Con el advenimiento de la Democracia en la Argentina y el triunfo del radical Raúl Alfonsín, una de las primeras medidas, tal cual se había comprometido en la campaña electoral, fue crear una comisión con destacadas personalidades de nuestra sociedad, con el propósito de recibir las denuncias sobre desaparición de personas. Cabe recordar, que en ese mismo proceso electoral, el candidato a Presidente del Partido Peronista, el Dr. Ítalo Luder, propició una “Ley de auto amnistía”, como única propuesta para resolver el tema de Derechos Humanos en la República Argentina. En tal sentido, a cinco días de asumir la Presidencia de la Nación, más precisamente el 15 de diciembre de 1983, Alfonsín firmó el Decreto 187/83, por el cual propició constituir una Comisión Nacional que tendrá como objeto esclarecer los hechos relacionados con la desaparición de personas ocurridas en el país. Así nació la CONADEP.

Las funciones taxativas de esta  Comisión serán las de recibir pruebas y denuncias sobre los hechos y remitirlas a la justicia, si ellas están relacionadas con la presunta comisión de delitos, como así también averiguar el destino o paradero de las personas desaparecidas y toda otra circunstancias relacionada con su localización. También el Decreto 187, establece en su articulado que la Comisión tendrá la tarea de ubicar a los niños desaparecidos, sustraídos a la tutela de sus padres y emitir un informe final con la explicación detallada de los hechos investigados, a los 180 días a partir de su constitución.

Para llevar adelante esta tarea, el Decreto 187/83 estipula la integración de 16  miembros, invitando además a las Cámaras del Congreso de la Nación a integrar a tres miembros de su cuerpo, lo cual materializó la Cámara de Diputados de la Nación, al designar a Santiago Marcelino López, Hugo Piucill y Horacio Huarte, mientras que el Senado de la Nación, donde el Gobierno de Alfonsín no contaba con una mayoría de miembros, nunca envió sus representantes a la CONADEP.

Con el objeto de guardar la máxima objetividad en la tarea que debía llevar adelante la Comisión, el Presidente Alfonsín tomó la determinación de que participaran  ciudadanos con gran prestigio nacional e internacional. En este sentido, entre las personalidades que integraron la CONADEP Ad Honorem, podemos mencionar a los integrantes: Ernesto Sábato, Ricardo Columbres, René Favaloro, Hilario Fernández Long, Carlos Gatinoni, Gregorio Klimovsky, Marshall Meyer, Jaime de Nevares, Eduardo Rabossi y Magdalena Ruiz Guiñazú. Con el fin de garantizar un óptimo funcionamiento de la Comisión se constituyeron los siguientes Departamentos y sus responsables: El Departamento de Declaraciones, bajo la responsabilidad de la señora Graciela Fernández Meijide; El Departamento de Documentación y Proceso de información, bajo la responsabilidad de Dr. Daniel Salvador; El Departamento de Procedimiento, bajo la responsabilidad del Dr. Raúl Aragón; El Departamento de Asuntos Legales, bajo la responsabilidad del Dr. Leopoldo Silgueira. Resulta importante destacar que al constituirse la Comisión, el 29 de diciembre de 1983, fue elegido como Presidente de la CONADEP el escritor Ernesto Sábato.

La CONADEP relevó miles de casos de desaparición, secuestro, tortura y ejecuciones. En tal sentido, con cada uno de los casos denunciados se conformó un legajo numerado. La Comisión compiló más de 50.000 páginas de documentación, la cual fue entregada al Presidente Alfonsín el 20 de diciembre de 1984, sirviendo de fuente documental para el libro Nunca Más, y el posterior juicio que se llevó adelante contra las Tres Juntas militares y dirigentes guerrilleros que violaron los Derechos Humanos, los cuales fueron condenados a cadena perpetua, para más adelante, ser amnistiados por el Presidente peronista Carlos Menen.

No fue tarea fácil la emprendida por el Presidente Alfonsín, al llevar adelante una investigación y posterior juicio inéditos para el continente americano y el mundo, cuyo corolario fue condenar a las tres Juntas Militares y guerrilleros que violaron los Derechos Humanos, donde históricamente en Argentina, se le daba una vuelta de página a estos delicados temas decretando una amplia amnistía.

Muchos se preguntarán ¿por qué no se llegó al final con los juicios? En tal sentido,  si avanzamos en el desarrollo de la gestión Alfonsín, podremos apreciar que la economía y el accionar de los grupos económicos no son un tema menor para cualquier gestión de gobierno, que quita y otorga poder y resulta determinante en la cimentación de los gobiernos. En este sentido, Alfonsín recibió un país quebrado con una deuda externa  sin precedentes. Además, cabe dejar en claro que el concierto internacional de países desarrollados, que aplaudieron el retorno a la democracia de la Argentina, no entendieron o no quisieron entender que un sistema democrático emergente se sustenta con un buen desarrollo económico, fuentes de trabajo y bienestar para los ciudadanos, los cuales, luego de muchos años de sufrimiento y prohibiciones, habían depositado la esperanza en la nueva Democracia. Para lograr este objetivo, se necesitaba de muchas inversiones provenientes del extranjero, pero bueno, está claro que la Argentina al no ser un país estratégico en el tablero del ajedrez mundial, no tuvo su Plan Marshall. En definitiva, la ayuda de países desarrollados fue efímera, lo cual determinó que la incipiente democracia se tornara débil.

A lo antes mencionado, hay que sumarle los intentos de Golpe de Estado llevados adelante por los oficiales medios del Ejercito, entre ellos, los protagonizados por los Coroneles Mohamed Ali Seineldín y Aldo Rico, cuya verdadera reivindicación era poner fin a los juicios iniciados por Alfonsín. En tal sentido, en la encrucijada que solo los estadistas deben sortear, entre el abismo y mantener las Instituciones democráticas, Alfonsín en soledad, optó por esta última, dando lugar a las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, que dieron por finalizados los juicios. Cabe recordar que los militares antes mencionados, luego de finalizadas sus carreras castrenses, se han sumado a la política argentina,  afiliándose al Partido Peronista, siendo en la actualidad el Coronel Aldo Rico el referente en una importante ciudad del Gran Buenos Aires, del ex Presidente Néstor Kirchner, como así también su hija María del Carmen Rico Diputada Nacional hasta hace unos días en representación del Frente Para la Victoria (FPV), armado político del peronismo del matrimonio Kirchner.

Se cumplen 26 años de esta importante acción de gobierno instrumentada por el  presidente Alfonsín, muchos han querido deliberadamente negar o ningunear esta parte de al historia de nuestro país. Hoy tenemos una democracia que mucho le debe a las determinaciones tomadas en su momento por este ex Presidente argentino. Seguro se podrá avanzar mucho en materia de Derechos Humanos en el futuro, pero lo realizado en esos años duros, sólo fue posible de la mano del estadista que pudo conducir con firmeza el barco de la República en medio de sentimientos encontrados, posicionamientos sectoriales y corporativos en el tema de Derechos Humanos. Es cierto que estas políticas ponían al país al borde del abismo, al ser desarrolladas en tiempos de crisis e inestabilidad, pero existía una razón ética para su implementación, más allá de que la democracia pendiera de un hilo de seda.

Nunca se podrán comparar las políticas implementadas en el retorno de la Democracia con la acción de descolgar un cuadro de un militar en un regimiento, cuando el Ejército Argentino hoy carece de total poder. En tal sentido, una forma de dar continuidad a ese inédito proceder en materia de Derechos Humanos de cara al futuro, ya que hoy que gozamos de una democracia consolidada que posibilita continuar con los juicios interrumpidos por los alzamientos militares como se están llevando acabo. Además se deberían anular los Decretos de indultos a las Juntas Militares y dirigentes guerrilleros que violaron los Derechos Humanos y retórnalos a prisión perpetua, como así también, iniciar los postergados juicios de investigación sobre la desaparición de casi 2.000 compatriotas, que tuvieron lugar entre los años 1974 y 1976 y lograr el esclarecimiento de la primera desaparición en democracia ocurrido hace tres años en la ciudad de La Plata, me refiero al ciudadano Julio López. Las políticas de Derechos Humanos que se implementen en el futuro, deben ser para todos los ciudadanos, sobre todo, para los  que hoy sufren esas privaciones.  Será la Democracia Argentina la que deba  garantizar la vigencia de todos los Derechos Humanos a los ciudadanos argentinos, ya que muchos de ellos hoy se encuentran al margen, como por ejemplo, el acceso a una vivienda digna, el derecho a la salud, a la educación, a la libertad sindical, a la libertad de opinión, a crear ciudadanía y a tener la seguridad de poder vivir, convivir y progresar, en una República que se precie de tal■