Por Si con la formación del sistema-mundo moderno/colonial se expande un nuevo patrón de poder global, que relaciona trabajo, género y raza, en menor medida, también sobre la edad se ha construido -según menciona el sociólogo Aníbal Quijano- uno de los ejes articuladores del nuevo capitalismo en marcha. El eurocentramiento que comienza en aquella primera modernidad, tiene hondas y todavía vigentes consecuencias sobre el imaginario. En sociedades extra-europeas, de las cuales la antropología colonialista decimonónica ha dado suficientes pruebas, la vejez estaba relacionada con funciones ejecutivas de autoridad colectiva, o con el ámbito de lo religioso/chamánico, o incluso con instituciones de carácter consultivo/educativo. En cualquier caso, no estaba asociada a un estado de incapacidad e invalidez tal como se la entiende en las sociedades occidentales modernas. Las propias estructuras de las sociedades comunales campesinas estudiadas por Chayánov, revelaban un lugar de no poca relevancia al trabajo y las funciones de los senectos.
El primer punto del análisis implicará que la colonización del conocimiento y la subjetividad hace posible también un avance en la colonialidad del Estado moderno, esto es, sobre la materialidad de las prácticas y procedimientos impuestos por los institutos del Estado. Aquí reflexionaremos, entonces, sobre un caso concreto, a saber: sobre algunas de las reformas que el propio Estado ha sufrido a partir del renovado avance de diseños imperiales/globales -bajo la forma de neoliberalismo-, impuesto sobre determinadas historias locales, es decir, sobre Estados periféricos, y en particular, el argentino.
II
Los primeros esbozos de sistema previsional en Argentina se remontan a principios del siglo XX, cuando se crea la primera caja de empleados públicos. El avance del Estado será vacilante a este respecto, y a pesar de ir extendiéndose lentamente sobre diferentes ramas de actividad, no es si no hasta el primer peronismo en que aparecerá un sistema previsional ampliado a la mayor parte de los trabajadores, a través de la incorporación de las ramas de comercio e industria. Posteriormente, surgido de los derechos al trabajo consagrados por la Constitución Nacional de 1949, en el artículo 14 bis de la actual Constitución se asegura que “El Estado otorgará los beneficios de la seguridad social, que tendrá carácter de integral e irrenunciable”. Sin remitirnos a ningún debate sobre la naturaleza del peronismo, sobre la norma constitucional quedará plasmado, en definitiva, un nuevo tipo de reconocimiento político y económico de la sociedad civil por parte del Estado.
El sistema provisional quedaría relativamente inmodificado durante varios años, hasta que ciertas miradas críticas apuntarían hacia él, durante las fuertes crisis económicas de la década de los 80. No obstante, sería más adelante, con la reforma previsional del año 1993, que se crearía el “Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones”, que contemplaría la formación, por un lado, de la Prestación Básica Universal a cargo del sector público, y luego, por otro lado, del régimen de capitalización individual, a cargo de las Administradoras de Jubilaciones y Pensiones (AFJP). La prédica neoliberal de que los recursos propios no alcanzaban a financiar la totalidad de las prestaciones fue un importante argumento a la hora de la conversión al sistema privado de jubilaciones, que -hay que remarcar- se inscribía en una ola furibunda de privatizaciones que fueron impuestas sin discusión ni debate previo, y sostenidas y acicateadas desde el más vulgar sentido común de los medios masivos de comunicación.
Sin embargo, detrás de aquella explicación pseudo-técnica sobre la crisis fiscal acarreada por las erogaciones jubilatorias, anclada en una supuesta ineficiencia y déficit inherentes al Estado, puede desagregarse un gran cambio en el paradigma político con que se interpretó al estado de vejez: mediante el sistema de las AFJP, quien no tenía aportes realizados, no tendría la posibilidad de tener un retiro. Esto significaría, en otras palabras, que quien no pudiera acceder al mercado para obtener los ingresos o bienes necesarios para su manutención, tampoco debía tener el beneficio de recibirlos desde el Estado. De manera evidente, la hegemonía neoliberal, de la mano de la prédica de la institución del mercado como absoluto y único articulador de las economías nacionales (pretendidamente “globalizadas”) recolonizaría fuertemente los propios institutos del Estado, adecuándolos a los nuevos diseños globales impulsados desde los centros económicos “desarrollados”. La vejez, entonces, quedaría supeditada a la capacidad exclusivamente productiva del ser humano.
III
Refiriendo a la grave eclosión económico-política del año 2001 en Argentina, Oscar Cetrángolo y Carlos Grushka –investigadores de la CEPAL, especializados en sistemas provisionales- afirmaban en 2004: “La crisis reciente volvió a tener al sistema previsional entre sus causas más citadas y la población mayor está más desprotegida que nunca desde la expansión original de la previsión social en Argentina.”[1] En este interesante trabajo se pone de manifiesto las debilidades estructurales del sistema provisional privado, y queda en evidencia la desfinanciación estatal sufrida por la especulación financiera de las AFJP, conducente al derrumbe de 2001. Entre otras cosas, durante los últimos años del sistema de capitalización individual no sólo no estaban los capitales necesarios para afrontar el pago de los beneficios para los acreedores de la tercera edad (característica que supuestamente correspondía más al estado anterior de caos y déficit estatal y no a las “eficientes” empresas privadas), sino que el propio Estado, a través de créditos al descubierto, giraba ingentes miles de millones de pesos a las empresas administradoras, para que afrontaran los desembolsos. La retórica neoliberal escondía, nuevamente, una lógica oculta.
Durante el año 2008, el Estado estatizaría las AFJP, explicando claramente que los gastos de manutención de tal sistema le significaban alrededor de 3000 millones de dólares, y la crisis internacional continuaba erosionando los fondos de los trabajadores que aportaban al sistema de capitalización, lanzados a un mercado en desplome. El acierto de la medida fue confirmado por la inmediata reacción corporativa tanto de las AFJP, como de los medios hegemónicos de comunicación, que declaraban que, fundamentalmente, era una ilegítima apropiación del Estado que solo intentaba evitar un “default” para el siguiente año 2009 [2], cosa que los mismos hechos del pasado año, superavitario para las arcas fiscales, se encargaron de refutar. Más adelante, la medida estatal se vería fuertemente reforzada en sus objetivos de protección social, al aprobarse la Ley de Movilidades Jubilatorias, que sancionaban el aumento de las jubilaciones al menos dos veces por año.
IV
Recientemente el beneficio de la jubilación fue extendido a las “amas de casa” y al “servicio doméstico”. Queremos, entonces, finalizar estas sucintas y breves reflexiones remarcando el doble sentido en que cabe apoyar una medida de esa índole. Por un lado, se trata ni más ni menos que de un avance sobre un concreto beneficio para un sector importante de los trabajadores y trabajadoras, lo cual resulta valioso per se. Pero por otro lado, y aquí lo interesante, es necesario remarcar que el reconocimiento del Estado a aquella porción de la población que trabajó sin realizar aportes, tal como es el caso del “servicio doméstico”, trabajo asociado a la “femineidad”. Esto implica además el reconocimiento de la existencia de desiguales relaciones de género, fundamentalmente injustas.
En medidas de este nivel de concreción, cabe una reflexión acerca de si estas pueden encuadrarse dentro de un proceso de descolonización del propio Estado. Se puede pensar que a través de estas modificaciones, el rol del Estado podría aparecer ahora como garante de la efectiva percepción de los beneficios jubilatorios, dejando al mercado fuera de la decisión acerca del merecimiento ciudadano a percibir esos beneficios, lo cual implica que el Estado ya no deberá velar por generar las condiciones adecuadas para el correcto desenvolvimiento de la libre concurrencia económica sino que deberá encargarse de brindar una adecuada protección social a sus ciudadanos.
Continuar profundizando este tipo de lógicas contribuye a expulsar las fuertemente impregnadas recetas neoliberales, y a generar alternativas a los diseños globales impuestos durante los 80 y 90. Por supuesto que una democratización del propio Estado y de sus medidas gubernamentales también constituyen otra dimensión extremadamente necesaria para que sea posible la creación de instituciones más genuinas y acordes a las necesidades del pueblo. Pero eso constituye todo un problema aparte, que no trataremos aquí■
[1] Cetrángolo, Oscar; Grushka, Carlos; Sistema previsional argentino: crisis, reforma y crisis de la reforma; Santiago de Chile, CEPAL, 2004.
[2] En Diario “Perfil”, anónimo, “La estatización de las AFJP engorda la caja kirchnerista”, fecha 21 Octubre 2008.
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