La reconstrucción de la dignidad del trabajo en la era del capitalismo financiero – Andén 79

Tomando la convocatoria de Andén para reflexionar sobre el estado, en este momento de recuperación de la democracia en términos políticos y económicos, me pareció relevante la pregunta planteada: ¿para quiénes, el Estado?

Al recordar nuestra historia como estado, vemos que con los gobiernos de facto siempre se ha retrocedido en los derechos políticos, sociales y económicos.

Comprendiendo el trabajo como un derecho social fundamental, planteo un breve recorrido de la recuperación de trabajo asalariado y algunos desafíos que llevan a cabo organizaciones de trabajadores dedicadas a tan ardua labor.

Desde el 2001 a la actualidad, la desocupación pasó de un 25% a un 7, 8%. Más allá de las condiciones estructurales que posibilitan su crecimiento cuantitativo y las actuales limitaciones, me gustaría centrarme en el aspecto político que implica la recuperación de la “cultura del trabajo”, y las dificultades que esto significa en términos prácticos –desarrollo de un oficio, recuperación de la dignidad de al menos dos generaciones sin ganarse el sustento– y en términos políticos –recuperación de derechos, tal como lo mencionan algunos sindicatos y organizaciones sociales de trabajadores excluidos–.

¿Qué significado ha tenido el trabajo asalariado en la Argentina? Situados históricamente, la crisis mundial de la década del treinta puso en jaque la doctrina del liberalismo como único modo de organizar la sociedad. Los desarrollos teórico-políticos del modelo keynesiano concibieron un capitalismo más moderado, en el que el obrero era considerado como parte de la demanda de productos y el estado, como agente de redistribución económica de la riqueza social. En Argentina, con el estado benefactor consolidado desde 1945, el trabajo asalariado, junto con un desarrollo de industria nacional, fue la propuesta política de un Estado con ampliación de soberanía.

En nuestro país, la dignidad del trabajador se construyó históricamente con gobiernos populares, ligada a la identidad nacional. El trabajador asalariado se incorporaba a la vida social y política, ampliando sus derechos, con el movimiento peronista.

Al conversar con antiguos trabajadores de las grandes empresas estales –YPF, Ferrocarriles, talleres de exploración del Ministerio de Minería–, es notorio el orgullo y sentido de pertenencia del obrero por haberse sabido constructor de pueblos y caminos y proveedor de todo aquello que se consumía y producía en el país en un modelo social con redistribución de la riqueza social: en 1954 los asalariados participaron en un 50% de la apropiación de la riqueza, y el período 1950-1973 fue el más favorable, con un promedio superior al 44%.^[1]

Desde 1976, las complementarias políticas de financiarización de la economía (sanción de la Ley de Entidades Financieras en 1977) y de destrucción de la industria nacional, hasta el Plan de convertibilidad (privatizaciones de las empresas estatales) de los noventa hicieron que ese Estado benefactor quedara materialmente destruido.^[2]

Durante el período de inestabilidad política del 55 al 73 y luego de dichas reformas, comenzó una caída abrupta de la participación de los trabajadores en la riqueza que culminó en los años noventa. Debido a que ha cambiado la forma de realizar las estadísticas, no se puede fijar un porcentaje para establecer la magnitud precisa que permita comparar con la década del cincuenta. No obstante, estiman que es menor al 30%.^[3] A pesar de todo este proceso histórico, durante la década del noventa, los trabajadores continuaron resistiendo las políticas de vaciamiento, reorganizándose para mantener sus fuentes de trabajo y cierta forma de concebir la sociedad, basada en el trabajo como fuente de socialización e integración social.

Sin duda el recuerdo del estado benefactor construido bajo el peronismo sigue teniendo peso en nuestra cultura y nuestro imaginario. ¿En qué medida es posible recuperar el Estado con fines redistributivos ante un capital altamente concentrado?

Los aspectos macroeconómicos (fragmentación social, financiarización de la economía global, grado de penetración del capital concentrado en los principales ejes de la economía argentina: minería, energía, etc.) son relevantes y sin duda constituyen un límite o condición necesarios para esbozar una respuesta a esta pregunta. No obstante, me parece importante, al momento de pensar la recuperación del trabajo, la noción política como espacio de lo humano –que la doctrina neoliberal nos quiere apropiar–, pues entiendo que aunque lo estructural sí condiciona el funcionamiento del Estado y de nuestras vidas, no es determinantes. Desde este punto de vista, es posible comprender al estado como un espacio de disputa política en el que diversos grupos de interés (económico, político) pugnan con diferentes posibilidades de imponer su postura.

La Argentina se caracteriza por ser uno de los países más industrializados y urbanizados de América Latina, por eso el trabajado asalariado, desde un punto de vista estructural, tuvo y tiene tanta relevancia. Y desde el histórico-político, por el rol protagónico de la clase obrera en la conquista de sus derechos.

En el 2001, la desocupación en la Argentina alcanzó su pico más alto con el 25%. La reducción de la economía implicaba más de seis millones de argentinos con problemas laborales producto de la desocupación y la precarización laboral^[4].  La privatización de las empresas estatales y la pérdida de derechos históricos que significó la Ley de Flexibilización Laboral^[5] de la década del noventa fue reconfigurando un mercado de trabajo con menor capacidad de negociación que lo llevó a aceptar condiciones cada vez más desfavorables, asolados por el fantasma de la desocupación.

La desocupación –en términos teóricos el “ejército industrial de reserva” (Marx)^[6]– es un aspecto estructural del sistema capitalista, de carácter cíclico y se relaciona con las relaciones políticas en un momento histórico. En América Latina, la población sobrante aumenta por el predominio de estructuras productivas dominadas por el capital extranjero y su asociación con dominios internos.

El otro gran golpe dado a la clase trabajadora fue en 1976, con el quiebre del movimento obrero que había adrquirido gran capacidad de lucha y conciencia de su rol en la construcción del estado nacional. Tal como afirmaron luego algunos de los dictadores:

“…lo que buscamos fue debilitar el enorme poder sindical que era uno de los grandes problemas del país. La Argentina tenía un poder sindical demasiado fuerte, frente al cual era imposible el florecimiento de cualquier partido político […] Hemos debilitado el poder sindical y esta es la clave para cualquier salida política en la Argentina”. (Juan Alemann, Secretario de Hacienda)^[7].

Luego, durante la década del noventa, los trabajadores expulsados se organizaron para sostener su dignidad. Todo esto en un contexto mediático de estigmatización sobre los “piqueteros”, equiparados a bárbaros.

Brukman, Zanón en Neuquén, IMPA, Grisinópoli y tantas otras fábricas recuperadas, MTD de Solano, Maximiliano Kosteki, Santillán. El recibimiento de los comerciantes con vasos de agua en la entrada de la capital a los piqueteros denostados en los medios. Stiglitz, criticando al Banco Mundial. Argentina despertaba, a la fuerza, por la fuerza.

En el año 2003, con el gobienro de Néstor Kichner, comienza a recuperarse la economía y empiezan a desarrollarse políticas para recuperar la cultura del trabajo y la sanción de leyes que van restrituyendo los derechos avasallados^[8]. Se amplía la disputa de espacios dentro de algunos organismos del Estado para concretar la política de inclusión –entendiendo esto como cierto rol benefactor del estado– en un contexto de crecimiento de la desigualdad a nivel mundial y nacional.

Avances y desafíos en la recuperación de los derechos laborales: de la exclusión a la dignidad

Como parte de la recuperación de derechos, hubo un aumento del trabajo estatal con un 39% en los últimos once años, aunque de manera precarizada en un 252%^[9]; la Asignación Universal por Hijo, la ampliación de la cobertura jubilatoria y otro tipo de subsidios contribuyen al mejoramiento de los trabajadores asalariado en genral.

Pero com signo de este momento del capitalismo, se distingue el crecimiento del trabajo precarizado. Existe tambien una parte importante de la población que ha padecido dos generaciones, realizando trabajos considerados socialmente como “poco dignos”.

El sistema genera un tendal de excluidos, figura que se construye sobre el principio de que hay una población que no tiene una función social ni como vendedora de fuerza de trabajo ni como consumidora.

En esta “categoría” pretenden ser considerados los jóvenes de los barrios –amenazados por el paco y la delincuencia– cartoneros, recicladores de basura, vendedores ambulantes, cooperativistas, microemprendedores, trabajadores “autónomos”.

Organizaciones como la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP) interpelan al estado en sus políticas públicas: no sólo ser considerados como objeto de asistencia social sino como sujetos de derechos. Plantean que su trabajo es tan valioso como otros y que la categoría de monotributista, cooperativista etc. bajo la que prestan servicios a empresas privadas y al Estado encubre lo que realmente es, desde el punto de vista del Derecho Laboral, una relación de dependencia^[10]. Proponen también creación de mercados populares para combatir la inflación, trabajo digno y sin explotación y acceso a la salud■