Por La figura de los “desaparecidos” aparece en la historia argentina ligada a las prácticas que la última dictadura militar utilizaba para combatir la subversión. Aunque con la recuperación de la democracia se ha avanzado muchísimo en materia de Derechos Humanos todavía hoy se siguen denunciando desapariciones en manos de las fuerzas de seguridad estatales.
En los últimos años, la década del ’70 ha sido ampliamente revistada. La política de “derechos humanos” que han llevado adelante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner sirvió para traer al debate público cuestiones que parecían enterradas en un pasado. El respaldo político a los juicios que se están llevando adelante en todo el país por los secuestros, torturas y asesinatos cometidos durante el autodenominado Proceso de Reorganización Nacional, traen a la actualidad un tema que, tal como se sostiene desde algunos medios, pareciera estar totalmente superado para la mayoría de la opinión pública, y que más de uno preferiría cerrar para siempre y no precisamente a través de la justicia (sin ir más lejos, en vísperas de un nuevo aniversario del 24 de marzo, Duhalde lanzó la idea de plebiscitar sobre la continuidad o no de los juicios). Y si bien podemos afirmar que la violencia política es parte del pasado, no podemos sostener con tanta firmeza que la actuación de las fuerzas de seguridad no continúe reproduciendo prácticas similares a las del Proceso. Entonces, ¿Hasta qué punto se discute sobre el pasado? En ese sentido los juicios a represores no deberían ser sólo una manera de sentar posición frente al pasado, sino una clara afirmación sobre lo que desde el Estado no debería volver a ejecutar ni tolerar de parte de ninguno de sus integrantes.
La política llevada a cabo durante el Proceso de desaparecer a los detenidos-secuestrados no es casualidad ni simple obra de una mente perversa. A la detención totalmente ilegal, debe sumársele el peregrinaje de familiares y conocidos tratando de ubicar el paradero de los detenidos. Esta situación fue utilizada perversamente por los represores para invertir la carga de la prueba. Ante el reclamo de los familiares, eran estos quienes debían demostrar que su ser querido, no se había fugado por su propia voluntad. Otra triste consecuencia de esta situación es el clásico “algo habrá hecho”. Incluso en la actualidad, luego de haber sido probada la sangrienta maquinaria construida desde el Estado para llevar adelante estos crímenes, la ausencia de los cuerpos no deja de ser un argumento para quienes sostiene que “los desaparecidos están paseando por Europa”.
Con la llegada de la democracia y el retorno al Estado de derecho, se desmanteló en gran medida aquel aparato estatal que secuestraba y asesinaba, y con mucho esfuerzo aún hoy se está tratando de juzgar a los responsables. Sin embargo, las desapariciones de personas en manos de representantes de las fuerzas de seguridad no se detuvieron.
El Estado continúa siendo el verdugo
De acuerdo con los datos manejados por la Correpi (Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional), durante el último año, 2826 personas fueron asesinadas por representantes de las fuerzas de seguridad (Policía federal y provinciales, Prefectura, Gendarmería, etc.). La mayoría de los casos corresponde a lo que se conoce como gatillo fácil. Esto significa que se ejecuta a jóvenes (porque en su mayoría son apenas adolescentes) y luego se les planta un arma para simular un enfrentamiento. Si pensamos en simular un enfrentamiento para justificar una ejecución podemos trazar una clara línea de continuidad entre los ’70 y el presente. La situación se agrava si consideramos que más allá del crimen todo el aparato judicial se dedica a demorar la investigación pertinente y descartar pruebas fundamentales contra los responsables.
Si bien estos casos no se corresponden con la figura de desaparición forzada, sí hablan a las claras de la facilidad con la que agentes policiales y de otras fuerzas abusan del poder del que fueron investidos sin sufrir ningún tipo de condena.
El último caso de desaparición con una importante repercusión mediática fue el de Luciano Arruga. Este joven está desaparecido desde el 31 de enero de 2009. Todos los indicios apuntan a que Luciano fue detenido en represalia a su negativa de “trabajar” para la policía. En septiembre del 2008, Luciano había sido detenido y llevado a un destacamento de Lomas del Mirador, hecho en sí totalmente irregular ya que el lugar no es ni una comisaría ni una cárcel. Allí fue golpeado antes de ser liberado. El último registro da cuenta de que fue llevado hasta esa misma dependencia de la comisaría 8º de La matanza. Casualidad o no, en dicha comisaría durante la dictadura funcionó un centro clandestino de detención conocido como “el Sheraton”. Un testigo que en ese momento se encontraba también detenido declaró en la causa que fue obligado a limpiar con lavandina la sangre de la celda donde se hallaba Luciano. Ante el reclamo de los familiares, los policías tomaron la denuncia pero no les entregaron la copia correspondiente. Como hace 30 años, ante la ausencia de Luciano, los policías comenzaron a sembrar pistas falsas y los familiares fueron y aún son quienes no sólo deben presionar para que avance la investigación sino que también deben demostrar la inocencia de la víctima. Los testigos que declararon en la causa dieron cuenta de que las detenciones arbitrarias y la tortura son un hecho sistemático en la comisaría 8º de La matanza. Sería mucho más tranquilizador pensar que esto es obra de un grupo de delincuentes disfrazados de policías, pero tal como en los 70 es necesario entender que detener, torturar, asesinar y luego desaparecer un cuerpo impunemente no puede hacerse sin la complicidad del aparato estatal. Entonces, los derechos humanos no son un asunto del pasado■
Desapariciones en democracia
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