Libertad de creencias y enseñanza obligatoria de la ESI. Argumentos en contra de la postura “#ConMisHijosNoTeMetas”

El debate por la legalización del aborto permitió visibilizar que, tanto las posturas favorables como las contrarias, acordaban en reconocer la importancia de la educación sexual. Sin embargo, la discusión se dio en otro nivel. ¿Qué tipo de educación sexual se debe dictar? Libertad, creencias y religión entraron en escena.

En Argentina, por Ley 26.150, se estableció la enseñanza de la Educación Sexual Integral (ESI) en todos los niveles de educación (desde el inicial hasta el nivel superior, de formación docente y de educación técnica no universitaria), sin distinción de tipo de establecimientos educativos (públicos, de gestión estatal y privada) ni de jurisdicción (nacional, provincial, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y municipal). La enseñanza de la educación sexual no se limita a los contenidos biológicos de reproducción, es decir, el sistema reproductivo masculino, femenino, la fecundación y la gestación. Por el contrario, reconoce la ESI como aquella que articula aspectos biológicos, psicológicos, sociales, afectivos y éticos.

Desde el principio, su cumplimiento se vio dificultado. Con el debate por la legalización del aborto en 2018, las voces en contra aparecieron con más fuerza. Bajo la consigna “#ConMisHijosNoTeMetas”^[1], la postura conservadora se declara en contra de la obligatoriedad de la ESI, por ser contraria a la libertad de culto o creencias. Más precisamente, plantea que la enseñanza de la sexualidad debe limitarse a los aspectos biológicos, sin ingresar a los psicológicos, sociales, afectivos y éticos, ya que implicaría una intromisión excesiva del Estado en la intimidad de la familia. En este ensayo voy a rebatir los argumentos de esta postura y voy a sostener que la enseñanza de la ESI, lejos de violentar la libertad de culto, promueve la libertad de elegir formas de vida, derechos indispensables en nuestra sociedad democrática.

La educación es indispensable en toda sociedad que pretenda reproducir sus prácticas y valores. Amy Gutman sostiene que una sociedad no es democrática –y no puede reproducir sus prácticas de manera crítica y consciente–, si restringe la deliberación racional o excluye a algunos de los ciudadanos de la educación.^[2] Para garantizar una educación democrática, propone dos principios. El primero, llamado de no represión, “Previene que el Estado y cualquier grupo de su interior, utilicen la educación para restringir la deliberación racional entre concepciones competitivas de la buena vida y buena sociedad”.^[3] El segundo, de no discriminación, prescribe que: “Todos los niños que pueden ser educados deben ser educados”.^[4]

Enseñanza limitada a lo biológico
Teniendo en cuenta esto, cabe pensar si, efectivamente, la ESI viola algunos de los principios. El primer argumento de la postura conservadora es que la enseñanza de la educación sexual obligatoria debe limitarse a lo netamente biológico (estudio de los aparatos reproductores y las etapas de crecimiento de los seres humanos), dejando de lado los aspectos psicológicos, sociales, afectivos y éticos de la sexualidad, que son competencia de la familia. Además, la función del Estado es ser un agente que previene y no que promueve la sexualidad, en orden a la prevención del abuso sexual infantil, embarazos no deseados, enfermedades de transmisión sexual, etc.

El principal miedo que presenta esta postura es que el Estado avale, naturalice y promueva lo que ellos llaman la “ideología de género”. Como es sabido, numerosas religiones, creencias y culturas condenan las relaciones y conductas que no sean heterosexuales. Por otro lado, el sexo –incluidas todas sus implicancias, como la reproducción, la sexualidad, el género, los anticonceptivos, etc. – es entendido como un aspecto íntimo de la vida de las personas. Por ende, este ámbito privado queda reservado a cada sujeto particular y, en el caso de los menores, a su familia. En nuestra sociedad, el Estado debe respetar la libertad de pensamiento y de culto. De manera que, si impone una determinada ideología, estaría violando abiertamente este principio y, en consecuencia, no estaría garantizando la autonomía de los sujetos.

Está claro que la libertad religiosa y de culto es indispensable para garantizar la democracia y la autonomía de los sujetos. Sin embargo, el disfrute de esta libertad no puede implicar la violación de la libertad de otros sujetos o su autonomía. La postura conservadora, al fundamentar su postura sobre bases biológicas, pretende afirmar que la heterosexualidad es lo natural, lo científicamente válido y, por lo tanto, lo que debe garantizarse o respetarse. Esta argumentación es lo que les habilita llamar –de forma despectiva– “ideología de género” a todas las posturas que reconocen la diversidad de géneros, elecciones sexuales y conductas sexuales disidentes.

Esta argumentación cae en la falacia naturalista: que algo sea de una forma no implica que deba ser de esa forma. Las dimensión descriptiva y valorativa no necesariamente tienen una relación de implicación. Esto es lo que se plantea al diferenciar el sexo (lo biológicamente determinante^[5]) del género (lo socialmente construido). Como se dijo, el disfrute de la sexualidad se encuentra amparado por el ámbito de intimidad de los sujetos. Por otro lado, al estar frente a la falacia naturalista, se cae la regla normativa de la heterosexualidad como forma correcta de ejercer la sexualidad. De aquí que el reconocimiento de la diversidad sexual se vuelve necesario en una sociedad democrática. Los conservadores usan un artilugio retórico en el que, apelando a la libertad, buscan coartar la libertad de los sujetos que no siguen la heteronormatividad. En otras palabras, es el argumento utilizado por la postura conservadora el que, al violentar el principio de no represión, impide una educación democrática.

¿Por qué interesan los aspectos psicológicos, sociales, afectivos y éticos de la educación sexual?
Aceptado esto, todavía queda sostener por qué deben ingresar los aspectos psicológicos, sociales, afectivos y éticos. La postura conservadora reconoce que hay problemas vinculados con la sexualidad que deben ser abordados por el Estado. Reclaman que la prevención del abuso sexual infantil, de los embarazos no deseados y de las enfermedades de transmisión sexual, entre otros, sea abordada por los programas de educación sexual. Ahora bien, a estos problemas se les pueden sumar los embarazos adolescentes, abortos, violencia sexual, discriminación y los prejuicios. Todos estos son problemas que exceden por demás la mera biología –más aún como la piensan los conservadores– y encarnan problemas que deben ser abordados desde otras perspectivas. Amy Gutman sostiene que hay que diferenciar entre enseñar sexo y enseñar sobre sexo.^[6] Esta última opción permite trabajar problemas como la violencia de género, el cuidado del cuerpo y la salud, la importancia del consentimiento en la vida sexual y todo lo relacionado con la privacidad, el cuidado del cuerpo y el respeto por el otro, la importancia del reconocimiento de las diferencias, etc.

¿Es válida la obligatoriedad de la ESI en todas las instituciones educativas?
Aun aceptando esto, queda el problema de la obligatoriedad de la educación en todos los niveles y en todos los establecimientos educativos. Los padres que sientan que sus creencias se ven profundamente afectadas por la ESI no pueden elegir mandar a sus hijos a una institución acorde a sus creencias. Más aún, aunque sus hijos fueran a escuelas, tampoco podrían plantear una objeción a que reciban el contenido de la ESI. Esta situación parece estar en contra del derecho a la libertad de culto. En este punto, Shelley Burt sostiene que el derecho a la deferencia parental (opt-out options)^[7] es compatible con una sociedad democrática.^[8] En una posición similar, Amy Gutman plantea que el opt-out option es una decisión legitima y sabia en sociedad democrática, porque las implicancias y problemáticas relacionadas con la sexualidad obligan a que la educación sexual deba ser una política de Estado.

Ahora bien, estas posturas no serían admitidas en el caso de la discusión en torno a la ESI o, cuanto menos, deberían ser ajustadas. Una cosa es que la sexualidad sea sacralizada por una religión o una creencia y que sea un aspecto fundamental o importante en esta y otra es apelar a la religión o a las creencias para violentar los principios democráticos. Una autora que ha dado luz a esta distinción es Martha Nussbaum^[9], al plantear la diferencia entre creencias y prácticas que son esenciales para una religión y aquellas que no lo son. El aspecto que interesa en este punto es reconocer el carácter moral de estas prácticas. Un núcleo importante de las religiones está constituido por las valoraciones morales que conllevan, pero no toda valoración puede ser válida en una sociedad democrática y es desde esta perspectiva que se deben evaluar las prácticas sociales.^[10]

De aquí que, si se acepta que el enfoque principal de los conservadores enrolados bajo el lema “#ConMisHijosNoTeMetas”, está dado en el desprecio a las sexualidades disidentes o no heterosexuales, entonces hay una abierta violación a los principios democráticos y, por lo tanto, no puede ser aceptada la deferencia parental.

Con esto quiero decir que la postura conservadora no logra rebatir la obligatoriedad de la enseñanza de la ESI en todas las instituciones. Sin embargo, todavía se podría plantear el derecho de deferencia parental si, y solo si, la enseñanza de la ESI es contraria a algún aspecto esencial de la religión de la familia. Aquí la carga argumentativa recaería sobre los mismos padres que deberían poder demostrar qué contenido violenta sus creencias y por qué esa creencia debería ser respetada en una sociedad democrática.^[11] Superado este proceso, se debería aceptar que el estudiante particular no reciba el contenido problemático o se adecúe a uno coherente a la religión. Nótese que con esto no se elimina la ESI en su totalidad, sino algunos aspectos problemáticos para el caso particular.

Algunas conclusiones
Para concluir, voy a recuperar la pregunta que guió este trabajo: ¿Son válidos los argumentos que sostiene la postura conservadora? De acuerdo a lo desarrollado, la respuesta es negativa. Los conservadores se oponen a la ESI porque -supuestamente- atenta contra la libertad de creencias. Sin embargo, la ESI lejos se encuentra de constituir una violación de la libertad. Por el contrario, es la postura conservadora la que busca coartar la libertad de los sujetos que no siguen la heteronormatividad. Ahora bien, ¿qué hacemos con la deferencia parental? Esta se debería aceptar solo en aquellos casos donde algún contenido de la ESI se muestre contrario a las creencias de los sujetos que la denuncian. Pero, estas creencias deben ser coherentes y respetuosas del régimen democrático y es una carga de los padres el probar que esto es así.

Por último, me veo obligado a realizar una aclaración: de ninguna manera entiendo que esta sea una discusión concluida. Todavía quedan muchos aspectos que analizar y debatir desde diversas perspectivas y disciplinas. Problemas como el uso de profilácticos y qué tipo de estos (¿por qué sólo tenemos acceso a preservativos para penes y no para vulvas? ¿Por qué se le da un lugar primordial al sexo coital? Entre otras preguntas), la familia y su constitución, la violencia en todas sus variantes, la discapacidad y la sexualidad, los abusos, etc. No obstante, entiendo que estas cuestiones no pueden ser discutidas sin tener el trasfondo moral de garantizar la vida en democracia.

[1] Los argumentos que sostienen se pueden encontrar en http://conmishijosno.com/
[2] Gutman, A. La educación democrática. Una teoría política de la educación. Barcelona: Paidós, 2001, p. 125.
[3] Ídem, p. 65.
[4] Ídem, p. 66.
[5] Tampoco es válido el sostener que la biología determina un sexo binario (macho – hembra). En la comunidad científica se encuentra aceptado que el rango biológico es amplio y la regla es la diversidad. Por lo que, el determinismo biológico –se podría decir– se asienta sobre conceptos construidos por el ser humano.
[6] Gutman, A. op. cit., p. 141
[7] Este concepto se refiere a la exención de algunos niños de prácticas, contenidos o materiales de estudio que forman parte de la enseñanza oficial, pero que, a juicio de sus padres y madres, violentan las creencias religiosas o morales de las familias.
[8] Burtt, S. “Religious Parents, Secular Schools. A Liberal Defense of an Illiberal Education”. The Review of Politics, N° 56, 1994, pp. 68 – 69.
[9] Nussbaum, M. Las mujeres y el desarrollo humano. Trad. de Roberto Bernet. Barcelona: Herder, 2002, p. 264
[10] De aquí que, si una religión plantea la esclavización o el asesinato de personas, no podría ser aceptada porque ejerce prácticas claramente incorrectas en nuestra sociedad.
[11] Es una cuestión aceptada que no todas las creencias pueden ser aceptadas en una sociedad democrática. Una herramienta que ayuda a distinguir qué es aceptable y qué no, es el concepto de doctrina comprehensiva razonable de John Rawls. Rawls, J. Liberalismo Político, Barcelona: Crítica, 2004, p. 90.