Ante tanta autoproclamación es necesario preguntarse si no es pertinente hacer una distinción entre dos categorías políticas que son utilizadas como sinónimos: progresismo y centro-izquierdismo. La crisis del Banco Central y las posturas sobre la deuda pública –aprovechando la ocasión para hacer una breve reseña– pueden ser útiles para la distinción.

 1. Si alguna vez se estableciera un índice de izquierdismo (o progresismo) en buena parte de la dirigencia política, daría un resultado muy bajo. La impostación de izquierdismo es una actitud común en los distintos bloques. Parecería que para serlo alcanzara con oponerse a la derecha neoliberal; algunos flotan entre el cinismo y las buenas intenciones. De Narváez, en la campaña electoral, dijo ser más progresista que Kirchner, argumentando que el progreso tiene que llegar a la gente y no sólo a las estadísticas. Dejando de lado los comentarios sobre la noción de gente (que es un significante vacío: un significante sin significado), es interesante observar la equivalencia que existe entre progresismo y centro-izquierda (De Narváez no es ninguna de las dos cosas: es reaccionario y derechista). Se los utiliza como sinónimos, sin problematizar las relaciones. Si esto fuera así, la izquierda no tendría posturas reaccionarias –o antipopulares, o gorilas– ni sería funcional a las fracciones conservadoras. Los ejemplos históricos dejan claro que no es así: la actitud del “socialismo” y del comunismo frente al peronismo –basada en una mirada que tenía un fuerte sesgo elitista– muestra que esa relación no es tal. Puede existir un progresismo de derecha –más liberal en lo político o más industrialista en lo económico, para dar algunos ejemplos– o una izquierda reaccionaria –una izquierda que no entiende los fenómenos culturales de las clases que dice representar, una izquierda que en su afán vanguardista divide el campo político en blanco o negro, en puro o impuro, y que rechaza toda reforma (palabra que, parece, les da fobia) por considerarla insuficiente, una izquierda que no entiende que los procesos contra-hegemónicos son largos, discontinuos y contradictorios–.

 2. El kirchnerismo pateó el tablero y puso en la encrucijada a diversos sectores de centro-izquierda. Como dijo uno de los columnistas, criticar a la oposición no te convierte, necesariamente, en oficialista (en todo caso, no tiene nada de malo). Apoyar determinadas políticas de Estado, tampoco. El principio que debe regir es el de la coherencia: en este sentido, Carrió es un blanco fácil: emergió políticamente por izquierda y bajó por derecha: azuzó fantasmas de judicialización por el tema de las AFJP (cuando en 2002 había presentado un proyecto de ley para que regresaran al Estado), se opuso a la ley de medios señalando que “no tenemos problema en defender a los llamados grupos económicos si es en defensa de la libertad de expresión” y dijo que con la asignación focalizada por hijo “los chicos pobres van a ser esclavos de Kirchner” (como si reaccionaran pasivamente frente a un estímulo –a la manera del perro de Pavlov–). Con Carrió y Cobos (y Patricia Bullrich y Fernando Iglesias y otros y otros), difícilmente se lleve adelante un proyecto de centro-izquierda en el Acuerdo Cívico y Social, a pesar de lo que digan algunos bien intencionados social-demócratas. La actitud de los bloques que lo componen –con la excepción de los socialistas, que tuvieron desavenencias en aspectos claves con el panradicalismo– revela la mayoría conservadora y la más que probable fagocitación política de los minoritarios espacios progresistas. (En el gobierno sucede lo mismo: con nombrar a los barones del conurbano –que siempre encuentran la manera de reacomodarse– y los gobernadores aliados alcanza para definir el peso del conservadurismo pejotista).

 3. Con el tema de la deuda externa y la crisis del Banco Central se aclara el panorama. Oficialismo y oposición –exceptuando a la centroizquierda, que criticó en bloque– están de acuerdo en la política de desendeudamiento (aprobando, incluso, la reapertura del canje). No está en agenda la posibilidad de analizar su legitimidad. Cristina Fernández se equivoca (o falsea la historia) cuando dice que “no hay manera de hablar de deuda ilegítima” y que la responsabilidad le cabe a Alfonsín; está la investigación llevada adelante por Alejandro Olmos y el fallo –que marcó más de 400 ilícitos– del juez Jorge Ballesteros (es más: Ecuador, un país que hizo una auditoría de su deuda y detectó irregularidades –repudiándolas–, tuvo como asesor al hijo de Olmos). Ricardo Alfonsín se equivoca (o falsea la historia) cuando dice que durante el alfonsinismo no se podría haber determinado cómo se constituyó la deuda; en 1985, el gobierno decidió disolver la comisión parlamentaria que debía llevar adelante la investigación.

 4. Existen pruebas para demostrar que la deuda externa argentina es ilegítima. Es una deuda que surgió en una dictadura (en 1975 era de 3 mil millones de dólares, mientras que en 1983 era de cerca de 50 mil millones de dólares), una deuda que sirvió para financiar un genocidio (a pesar de la tipificación judicial de Naciones Unidas): según el informe “Deuda Externa Argentina. No queremos ayuda, queremos justicia”, del Centro de Investigación en Economía Política y Comunicación (Ciepyc), la intervención de las Fuerzas Armadas en diversos conflictos “motivó la importación de armas (que figuran en el balance de pagos como importaciones no especificadas) por una cifra cercana a los U$S 7.730 millones”. Y una deuda que sirvió para sostener la especulación financiera (lesiva para los intereses del país). Según Eduardo Basualdo, en la dictadura militar el Estado cumplía un papel económico fundamental por tres motivos: 1) porque mantenía –mediante el endeudamiento externo– la elevada tasa de interés en el sistema financiero local; 2) porque proveía –mediante el endeudamiento externo– las divisas que hacía posible la fuga de capitales; 3) porque estatizó la deuda externa del sector privado. Una de las formas de estatización fue mediante la aplicación de un sistema de seguro de cambio. Se le garantizaba al sector privado el precio del dólar a un tipo de cambio más bajo para cubrir el repago de los créditos tomados del exterior. No fue el único método: “se transformó –señala el informe del Ciepyc– la deuda privada en deuda pública, a través de la emisión de bonos nominativos y de obligaciones del gobierno nacional en dólares para su entrega en pago o en garantía de los seguros de cambios vencidos en 1982 y 1983”. Además, la investigación posterior muestra que hubo auto-préstamos –las matrices transferían dinero a las filiales y eran consideradas como deuda–  y usura.

Ese fue el inicio: luego “vino –escribe Gabriel Martin– la frutilla del postre con la década menemista, [con] Cavallo como ariete y [en] el auge de las relaciones carnales: durante la presidencia de Carlos Menem, Argentina pagó al exterior U$S 115.637 millones, y pese al ingreso de divisas por las privatizaciones, entregó el poder a De la Rúa con una deuda de U$S 147.881 millones. Con De la Rúa, en dos años de gobierno, se contrajeron otros U$S 40.000 millones de deuda y en su primer año como presidente, giró pagos por U$S 31.369 millones, poco más de lo pagado por toda la Dictadura, poco menos que en todo el mandato de Alfonsín”. El kirchnerismo implementó el canje con quitas y la re-estructuración de los pagos. Pagó con reservas al FMI y amagó con hacer lo mismo con el Club de París. Ahora, con un decreto de necesidad y urgencia –el que creó el Fondo del Bicentenario– vuelve a apelar a las reservas para pagar los próximos vencimientos. Aunque, la novedad es que el método utilizado derivó en una nueva crisis política. No obstante, el pago de la deuda –que nunca fue investigado en el Parlamento, pese a que está facultado para hacerlo– no es objetado por las principales fuerzas.

 5. Vale preguntarse: ¿es progresista o de centro-izquierda? Progresista puede ser, ya que usar reservas para obtener financiamiento externo más bajo con el objetivo de aplicar políticas heterodoxas puede considerarse progresista. De izquierda, no: reconocer la validez –aunque sea de hecho– de una deuda impuesta a sangre y fuego y pagada con constantes ajustes es priorizar los mercados externos (dejando pendiente la profundización de las políticas sociales, o retrasándolas). Es la soberanía nacional del pago en efectivo: esos anuncios oficialistas que se adornan con banderas que evocan a Evita y al Che. Si la oposición –en caso de que gane las próximas elecciones– sigue con esta política ¿con qué rostros van a adornar los pagos patrióticos? Apostemos…■