Por El proceso de transformación en Venezuela tiene ya 21 años. Pero sus formas más acabadas se han definido desde el Poder Constituido que encarnó Chávez desde el 99, al menos al principio. Lo que nos lleva a preguntarnos: ¿Hay empoderamiento popular si el poder es administrado por el Estado? ¿Se materializa el poder popular si el pueblo le delega su poder inmanente a la figura de un gobierno en el que se siente representado?
Podríamos decir que el proceso revolucionario en Venezuela tiene ya unos 11 años de haberse iniciado. Pero depende de cómo se vea.
Es claro que un proceso revolucionario popular requiere de una organización de las fuerzas sociales que le otorgue a estas la capacidad para enrumbar, o intentar hacerlo en su máxima medida, sus más sentidas reivindicaciones a la realidad concreta. La pregunta que surge recurrentemente al respecto es la naturaleza de esta organización. En Venezuela el proceso de cambio social profundo no se inicia cuando Chávez toma posesión de la presidencia en 1999, sino 10 años antes, cuando se produce probablemente el primer estallido social antineoliberal del planeta, el denominado “Caracazo”, que generó una violenta ruptura del status quo político nacional, que posteriormente trascendería hacia toda la región.
Sin embargo, los diez años que transcurrieron entre 1989-1999, desde el “Caracazo”, pasando por el enjuiciamiento del presidente Carlos Andrés Pérez, los intentos de golpe de Estado de 1992, el quiebre de la hegemonía bipartidista con el “Chiripero” en 1993-94, la grave crisis financiera y la generalización de la crisis institucional nacional; vieron una carencia de organización del pueblo, que se orientara hacia la convergencia para hacer realidad su enorme descontento y sus nuevas expectativas sociales. Fue el presidente Chávez quien encarnó el punto de convergencia de las voluntades populares de cambio, y que posteriormente se tradujo en la asunción simbólica del poder del pueblo en el Estado.
De esta manera vemos que se da una relación compleja en el ejercicio del poder: el pueblo asume su Poder Constituyente de manera abrupta y desorganizada, tambalea el sistema-político y lo hace ceder; las nuevas expectativas populares convergen hacia la figura de Chávez, quien asume el poder del Estado como institución reconocida para la administración social, y el pueblo como Poder Constituyente le delega las funciones de mando y administración a Chávez, quien pasa a ser Poder Constituido. Comienza un proceso de organización popular que tiene como principal gestor de iniciativas al Estado. Y junto a este proceso, surgen nuevamente reflexiones acerca del carácter que debe tener la organización popular, debates que se pasean por las definiciones de quién o quiénes son el pueblo, como se conjugan las figuras de participación con las de representación, y cómo se asume la soberanía, si en términos de trascendencia o de inmanencia.
Al reconocer esta complejidad, vemos precisamente que el proceso de transformación profunda que ha vivido Venezuela como proceso revolucionario tiene ya 21 años, pero que sus formas más acabadas se han definido a partir del Poder Constituido que encarnó Chávez desde 1999, al menos al principio. Lo que nos lleva a preguntarnos: ¿hay empoderamiento popular si el poder es administrado por el Estado? ¿Se materializa el poder popular si el pueblo le delega su poder inmanente a la figura de un gobierno en el que se siente representado? Creemos que son preguntas claves a la luz de reflexionar sobre el trascurrir social y político de transformación que vive actualmente Venezuela.
Pasados algunos años ya de este proceso, muchas cosas han cambiado. La euforia popular, el Poder Constituyente en la calle, se ha desmovilizado de manera importante. A su vez, el curso de una acumulación de capital nacional, producto principalmente de la estrategia de resurgimiento de la OPEP por parte del gobierno de Chávez, junto con las condiciones del mercado energético mundial, que elevaron el precio del barril de petróleo, logró constituir una nueva burguesía bolivariana que está en pie de lucha por la hegemonía nacional, ante las viejas oligarquías tradicionales en Venezuela. Esta nueva burguesía bolivariana cuenta además con el control de la administración política del Estado, lo que le otorga un plus en esta pugna por el control político y económico en el país. Y sin embargo, pese a que el pueblo ya reconoce a esta nueva élite, la relación pueblo-gobierno tiene en el presidente Chávez una mediación que complejiza dicha correspondencia. El presidente aparece aun como el representante del pueblo, rodeado de lo que se ha denominado como la “Derecha endógena”.
Las elecciones que se nos vienen para este domingo 26 de septiembre, son probablemente las más complejas y contradictorias desde que el presidente Chávez tomara las riendas del gobierno. Y la contradicción pasa precisamente por el mismo carácter de la situación actual nacional. Hay grandes contradicciones en cada uno de los espacios sociales de la nación. La figura de Chávez aun mantiene una importante popularidad, pero en estos 21 años las expectativas sociales han tomando más forma: es un pueblo más consciente, más crítico, más empoderado y más exigente, pese a que más allá del presidente no ha logrado organizarse en torno a un proyecto popular convergente de raíz autónoma. Por un lado el Estado ha incentivado la organización popular y la consciencia crítica, pero por el otro ha desarrollado mecanismos de cooptación de manera de controlar lo mejor posible dichas organizaciones. Y crecientemente desde que su reelección en 2007, se han producido episodios para refrenar al movimiento popular, llegando en algunas ocasiones a la confrontación. El caso más emblemático actualmente es de los indígenas Yukpas (junto con los Barí, Japrería y Wayuú) que están siendo desplazados de sus tierras violentamente para la explotación de la naturaleza (carbón y agua) en la Sierra de Perijá, que se realiza a través de una corporación estatal (CorpoZulia) que cuenta con la participación de capitales de transnacionales (entre ellas la Chevron Corporation) y donde el gobierno es accionista minoritario. Este caso, junto con el del estudiante William Sanguino, preso injustamente como chivo expiatorio, siendo este del PSUV (Partido Socialista Unido de Venezuela), han generado gran malestar en el movimiento popular en el país.
El potencial estalinista de la “Derecha Endógena”, tiene al movimiento popular en alerta. La infiltración del Estado por parte de agentes contrarios al proceso de transformación, junto con la constitución de lobbys bolivarianos, parcelan los espacios de poder del gobierno y el territorio, generando un clima reaccionario ante los intentos de reapropiación popular y revolución. La encrucijada se hace cada vez más visible para el proceso venezolano.
La oposición no está libre de contradicciones. Podemos decir que su principal punto de convergencia es también el presidente Chávez, pero como su antítesis. Más allá de eso no hay proyecto. Sólo es una negación del proyecto bolivariano. Una y otra vez, le recuerdan a sus partidarios lo que no quieren que ocurra, y si es planteada una propuesta, se hace en términos escandalosamente abstractos: libertad y democracia.
Tenemos entonces, un pueblo mucho más intolerante y exigente con la clase política actual. Y por esto, y por todo el proceso de reflexión que se ha dado en el país acerca del Poder Popular, y de la democracia participativa y protagónica, la gente en las ciudades, en los barrios, las universidades, las zonas rurales, se preguntan cómo es más factible la posibilidad de asumir dicho poder; cómo hacer realidad el Poder Constituyente, ante un Poder Constituido que parece, junto al capital transnacional y el imperialismo, refrenar su potencia creadora y liberadora.
Hace unos pocos días, participamos en la actividad del “Pueblo Legislador”, impulsada a propósito de las elecciones parlamentarias por el PSUV. En esta, las organizaciones populares construyen peticiones puntuales para que los candidatos a diputados luego las hagan legislación. Lo interesante de la mesa con la que nos tocó trabajar, fue que más allá de construir peticiones a sus futuros representantes, los participantes reflexionaron sobre cómo hacer para que en el barrio se materializara la ley (una abstracción discursiva), siendo que el barrio tiene una dinámica propia. Sus conclusiones pasaron por comenzar a constituir procesos de formación, de conocimiento de sus deberes y derechos para poder reclamar, sobre cómo entre ellos mismos podían hacer realidad una normativa colectiva que les generara una mejor forma de vida. Traspolaron una discusión de lo representativo a lo participativo y protagónico. Eran sujetos conscientes de su Poder Constituyente. Pero sobre todo, eran conscientes de las dificultades que existen para que este se materialice. Es un verdadero juego de equilibrio, en un momento de grandes contradicciones, con candidatos rojos que con fachada de izquierda encubren la dinámica de los intereses del capital, y procesos complejos que se han tornado imposibles de llevarlos a simplificaciones. Esperemos que con el desarrollo de estas contradicciones no digamos que el proceso de transformación terminará el día que culmine el gobierno del presidente Chávez, sino que continuará con el ascenso del Poder Constituyente del pueblo■
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