Deuda externa. La estafa que parece interminable – Diálogo con Alejandro Olmos Gaona

Si se trata de dejar al descubierto el enorme robo que significa la deuda externa, Alejandro Olmos Gaona es un referente indudable. Es historiador, docente e investigador. Fue asesor del gobierno ecuatoriano auditando su deuda externa durante la presidencia de Rafael Correa. Es autor de La deuda odiosa, una doctrina jurídica para la solución política (2005). Es reconocido internacionalmente como especialista en el tema. Tomó la posta de la lucha de su padre, Alejandro Olmos, figura fundamental en la historización y análisis de lo que se denominó deuda ilegítima.

En este diálogo, comparte con Andén un muy jugoso recorrido cronológico.

Andén: Su padre tuvo una militancia política no partidaria desde muy joven. Y tuvo la experiencia de participar en grupos cercanos a José Luis Torres, el olvidado periodista, investigador de los negociados de la etapa a la que él mismo bautizó como “década infame”. Obviamente, usted tuvo una hermosa herencia de compromiso social. ¿Cuándo y cómo fue que empezó a compartir la lucha de su padre?

Alejandro Olmos Gaona: Siempre me ocupé de otras cuestiones históricas (relaciones exteriores, historia medieval, compañía de Jesús, etc.). En un precario blog^[1] que tengo, se pueden ver algunos trabajos que subí.

Hablaba mucho con mi padre de La Deuda, pero  no tenía conciencia exacta de lo que representaba. A los pocos meses de que él muriera y, cuando ya el Juez Ballestero había emitido su sentencia, fuí a saludar al Secretario del Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 2 Dr. Juan Carlos Foerster, debido a la consideración que siempre había tenido con mi padre, al extremo de llevarle a su casa el proyecto de sentencia que había redactado, distinto al que finalmente firmó Ballestero, ya que no se animó a ir  más a fondo como lo planteaba el proyecto. Foerster lamentó que la investigación se terminara, ya que al morir mi padre nadie la iba a impulsar. Me quedé reflexionando sobre el tema, y semanas después uno de los auditores del Banco Central, que había investigado la deuda privada en el Banco Central, en 1984/85, se puso en contacto conmigo, para avisarme que tenía muchos documentos de una investigación que había sido archivada. Revisando el archivo de mi padre, encontré algunas copias de documentos que no alcanzó a presentar, y fue así que me decidí a continuar con la investigación desde el fin de la dictadura, hasta el canje del 2005. Comencé a presentar documentos, declaré varias veces en la causa, la amplié con otros documentos. Pero todo ocurrió después de la muerte de mi padre.

La historia de la deuda externa es un eje transversal de la de nuestro país, lo que no es casualidad. Todo empezó a partir de aquel empréstito contraído por Rivadavia con la ya quebrada Baring. Tenía muchas de las características que se repitieron a lo largo de los casi dos siglos posteriores, eso tampoco es casualidad. ¿Cuáles considera que son las causas principales por las que no salimos de ser deudores?

Porque tenemos el convencimiento de que siempre es necesario contar con financiamiento externo, y esto puede ser legitimo, si las deudas que se contraen se destinan a inversión pública, a emprendimientos productivos, que generen riqueza y capacidad de repago de la Deuda. Pero eso no ocurrió en la Argentina salvo en contadas ocasiones. Siempre se pidió nueva deuda para pagar la anterior, y todo el proceso que comenzó en 1976 es una clara evidencia de ello. En otras épocas, pasaron cosas parecidas, pero hubo funcionarios que vieron con claridad lo que eso significaba. En 1893, cuando se realizó el llamado “arreglo Romero”, el entoncés Ministro de Hacienda Juan José Romero, en las instrucciones dadas al ministro en Londres Luis Dominguez para renegociar la deuda, le hacía ver que no se le ocurriera pedir nuevos créditos para pagar los viejos, porque “eso es ir derecho a la bancarrota”.

Además hay un concejo general que sustentan los economistas y que explicitó Martinez de Hoz, cuando fue a declarar al Congreso de la Nación en 1984, cuando se investigaban las negociaciones con la Italo. Allí sostuvo: “La deuda no se paga nunca, lo que se pagan son los intereses”. Esto permite que los acreedores reciban permanentemente sumas sobre el capital prestado y efectúen presiones y condicionamientos. La vieja lógica del usurero, que no le interesa que el deudor le cancele la deuda, así lo tiene permanente cautivo de las obligaciones.

En plena dictadura, abril de 1982, su padre formuló la denuncia penal, a la que usted hizo referencia, ante el Juzgado en lo Criminal y Correccional Federal N° 4 contra el exministro de economía Martínez de Hoz, lo que generó la causa N° 14.586 a raíz de un informe de los peritos Dres. Forino y Tandurella. La causa duró demasiado tiempo, hasta que el 13 de julio de 2000, el juez Ballestero dio su veredicto. La existencia del fallo es conocida. Pese a determinarse 477 delitos por parte de funcionarios y de grupos económicos, no hubo condenados ya que, según el juez, la causa había prescripto. Ballestero envió al Congreso de la Nación una copia de la resolución para que este actúe. Recién en 2014 y por ley 26.984, se creó la Comisión Bicameral Permanente de Seguimiento de la Deuda Exterior, continuada por la ley 27.249 de 2016, para seguir la evolución, gestión y pagos de la deuda externa. Los resultados están a la vista. Más allá de que siempre es importante y necesario investigar y denunciar, ¿qué puntos, tal vez menos conocidos, de la  investigación quisiera resaltar?  ¿Qué conclusiones saca de todo esto?

En principio cabe aclarar que la sentencia de Ballestero fue una decisión mediocre, falta de compromiso y ateniéndose a formalidades. Se olvidó de algo fundamental y eso es decidir la nulidad de los actos ilegales comprobados, como lo establece el derecho civil y el derecho administrativo. El Congreso se negó reiteradamente a investigar la deuda, a pesar de los numerosos proyectos presentados por muchos legisladores, desde el primero, que presentaron en febrero de 1984, los diputados Adam Pedrini y Miguel Unamuno, hasta los últimos presentados por Pino Solanas, durante la última década, en Diputados y Senadores.

La ley 26.984 creó una Comisión Investigadora y de seguimiento que nunca investigó nada y solo se limitó a unas pocas reuniones, ya que nunca había quorum, y a la presentación de un precario informe que hizo su presidente Eric Calcagno. La ley 27.249 suprimió las facultades de investigación y, en cuatro años, solo se reunió muy pocas veces. Al Congreso de la Nación, nunca le interesó investigar la deuda y siempre delegó sus facultades constitucionales sobre el tema en el Poder Ejecutivo. La ley 24.156 y la actualización de la Ley 11.672, complementaria permanente del presupuesto, son un claro ejemplo de ello.

Entre los puntos fundamentales: 1.- Está demostrado que la deuda actual es continuidad de la contraída durante la dictadura a través de numerosas refinanciaciones y restructuraciones. 2.- Casi la mitad de la deuda de la dictadura fue deuda privatizada estatizada y gran parte de ella originada a través de operaciones ficticias. Al respecto,  los inspectores del BCRA determinaron que no eran operaciones reales, sino autopréstamos en algunos casos, endeudamientos producidos por proyectos de inversión que no se efectuaron, en otros, y aportes de capital disfrazados de préstamos financieros, sobrefacturación y abultamiento de deudas, en otros. 3.- Hubo miles de infracciones a la ley penal cambiaria que el Banco Central nunca investigó. 4.- Violaciones reiteradas al orden público de la nación. 5.- Delitos de acción pública en la concertación de préstamos. 6.- Falsedad ideológica en dictámenes de la Procuración del Tesoro. 7.- Una investigación sobre pérdidas del Banco Central por más de 100.000 millones de dólares durante 1985-1995, que fue archivada sin consecuencias. 8.- Reconocimiento de deudas de la dictadura por compra de armamentos. 9.- Inconstitucionalidad de muchas normas dictadas en los procesos de refinanciación. 10- La deuda no estaba registrada en el Banco Central ni en el Ministerio de Economía  y solo se tenían anotaciones estadísticas sin valor contable. En razón de ello, cuando se instrumentó el Plan Brady, fue necesario recurrir a los registros de los bancos acreedores. Debido a ello, el ministro Cavallo contrató a un Comité de Bancos a los efectos de que determinaran las deudas,  y los intereses.

Claro, los acreedores diciendo cuánto les debemos sumado a deudores privados inventados a los que se les estatizó la deuda. Más allá de algunas frases hechas, los gobiernos posteriores no se liberaron nunca del lastre de la deuda. Algunos incluso empeoraron la situación. La venta, para colmo regalada, de empresas estatales tampoco fue casual…

Como lo dije al principio, las causas obedecen a que los gobiernos insisten con el financiamiento externo para reciclar las obligaciones. Además no quieren enfrentar al sistema financiero, cuestionar las obligaciones dejadas por gobiernos anteriores. Durante la presidencia del Dr. Kirchner, se comenzó una política distinta respecto de los derechos humanos, pero no se hizo lo mismo con las obligaciones de la dictadura, que se respetaron escrupulosamente. Ha existido un temor reverencial a transparentar la deuda, y quizas obedezca a que los dos principales partidos políticos que gobernaron la Argentina desde 1984 fueron responsables de un endeudamiento mucho más perjudicial que el de la dictadura. Los gobiernos de la democracia en materia de deuda hicieron lo que los responsables de la dictadura no se animaron a hacer y la década del noventa es un claro ejemplo.

Pasados el Plan Brady, la entrega de las empresas estatales a precios viles con Cavallo en su segunda entrada histórica como funcionario relacionado con la deuda y, ya en la tercera, con el Megacanje con Sturzenegger y Mulford. Después Duhalde y el FMI con la seguridad jurídica para robarnos y con la derogación de la ley de subversión económica y la modificación de la ley de quiebras, ambas a pedido del FMI. Digamos, ni lo disimulan. ¿Qué actividad en su lucha denunciante tuvo usted en aquellos años?

Yo comencé a ocuparme de la deuda durante el 2001 y, a partir de allí, empecé a aportar documentos en la justicia. En el 2004, inicié un amparo para evitar la restructuración del 2005 y, un año después, otro para que no se le pagara al FMI; allí me acompañaron Adolfo Pérez Esquivel, Norita Cortiñas, Mario Cafiero. En el  2006, inicié una nueva denuncia para que se investigara toda la deuda hasta el último canje del 2005. Hice numerosas presentaciones en la justicia y en la Fiscalía Federal Nº 6, que es la que interviene en las causas de la deuda. La última presentación la hice en el 2018 denunciando a Caputo,  Mario Quintana, al vicejefe de Gabinete y al Secretario de Finanzas Bausili. La justicia acumula papeles, pero nada hace. Además presenté denuncias contra el exjefe de la AFI Gustavo Arribas, contra la familia Macri por las off shore; contra el exministro Aranguren, por la compra de gas a chile y violación de la ley de ética pública, contra el exjefe de gabinete Bullrich, etc.

En 2005 publicó su libro La deuda odiosa, una doctrina jurídica para la solución política, que ocupa el lugar en varias bibliotecas, donde también debe estar  Todo lo que usted quiso saber sobre la deuda externa y siempre se lo ocultaron. Quiénes y cómo la contrajeron, el clásico libro escrito por su padre. Además de darle fuerza a la teoría, ¿Qué nuevos aportes considera que presenta en este trabajo?
Equivocadamente se ha repetido que el origen de la doctrina de la deuda odiosa comienza en 1927, cuando varios tratadistas se ocuparon antes, como Francesco Nitti, Gastón Jezé y aun el gobierno de los EE.UU., cuando se negó a pagar la deuda externa cubana después de la firma del Tratado de París en 1898. El aporte de mi libro es demostrar que antes de Alexander Sack, en 1927, otros se ocuparon de esa concepción de la deuda. Pero además mostré antecedentes, anteriores al siglo XX, de cuestionamiento de la deuda, del no pago, de cómo se encararon otras deudas.

Como ya mencionó, para evitar el pago al FMI de los 9530 millones de dólares, que muchos presentaron y siguen recordándolo como un acto de soberanía, usted presentó un recurso de amparo ante la justicia para que lo suspenda  . El pago se realizó igual el 3 de enero de 2006. Incluso hubo un telegrama enviado el 28 de diciembre al presidente Néstor Kirchner firmado por usted y otras 28 personalidades entre las que estaban Pérez Esquivel, Nora Cortiñas, Claudio Lozano, Mario Cafiero, Aldo Etchegoyen. ¿Qué quisiera compartirnos al respecto?

Me llamó la atención que el presidente Kirchner pagara una deuda que se había fugado totalmente al exterior, como lo determinó la Oficina de Evaluación Independiente del FMI, ya que ese pago no significaba ninguna desvinculación del FMI ni estabamos atados a ningún acuerdo, porque el Stand By firmado en el 2003 había quedado sin efecto un año después. Con motivo de ese pago, hubo un acto contando lo que se hacía y mucha gente creyó que se había cancelado la totalidad de la deuda externa. Al no irnos del FMI, seguimos atados a la totalidad de sus reglamentaciones, aunque el gobierno nunca aceptó la revisión del art. IV. Por otra parte, los intereses del préstamo cancelado eran de alrededor del 4.5%, y para compensar en parte las divisas extraídas del Banco Central, para pagar ese préstamo, se recurrió a emitir bonos que compró Venezuela a tasa superior al 15%.

En Ecuador, Correa constituyó la Comisión para la Auditoría Integral del Crédito Público para investigar diversos aspectos sobre veinte años de endeudamiento de ese país. Usted, como reconocido especialista a nivel internacional, fue invitado y participó de la comisión. El informe se presentó en noviembre de 2008. ¿Surgieron diferencias en la Comisión? ¿Cuáles fueron los logros?

Los  logros fueron muchos. No hubo diferencias entre los integrantes de la Comisión de Auditoría respecto a las conclusiones de los informes que fueron varios: 1.- La indudable lesión a los intereses del Estado y al Patrimonio Público. 2.- La violación a principios fundamentales del derecho administrativo. 3.- La ignorancia del cabal destino de los fondos (durante la dictadura). 3.- La violación del Código Civil, del Código de Comercio y de la Ley Orgánica de Administración Financiera y Control. 4.- La violación de la Constitución. 5.- La obligatoriedad de contraer préstamos con el FMI, aun cuando no se necesitara el dinero, como condición de cumplimiento del contrato con los bancos acreedores. 6.- Se eximió de cualquier responsabilidad, por cualquier acto lesivo, a los bancos acreedores, representantes, empleados, directivos, etc. 7.- Se renunció a cualquier tipo de inmunidad. 8.-  El Ecuador se hizo cargo de la totalidad de los gastos de los acreedores, sus abogados, asesores, operadores, etc. 9.- Se firmaron convenios sin autorización legal. 10.- Se renunció a todas las defensas que pudiera oponer el país, en caso de una acción legal. 11.- Se renunció a cualquier acción legal, en caso de que el convenio firmado fuera nulo, ilegal o no ejecutable. 12.- Los Procuradores del Estado incurrieron desde 1977, hasta el 2005 en los delitos de falsedad ideológica, prevaricato e incumplimiento de los deberes de funcionario público. 13.- Se estableció falsamente en los convenios que estos se encontraban en legal forma bajo las leyes del Ecuador. 14.- En el caso de los Bonos 2012 y 2030, el convenio “Indenture”, que establecía las pautas a las que debían ajustarse, no tuvo el obligatorio dictamen de la Procuraduría, y fue remitido recién a las autoridades ecuatorianas cinco años después de haber sido firmado por el Cónsul de Ecuador en Nueva York. 15.- Se firmaron convenios con fechas antedatadas. 16.-  En la generalidad de los casos, las emisiones de bonos fueron colocaciones privadas para ser negociadas en gran parte en paraísos fiscales y nunca obedecieron a las formalidades de una oferta pública, sujeta a las estipulaciones de la Securities Exchange Comisión de Estados Unidos, como correspondía a una negociación clara y transparente. 17.- Se aceptaron créditos de los organismos multilaterales para privatizar sectores estratégicos y no para, proyectos de desarrollo.18.- Se convalidó el abuso de derecho.

Mientras, en Argentina el Estado nunca decidió por cuenta propia iniciar una investigación seria del tema deuda externa. Solo recuerdo un amague con la “Comisión de la Ítalo”, que investigó la fraudulenta estatización por parte del “Proceso” con Martínez de Hoz, miembro del directorio de la empresa y Ministro de Economía. La investigación generó expectativas, sobre todo aquel 5 de septiembre de 1984, cuando la comisión parlamentaria encabezó un allanamiento en el estudio Klein & Mairal y, obviamente, había una cantidad enorme de documentación de ilícitos de aquellos años. Parece insostenible suponer que, siendo la deuda un problema tan grave para nosotros, con tanta evidencia de que es “una monumental estafa”, no haya complicidad en los sucesivos gobiernos. ¿Cuál es su caracterización al respecto?

Después del allanamiento al estudio Klein, hubo que devolverle la documentación secuestrada, debido a una serie de recursos legales que interpuso. Durante la presidencia de Alfonsín solo hubo una auditoría de la deuda privada en el Banco Central, debido a una iniciativa del ministro Grinspun que quedó archivada cuando el ministro renunció en febrero del 2005. En esa auditoría, se comenzaban a ver los fraudes cometidos por las grandes empresas del país y es indudable que Alfonsín no quiso enfrentarlas, aunque las pruebas eran irrefutables. Después todos los gobiernos negociaron, refinanciaron y se negaron a investigar la deuda. Hubo muchas complicidades y funcionarios que se perpetuaron en las distintas administraciones. Machinea fue gerente de Finanzas Públicas del Banco Central durante la dictadura, en 1985 presidente del Banco Central, en el 2000 Ministro de Economía. Daniel Marx fue director del Banco Central en 1985, cuando Cavallo fue Ministro de Economía, fue Secretario de Finanzas y firmó el Plan Brady en 1992, después se fue a trabajar con Brady a los EE.UU. En el 2000, fue Secretario de Finanzas del Ministro Machinea, luego del Ministro López Murphy y finalmente de Cavallo. Cavallo fue Presidente del Banco Central en 1982, Ministro de Economía 1991-1996 y luego en el 2001 con plenos poderes para refinanciar la deuda. Además las refinanciaciones suponen el pago de importantes comisiones, y nunca se investigaron. Es decir que el “sistema de la deuda” ha funcionado muy aceitadamente para favorecer a los que se beneficiaron con las operaciones.

En enero de 2010 le envió una carta a la Presidenta Cristina Fernández planteando diferencias sobre el tema de la legitimidad de la deuda. Ese mismo año iba a realizarse el segundo canje de los de las presidencias de Néstor Kirchner y Cristina Fernández, tras el de 2005. ¿Cuáles son para usted los aspectos más importantes para subrayar de estos temas?

Lo más significativo fue mostrarle todas las evidencias que surgían de la investigación que llevaba adelante el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N° 2. También le mencioné la auditoría de la deuda privada, las pericias judiciales, las ilegalidades probadas. Finalmente le hice saber que podía hablar con su amigo Rafael Correa, que me había designado en el Ecuador, para que se diera cuenta de que yo no era un improvisado. Me contestó el Dr. Oscar Parrilli, en su nombre, en una conceptuosa carta, valorando la investigación de la deuda, pero insistiendo que los diferentes parlamentos habían convalidado las obligaciones y nada se podía hacer.

En 2014 asesora a Fernando Solanas, senador nacional en ese momento, en su denuncia penal contra el ministro de economía Axel Kicillof por el acuerdo de pago al Club de París por 9.700 millones de dólares a cinco años. Cifras infladas, acuerdo a escondidas, como el de YPF SA con la Chevron. ¿Qué destacaría de todo esto?

El Ministro Kicillof pagó sin discutir las cifras que le pusieron a la vista y solo se basó en la documentación de los acreedores, ya que en el Ministerio de Economía solo había unos listados y ninguna documentación, tal como me lo informó el Director de Deuda Externa del Ministerio Contador Amado, en una nota que me envío en respuesta a una solicitud mía. Además lo grave es no haber discutido cifras que en un 60% eran provenientes de compras de armamentos de la dictadura, pero como en otros casos los discursos van para un lado y los documentos que se firman para otro. El caso de YPF es paradigmático. Se dijo que no se iba a pagar nada, que la empresa estaba siendo dañada por Repsol. Finalmente se pagaron más de 9500 millones de dólares. Después se firmó un escandaloso contrato secreto con Chevron, que durante 2 años se negaron a mostrar hasta que la Corte Suprema ordenó que se exhibiera. Vino Macri y trato nuevamente de impedirlo y hubo que luchar 9 meses para lograrlo.

Gobierno de Cambiemos, enorme crecimiento de la deuda y, por supuesto, de la fuga de capitales. De nuevo el FMI financiando fuga. El papel de las oposiciones. ¿Otra vez sopa?

Una de las cosas importantes para señalar es que el irresponsable endeudamiento no ha sido solamente del gobierno de Cambiemos, sino de la mayor parte de la dirigencia política con representación parlamentaria que lo autorizó. Macri no emitió un solo bono que no le haya autorizado el Congreso, donde nunca tuvo mayoría. Lo que ocurre es que los que autorizaron esa deuda se hacen los distraídos y no se sienten involucrados. En el caso del FMI, el préstamo se pudo obtener debido a que la oposición se negó reiteradamente a modificar la ley 24.156, que le dio la posibilidad al gobierno de contratar ese préstamo sin discutirlo en el Congreso. A esto, se suma que el FMI sabía que la deuda no se podía pagar, que la situación era complicada y prestó esa enorme suma, a sabiendas de lo que iba a venir. Toda una vieja historia, repetida desde hace décadas, con algunas pocas diferencias.

El presente: ¿qué debería hacer este gobierno con la deuda y con los responsables?

En una extensa carta que le envié al Presidente Fernández, en enero y que no tuvo la cortesía de contestarme, contrariamente a la amabilidad que tuvo la expresidenta Cristina Kirchner, que sí lo hizo, le propuse los siguientes puntos:

1.- Suspender el pago de las obligaciones externas por dos años al menos, incluidos los pagos que se deben efectuar al Fondo Monetario Internacional. Además solicitar a la institución que informe cuáles han sido los motivos por los cuales se otorgó un préstamo inusual al gobierno argentino en el 2018, a pesar de que los informes del art. IV del año 2017 mostraban las dificultades para cualquier pago de la deuda soberana y aun de la deuda interna.

2.- Efectuar un CENSO DE ACREEDORES, para la identificación de cada uno de ellos, mediante una declaración jurada en la que conste: a) identidad, domicilio, sede social en caso de que sea un banco o fondo de inversión, estatutos; b) títulos que tiene en su poder, cuándo fueron comprados y a qué precio; c) si actúa en representación de un tercero o de un Fondo de Inversión; d) si tiene alguna vinculación con algún otro tenedor de títulos y en qué carácter; e) que acompañe copia de los títulos que tenga en su poder, debido a que cuando se efectuó el pago a los fondos buitres hubo reclamaciones no justificadas documentalmente.

3.- Crear una Comisión en el ámbito del congreso nacional, con participación de senadores, diputados y expertos independientes para auditar la deuda pública desde 1976 hasta el 2019, con un plazo de no menos de tres años para que presente los resultados.

4.- Solicitar a la Asamblea General de las Naciones Unidas que pida a la Corte Internacional de Justicia una opinión consultiva sobre cuáles deben ser las normas jurídicas que deben regir en la contratación internacional de deuda soberana. Todo ello de conformidad con lo establecido por el art. 96, inciso a) de la Carta de las Naciones Unidas.

5.- Dar instrucciones a la Procuración del Tesoro de la Nación a los efectos de que instruya las acciones que correspondan de conformidad con lo oportunamente solicitado por la Fiscalía Federal N° 6 en el marco de las investigaciones sobre el endeudamiento externo que llevó a cabo el Juzgado en lo Criminal y Correccional Federal N°2.

6.- Efectuar una auditoría en el Banco Central de la República Argentina a los efectos de establecer quiénes fueron los compradores de moneda extranjera, de Lebac y de Leliq, desde el 2015 hasta diciembre de 2019. También, el monto y en qué carácter se efectuaron transferencias de divisas al exterior (fuga).

7.- Modificar la Ley 24.156 que permite contratar préstamos con organismos internacionales de los cuales la Argentina es parte sin autorización del Poder Legislativo, a los fines de que se cumpla con las normas pertinentes de la Constitución Nacional, que establece la competencia del Congreso en todo lo referido a la deuda externa.

¿Qué mensaje final le parece importante dejarnos?

Es preocupante cómo se manejó la deuda desde que se terminó la dictadura. Ninguno de los gobiernos de la democracia enfrentó el problema para acabarlo, siempre se terminó negociando, refinanciando y pagando deudas que tendríamos que haber discutido e impugnado. Con algunas diferencias, siempre se terminó acordando con los acreedores, pagando lo que no se debía, sometiéndose a sus exigencias. En muchos casos, como el de los fondos buitre, despreocupándose de las acciones judiciales  hasta que estallaron y Macri terminó acordando y una vez más pagando. Ahora se va a producir un nuevo acuerdo, si los acreedores aceptan la propuesta del  ministro Guzmán, con una insignificante quita de capital y una importante de intereses. Pero ese capital va a haber que pagarlo y eso significa un esfuerzo descomunal que va a afectar nuestra economía. Claro que si no auditamos la deuda, si no establecemos responsabilidades políticas y económicas respecto de los funcionarios que causaron estos desastres, seguiremos con la deuda eterna, generada durante la dictadura y que todos los gobiernos aceptaron sin discutir.

[1] https://papelesdealejo.blogspot.com/