando en simultáneo sobre nuestra subjetividad. En esta nota nos proponemos esbozar un análisis, parcial sin dudas, de algunas de estas nuevas modalidades de regulación del sentido tal como se manifiestan en el espacio virtual de los grandes mass media[1] a través de las nuevas tecnologías (web 2.0).
Yo no fui. Es habitual encontrar al final de las notas periodísticas, justo antes de que se inicien las intervenciones de los lectores, advertencias como: “El diario no se hace responsable de los comentarios”. A primera vista, podríamos suponer que, puesto que no asume la responsabilidad, el diario no tiene porqué evaluar la pertinencia de los comentarios. Si así fuera, las opiniones de los lectores fluirían sin ningún filtro, de una manera totalmente “libre”. En última instancia, si algún comentario infringiera alguna norma pública, quien debería responder ante las autoridades competentes sería su único responsable: el usuario. Al respecto, dice La Nación: “El contenido de cada mensaje enviado por el Usuario […] y de los nicks utilizados por cada Usuario en el/os Servicio/s es de única y exclusiva responsabilidad civil y penal de quien lo envió y/o utilizó”.[2] Ahora bien, si las cosas fueran de este modo, entonces tendría mucho sentido afirmar que los medios de comunicación tan solo exhiben públicamente lo que dice la gente. Pero, en rigor, las cosas funcionan de otro modo.
Aquí vale (casi) todo. ¿Podemos decir cualquier cosa y de cualquier modo? ¿Cualquiera puede hacerlo? “Casi” todos los usuarios-comentadores de los diarios online pueden decir “casi” lo que se les antoje y “casi” de cualquier manera. “Casi” ─decimos─ porque el uso de estos servicios en realidad “implica la aceptación de todos y cada uno de los términos y condiciones del Reglamento”; los cuales, por cierto, no son pocos. Primero, no se puede comentar sin estar previamente registrado, y las cuentas deben estar activas. Esto es, hay que “pertenecer” al registro de la compañía. Además, el comentador tiene que ser mayor de edad y “capaz”. Puede usar cualquier nick, sí; pero no puede decir ni hacer cualquier cosa, sin consecuencias. Contra lo que cualquiera podría suponer al leer los comentarios, lo cierto es que está prohibido usar lenguaje ofensivo, discriminatorio u obsceno, así como también cualquier tipo de ataque personal contra otros usuarios o terceros, como amenazas, acosos, insultos o avergonzándolo. Tampoco está permitido atentar contra las leyes, las buenas costumbres y la moral. Está prohibido publicar mensajes que puedan herir o afectar la sensibilidad del resto de los usuarios y de terceros. Y cosa curiosa: no está permitido desviarse del tema propuesto. Muchas más son las reglas establecidas, y cuando un comentador no se aviene “al fiel cumplimiento a la normativa vigente” y las incumple de cualquier manera “que S.A. LA NACION considere inadecuado a su solo criterio y discreción”, el diario “se reserva el derecho de interrumpir o finalizar el acceso del Usuario al/ los Servicios por cualquier causa, en cualquier momento y sin necesidad de previo aviso”.
Una reflexión aparte merece otra de las condiciones, que advierte: “El Usuario autoriza en forma gratuita a S.A. LA NACION o a cualquier otro tercero a reutilizar y/o republicar en cualquier otro medio y/o en cualquier otra red social el Comentario volcado en cada una de las notas y/o blogs”. Pues, ¿cómo vincular esta prerrogativa del diario con aquella otra afirmación en la cual, el propio diario, se desliga de cualquier responsabilidad sobre el comentario, en tanto y en cuanto son opiniones pertenecientes a los usuarios?
El reino del buchón o la “censura democrática”. Aclara La Nación que no tiene obligación de controlar ni controla la utilización que los usuarios hagan de sus servicios. Pero esto, sin embargo, entra en tensión con otra de las normativas expresas, que dice que se reserva el derecho de no publicar o remover, luego de ser publicados, todos aquellos comentarios que, “a exclusivo criterio de S.A. LA NACION, no respondan estrictamente a las disposiciones contenidas en el presente Reglamento”. Un ejemplo de este proceder lo encontramos en una nota, en líneas generales bastante “inocua”, centrada en declaraciones de “Manu” Ginobili. En esa ocasión el diario directamente decidió que “por el tenor de los comentarios” la nota quedaba “cerrada a la participación”[3] de los comentadores, y, además, retiró todos los comentarios que se habían realizado.
Pero, si el diario no controla los contenidos y los mensajes volcados por los comentadores, ¿cómo es que toma conocimiento de las infracciones? Respuesta: son los mismos usuarios quienes denuncian. Los comentadores registrados “reportan” aquellos comentarios “que consideren que no se ajustan a los términos y condiciones de este Reglamento”.
Sin embargo, por el hecho de que la prohibición y la censura queden, hasta cierto punto, en manos de los propios usuarios, resultaría precipitado adjudicarle a esta regulación el calificativo “democrática”. Quien sostuviese esta postura no solo esgrimiría un concepto de “democracia” algo ingenuo, sino que además estaría aplicándola con excesiva ligereza. En este espacio virtual no se despliega ninguna regulación horizontal que esté carente de mediaciones y de autoridad. De hecho, los comentarios reportados por “pares” son remitidos a empleados de los mass media, quienes analizan la denuncia en miras de las disposiciones del Reglamento generado por dichos medios. Al cabo, lo que efectivamente ocurre es que la empresa –o sea los dueños de los medios de producción (de sentido, también)– encarna el cuerpo soberano estableciendo, por ejemplo, la cantidad de denuncias necesarias que debe tener un comentario para ser evaluado, o el criterio de tolerancia que puede tenerse, o no, con las palabras, y así, si lo considerase, procede a aplicar la sanción que ella misma instaura.
Por último, y según el exclusivo criterio de la compañía, el comentario denunciado puede ser removido, aunque no necesariamente el usuario responsable de este ni las respuestas que el comentario suscita: “El comentario ha sido borrado –leemos–. Las respuestas que generó se siguen mostrando aquí abajo”.[4] Otras veces, en cambio, el usuario puede ser expulsado temporal o definitivamente del Sitio.
Temas sensibles. Otro de los mecanismos de regulación consiste en tipificar ciertas noticias como “temas sensibles”. Pues una vez que una noticia recibe esta caracterización el espacio para los comentarios queda inhabilitado. “Tema sensible”, “tema cerrado”. Obviamente, no hace falta ser un “maestro de la sospecha” para entender que el establecimiento de cuáles temas son los sensibles y cuáles no es una potestad exclusiva del diario. Lo particular de este procedimiento es que se trata de una regulación eminentemente moral, que apela a algo tan difuso como “la sensibilidad” de un tema. ¿Pero cuáles son los temas sensibles? De hecho, cuesta mucho identificar un patrón único: a veces el abuso sexual de un menor lo es[5], pero otras veces no[6]; a veces un linchamiento lo es[7], y a veces no[8]. Y así con sucesivos temas.
Además, surge una duda: cuando el diario decide cerrar el espacio a los comentarios: ¿qué es lo que supone que escribirán los comentadores-lectores en esas notas que no hayan escrito ya, de una y mil maneras, en otras noticias que no tocan “temas sensibles”? ¿Supone acaso la empresa que recién entonces los comentarios serán brutales, ofensivos, discriminatorios, dañinos para la moral de terceros? ¿Que recién entonces atentarán contra las leyes y las buenas costumbres? ¿O, en cambio, lo que supone es que del tema mismo, por ser “tabú”, no puede hablar cualquiera…? Difícil saber.
Últimas palabras, próximas tareas. Por supuesto, regular el sentido no es solo prohibir o censurar, es permitir, promover, clasificar, orientar, etc. Por eso mismo, entendemos que una reflexión realmente representativa sobre la cuestión debería analizar muchísimas más cuestiones que las que aquí pudimos abordar. Debería, por ejemplo, indagar en los efectos de sentido de preguntas como “¿Qué sentís al leer la nota?”, los mecanismos de votación del tipo “Valorá la opinión”[9]; analizar qué producen las estadísticas en que se vierten las opiniones de los electores[10]; indagar en el efecto orientador de fórmulas como “Las notas más leídas”, “Lo que tenés que saber”; entre otras muchas cuestiones. En fin, la tarea es ardua, acaso interminable. El tema implica abordar la multiplicidad de regulaciones y de efectos (incalculables) sobre el sentido y nuestra subjetividad que estas pueden tener. Por eso merece que se siga comentando■
[1] Aunque nos centraremos en La Nación online, consideramos que muchas de nuestras reflexiones son extensibles a otros medios. Para consultar las normas de Clarín: http://www.clarin.com/getNormas.html#p02
[2] Todas las referencias al Reglamento están extraídas de: https://registracion.lanacion.com.ar/reglamento
[4] http://www.lanacion.com.ar/1721660-detuvieron-a-un-docente-acusado-de-abuso-sexual-de-sus- alumnos
[5] http://www.lanacion.com.ar/1713285-horror-santiago-del-estero-violacion-hija-menor
[10]Clarín está asociado a una “plataforma de recomendación de contenidos” llamada Outbrain, que se puede ver en el comienzo de los comentarios. Ésta analiza las pautas de conducta de los usuarios y ofrece estadísticas al dueño del Sitio que le permiten presentar contenidos relacionados, propios o ajenos, a los usuarios.