La idea de dar inicio a la Ley de Educación Nacional surge en un contexto en el cual las políticas neoliberales de los ’90 eran vistas como las responsables de la crisis del sistema educativo, sin tener en cuenta que no hicieron más que acentuar un proceso que ya se venía sucediendo desde 1968 con el primer intento de descentralización a través de una serie de transferencias de escuelas nacionales hacia las provincias.

Principalmente, podemos distinguir dos etapas en las cuales el proceso de descentralización se intensifica. La primera tiene lugar en 1978 cuando la Junta Militar Nacional promulga dos decretos que tienen como resultado la transferencia de un tercio del sistema de educación primaria. La segunda, se da durante el gobierno de Carlos Menem y se sustenta en la Ley Nº 24.049 de Transferencia de los Servicios Educativos Nacionales (1991), y la Ley Federal de Educación Nº 24.195 (1993).

De esta manera, la actividad educativa comienza a ser vista como una herramienta fundamental para la formación de recursos para la producción, donde el rol del Estado se limitó a fijar normativas en materia educativa y monitorear su cumplimiento. Tales medidas fueron llevadas a cabo bajo la idea de democratizar el sistema educativo, finalizar con el excesivo papeleo y lentitud del sistema, y dar mayor poder de negociación y administración a las provincias.

Sin embargo, la desresponsabilización del Estado nacional, el desfinanciamiento y la falta de consideración de la heterogeneidad existente entre las provincias, generaron mayor desigualdad en el acceso a la escolarización, altos índices de repitencia y abandono en la escuela media, o EGB3 y Polimodal, depreciación de los salarios docente, deterioro en las condiciones de enseñanza y aprendizaje, desprofesionalización docente, desmantelamiento de la educación técnica, y dificultades a la hora de garantizar una educación de calidad.

Según datos obtenidos del “Programa de Monitoreo de la Ley de Financiamiento Educativo” realizado por CIPPEC –Centro de Implementación de Políticas Públicas para la equidad y el Crecimiento- en mayo del 2006, la principal explicación de la desigualdad existente entre las provincias depende de la disponibilidad de recursos fiscales por habitante, tanto los generados por cada jurisdicción como los que provienen de las transferencias nacionales, entre las cuales la coparticipación federal es la más determinante, al beneficiar de forma extraordinaria a algunas provincias y perjudicar a otras.

A modo de ejemplo se citan dos casos paradigmáticos que ilustran las desigualdades que genera el federalismo fiscal. Por un lado la provincia de Buenos Aires que en el 2006 recibía un 21% del total de los recursos coparticipable, mientras poseía el 38% de la población del país. En contraposición, Santa Cruz destinaba un 13% de su presupuesto a Educación, generando una inversión por alumno de unos $3000 al año, mientras que Buenos Aires apenas llegaba a $1430.

En el año 2003, cuando asume como presidente de la Nación Néstor Kirchner, se pretende romper con la lógica neoliberal que dominó las políticas de los ’90 iniciándose así un nuevo fenómeno denominado “giro hacia la izquierda”, el cual ya se había comenzado a manifestar en varios países de América Latina. Es en materia educativa -luego de 40 años en los cuales la descentralización del sistema educativo se volvió una constante con el fin de paliar la crisis fiscal- que el gobierno argentino aspiró a diferenciarse de sus antecesores a través de la sanción de leyes, Programas y Fondos que contribuirían a “recuperar la idea de un país federal”, según palabras del Ministro de Educación de aquel entonces, Daniel Filmus.

A partir del año 2005 comienza a modificarse el marco legal educativo que regulaba el sistema educativo nacional. Este proceso se da en dos etapas: la primera etapa de cambio fue parcial con la sanción de la Ley de Educación Técnico Profesional Nº 26.068 (LETP) y la Ley de Financiamiento Educativo Nº 26.075 (LF). Finalmente, el cambio realizado fue total con la sanción de la Ley de Educación Nacional Nº 26.206 (LEN) en diciembre de 2006, que reemplazó a la criticada Ley Federal de Educación Nº 24.149 (LFE) sancionada durante la presidencia de Carlos Menem.

Es así que comienza a percibirse a la educación como un bien de consumo donde el gasto debía ser asumido por la familia y no subsidiado por el Estado, en tanto constituye una inversión que se recupera por los mayores ingresos laborales a percibir en el futuro, y comienza a ser reemplazada por la idea de la educación como derecho que debe ser garantizado por el Estado. En este sentido es que el Gobierno Nacional define una serie de “objetivos y metas a largo y mediano plazo que den respuesta a los problemas de fragmentación y desigualdad económica-social y educativa profundizados en la década pasada y comienzos de la presente a través de un marco normativo general que garantice en forma efectiva el derecho a la educación establecido en la Constitución Nacional para toda la población” -Proyecto de Ley de Educación Nacional-.

Teniendo en cuenta lo anterior es que en julio del 2006, el gobierno nacional convoca a la comunidad educativa y a otros actores sociales a un ciclo de debates y consultas que se extenderían hasta noviembre, para dar con el Proyecto de Ley que fue sometido al Congreso y, finalmente aprobado en diciembre de ese mismo año.

En este marco, el cual contó con miles de participantes de diferentes sectores y ámbitos – marcando así un hito en la historia a la hora de dar con cambios en materia educativa- , es que algunos participantes –especialmente académicos- comienzan a plantear sus dudas respecto a las condiciones en las que se llama a debate. En primer lugar, se realizaron cerca de 100.000 encuestas donde se plantean preguntas con respuestas claramente previsibles. Por ejemplo, el 81,3 por ciento respondió estar de acuerdo con renovar la norma para mejorar la calidad educativa, otro 90 por ciento plantearon la necesidad de que el Estado tenga un papel activo cuando una provincia está en riesgo de no garantizar el derecho a la educación… Respuestas bastantes previsibles, ¿no?

Por otro lado, en la mayoría de los cambios realizados en cada una de las etapas de diseño de la LEN  (Proyecto base, Anteproyecto de Ley, Proyecto de Ley presentado al Congreso y Ley propiamente dicha) solo se modifica o mejora la redacción de los artículos, dejando de lado aportes significativos (ver contribuciones realizadas en http://debate-educacion.educ.ar/ley/).

Sumado a esto, no se realizaron evaluaciones que den a conocer la situación de la cual se partía; estas son condiciones mínimas a la hora de plantear una política pública –mucho más si se va a someter  al criterio de la población -. Seis meses no bastan para dar con semejante proceso que implica recovar y procesar información de los problemas existentes, presentar alternativas a la sociedad, y finalmente someterlas al Congreso para dar con la normativa.

El tiempo es fundamental para generar espacios de construcción colectiva de conocimiento, y esto, evidentemente, no estuvo previsto por el gobierno nacional. Vale destacar la importancia de crear canales de participación –sobre todo en materia educativa-,  sin embargo, participación sin manejo de información y sin proceso de reflexión facilita la manipulación; esto nos lleva a cuestionarnos respecto a la hipótesis de si el ciclo de debates no hizo más que legitimar una decisión ya tomada